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Capýtulo 17:

 Regulación del contenido educativo

 En primer lugar debemos estudiar y analizar el alcance real que jurídicamente se le debe reconocer al término “educación”; para tratar de que abarque tanto la actividad áulica y comprenda además todos los deberes y derechos que rigen a otros agentes e instituciones de la sociedad y del Estado, que por las características de su actividad cumplen o deben cumplir un rol o función educativa y que por ese motivo deben ser reguladas pedagógicamente e integrar el Derecho Educativo.

  Con ello debemos lograr que tanto legislativa como jurisprudencialmente se enfoque su accionar desde el punto de vista de su incidencia en el educando, controlando el contenido de su enseñanza, para que la misma no sea dañina ni contradictoria a los principios y valores que se trasmiten en la educación áulica, dándole derecho a la comunidad educativa, para que objete y neutralice todo aquello que se realice afectando la formación y/o  la salud física o mental del educando.

  En síntesis expresamos lo siguiente:

  1. La instrucción –como educación áulica- es una parte importante, pero no es la totalidad de la educación.
  2. Hasta ahora el Derecho Educativo reguló la educación partiendo de su fuente principal, que es la Constitución Nacional y la proyección de su principio máximo, enseñar y aprender, que es un correlato de la instrucción o educación áulica.
  3. La educación regulada hoy en la Argentina es solamente la educación áulica.
  4. Queda afuera de toda regulación del Derecho Educativo la educación difusa, que es una parte importante del sistema educativo actual.
  5. Debemos integrar el Derecho Educativo, dictando normas que regulen todo el aspecto de la educación en la sociedad, conformando así el mundo jurídico educativo.
  6. Para lograr esto, debemos seguir los siguientes pasos:

a) Reconocer y admitir la existencia de un mundo jurídico educativo;

b) Estudiar e investigar el Derecho Educativo en todos sus aspectos;

c) Determinar y conformar la pirámide jurídica educativa, como parte fundamental del ordenamiento del Derecho Educativo;

d) Reformular o eliminar todas las normativas de educación que sean repetitivas, contradictorias o incoherentes, tanto en el orden Nacional, Provincial o Municipal;

e) Regular desde el punto de vista pedagógico y con principios sustentados en estas razones a la educación difusa.

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