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Capýtulo 10:

 En búsqueda de un ejercicio efectivo del Derecho Educativo

  Sucede con frecuencia que los derechos humanos aparecen como peticiones de principio que no tienen gran repercusión en la vida cotidiana. Tal es el caso, concretamente, de todos los instrumentos jurídicos que hasta ahora hemos mencionado. Para que este inmenso corpus de derechos llegue a mejorar realmente las condiciones de la vida humana, la dignidad y la libertad de cada cual, es preciso evidentemente disponer de un "instrumento" capaz de medir, conforme a criterios sencillos y universales, el grado de realización concreta del derecho en los distintos países del mundo. Esa es la función que desempeñan los "indicadores".

  Hasta la labor efectuada recientemente por la UNESCO y la OCDE  Análisis del educativo: Los indicadores de la OCDE, París, 1997, que sepamos, ninguna investigación ha propuesto un sistema coherente de indicadores sobre el Derecho Educativo, desde la doble perspectiva del derecho social y de la libertad; lo cual quiere decir que, al tiempo que se elabore una doctrina del Derecho Educativo Internacional, habrá que desplegar esfuerzos para concebir indicadores, únicos instrumentos que pueden garantizar un planteamiento lo más objetivo posible.

  Ahora bien, la empresa es bastante compleja, pues la propia formulación de los Derechos Educativos se basa en nociones que tienen una connotación claramente subjetiva, por ejemplo, la de desarrollo íntegro de la personalidad o la de dignidad humana, de las que ya hemos hablado.

  Es posible e incluso indispensable establecer criterios objetivos y mensurables tales que podamos considerarlos condiciones mínimas que hay que respetar para no poner en peligro los objetivos más nobles fijados a la educación. Los indicadores que habrá que elaborar deberán ser considerados, pues, condiciones necesarias pero no suficientes para la plena realización del derecho.

  Por otra parte, el análisis de la calidad de la educación no puede limitarse a una reflexión y a medir las relaciones entre el Estado y la escuela, pues es patente que la educación de los niños no guarda relación únicamente con la cuestión escolar: la familia desempeña al respecto una función esencial, que hoy día reconocen unánimemente los docentes; además, y se trata de un aspecto nuevo, el mundo de los medios de comunicación ejerce una influencia cada vez mayor en la dinámica general de la educación. La elaboración de un sistema de indicadores deberá tener en cuenta este dato, lo cual resultará relativamente fácil en lo que atañe a la familia -a la que se refiere claramente la exigencia de libertad educativa de los padres-, pero mucho más complejo en lo que atañe a la influencia de los medios de comunicación.

  Es dable esperar legítimamente que se acabe con el encasillamiento del Derecho  Educativo, considerado con excesiva frecuencia como un asunto puramente técnico, sin tener en cuenta la importancia de la educación en el desarrollo humano, y concretamente de la educación en derechos humanos, recibe cada vez más reconocimiento en el plano internacional.

  También, podemos esperar que se termine con el debate sobre la libertad educativa de los dualismos reductores en que suele empantanarse cuando adopta la forma de una reivindicación de intereses privados contra el Estado. Es suficientemente conocido a qué bloqueos pueden abocar los debates estériles entre la escuela laica y la escuela religiosa, la escuela privada y la escuela pública, etc. De lo que se trata, pues, es de distinguir aquello que, en materia de política educativa internacional, pertenece a las legítimas diferencias de cultura y necesidades de aquello que corresponde a los derechos fundamentales de la persona humana.

  Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que ahora existe la posibilidad de separar la cuestión de la educación de las querellas partidistas para inscribirla en una reflexión mucho más profunda y global acerca de la lectura que conviene efectuar de los grandes instrumentos jurídicos relativos a los derechos humanos. Por lo demás, el hecho de tener que elaborar indicadores debería permitir hacerse una idea más precisa de la aplicación de las múltiples facetas del Derecho Educativo en las distintas políticas educacionales que utilizan los distintos países.

  Entendemos por último que entre el interés que una cuestión despierta, aun al nivel más elevado, y las consecuencias de la labor sobre el terreno de la educación, habrá de transcurrir un tiempo que podrá suscitar múltiples impaciencias, mas lo esencial es que el debate sea abierto. Quienes deben adoptar las decisiones políticas son muy sensibles a las corrientes de opinión. Consideramos que la nueva situación del derecho a la educación puede suscitar su interés y acabar con determinados bloqueos ideológicos.

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