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Capýtulo 9:

 El Derecho Educativo y los derechos culturales

  Se comprende que todo lo que acabamos de decir acerca de la dimensión de libertad y de la dimensión social del Derecho Educativo puede postularse asimismo de los derechos culturales y sin duda aún más de los derechos culturales, ya que se menciona explícitamente que forman parte de la segunda generación de derechos humanos (derechos económicos, sociales y culturales). Por lo que no podemos limitar los derechos culturales a esta segunda generación de derechos y no vincularlos además a la cuestión de las libertades fundamentales, como las de conciencia, opinión, expresión, creación y comunicación, que forman parte de los derechos civiles y políticos; si únicamente consideramos los derechos culturales en tanto que exigibles al Estado, reducimos la cultura -y la educación, que es condición previa para el acceso a la cultura- a un mero bien de consumo.

  Por lo general se ha considerado que los derechos a la cultura son derechos ordinarios (al disfrute de un bien), y no derechos del ser humano (a existir); y si se reduce a un bien de consumo exigible al Estado, la cultura pierde la fuente misma de su dinamismo, que reside en la participación, el empeño y, por lo tanto, la libertad de los agentes.

  El Derecho Educativo lo mismo que la cultura es por excelencia portadora de diversidad, de pluralismo, y es sabido que toda prestación estatal tiende espontáneamente a la uniformidad. Es por esto que todo lo que se elabore en los órganos de las Naciones Unidas que se ocupan del Derecho Educativo repercutirá inevitablemente en el progreso de los derechos culturales, lo cual pone de manifiesto, una vez más, la importancia de lo que está en juego.

La cuestión económica

  Como se expreso anteriormente, no se puede reducir la cuestión de la educación a una cuestión de dinero, pero ello no significa que la cuestión de la financiación de la educación no ataña también a la justicia y, por lo tanto, a los derechos humanos. Si bien la financiación de la educación no es lo primero que debemos abordar, deberá ser objeto de una atención precisa, puesto que hay modalidades de financiación que permiten el ejercicio efectivo del derecho y otras que impiden ponerlo en práctica. Tal es el caso de la libertad y de la financiación de establecimientos escolares que no sean públicos, conforme a una problemática existente en numerosos países que buscan nuevos caminos en este terreno.

  Como se sabe las sumas gastadas por el Estado en educación son inversiones, en lugar de considerarlas un gasto. Los economistas calcularán el rendimiento de las inversiones en educación, pero es dable recordar con todo énfasis que el Derecho Educativo no debe ser analizado únicamente atendiendo a su rentabilidad económica; por lo que cuando reflexionamos sobre su implementación del mismo en las escuelas y comunidad educativa, propugnamos una financiación orientada hacia el sujeto –el educando-, en lugar de hacia el objeto –la escuela, el instituto, la universidad etc.-, teniendo presente que la prestación podrá perfectamente, en determinadas condiciones, corresponder a la sociedad civil.

  Pese a lo que piensan algunos, no está todo por hacer en este terreno, pues ya se han elaborado en gran medida numerosas soluciones nuevas para financiar la educación y varias han sido experimentadas; pero el carácter todavía marginal de esas experiencias se debe a las lagunas existentes en la doctrina general sobre el Derecho Educativo y al hábito, enraizado desde hace largo tiempo, de confiar en exclusiva en el Estado para la financiación y la prestación de la educación.

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