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Capítulo 12:

 El Mundo Jurídico Multidimensional de Fernando Martínez Paz

  Ante los cambios producidos en las sociedades contemporáneas en los últimos tiempos que plantean al derecho la necesidad de superar la anomia existente y salir de la crítica situación en que se encuentra toda la ciencia jurídica tradicional; el Dr. Fernando Martínez Paz propone un modelo jurídico multidimensional,  como una alternativa para construir el nuevo mundo jurídico de la sociedad contemporánea.

  Esta nueva construcción de un mundo jurídico multidimensional debe realizarse en una sociedad libre, justa y democrática.

  Para proponer este cambio del derecho, fué necesario tener en cuenta que se han producido grandes procesos que modificaron y transformaron la sociedad en su paso por la modernidad, la posmodernidad y la globalización.

  Para el autor citado la modernidad coincidió con el cambio de parámetros culturales que se manifestaron en una crisis de sentido, es decir, como la perdida de la razón de ser del hombre y de la sociedad; creyendo que la solución de los problemas era responsabilidad de otros.

  Se considera que la posmodernidad trajo un mundo de fragmentación del pensamiento, de la realidad, del espacio, del tiempo: todo puede ser virtual. Se prefiere el acontecimiento inesperado, el compromiso circunstancial, al mismo tiempo que se diluyen modos sedimentados y tradicionales de pensar y vivenciar.

  De la mano de los avances tecnológicos de las comunicaciones han llegado para quedarse el proceso globalizador y con el surgieron nuevas formas de manipulación, que se cristalizaron en el nacimiento de una educación difusa e informal en nuestros días.

  El control de la educación ejercido hasta el presente por parte del Estado, fue rebasado por los flujos globales de capital, tecnología, servicios, bienes, comunicación y poder multinacional y supraestatal.

  Esto trajo aparejado la pérdida continua y constante del poder del estado-nación, cuyos nuevos papeles parecen definidos por la necesidad de afianzar y legitimar sus responsabilidades en los mecanismos supranacionales o subnacionales en los que interactúa.

  Esta situación plantea la necesidad de contar con un nuevo enfoque jurídico del Derecho Educativo, que se desprenda definitivamente de aquel pensamiento que lo transformó en un derecho unidimensional, dependiente del derecho administrativo estatal y del derecho laboral corporativo en que se encuentra contemplado por la legislación vigente, enmarcada en la ciencia jurídica tradicional.

  Hoy la crisis ofrece una nueva posibilidad para la acción y el conocimiento del Derecho Educativo, basada en el cuestionamiento de los modelos jurídicos que durante mucho tiempo sirvieron de base para elaborar la definición y orientar los análisis sobre las funciones del derecho.

  Este modelo tradicional que entró en crisis consideraba al Derecho Educativo como un producto del derecho administrativo-laboral, no teniendo en cuenta que se trataba de un derecho insertado en la realidad escolar y en las características plurales de la comunidad educativa.

  Se lo consideraba como una ciencia inexistente en la estructura educacional y aislada de la realidad escolar, que solo se apoyaba en el derecho, para estructurar un sistema educativo basado en un positivismo normativista autoritario alejado de la realidad social.

  Se basaba en la llamada “legislación escolar” que articulaba sistemas jurídicos cerrados, surgidos de la formalización y unificación del derecho por y en el estado, luego de cumplir los requisitos de los procesos constitucionales y codificadores. Es decir se identifico al Derecho Educativo con el derecho administrativo establecido por el Estado, a través de fuentes formales rigurosamente predeterminadas tanto en el orden nacional como provincial y/o municipal.

  La lectura y el análisis exegético de la norma educacional era el fin de la aplicación jurídica en el sistema educativo, y se consideraba que esta forma de aplicar el derecho podía solucionar cualquier tipo de conflicto escolar.

  Esta manera de aplicación de la normativa contemplaba la necesidad de contar y conservar un cuerpo de normas ya dadas, sin preocuparse por los resultados y las consecuencias de su formalización, normas que eran el resultado de las relaciones entre poder y deber o prohibición y facultad.

  El docente era un convidado de piedra para la aplicación del derecho en la escuela y solo debía aplicar reglas ya dadas por el Estado y/o sus funcionarios,  consideradas indiscutibles en razón de haber sido integrada con el carácter de jurídicas por el sistema educacional.

  Es decir hasta ahora el docente y los demás integrantes de la comunidad educativa debían prescindir de las circunstancias y de los problemas reales a los que se debía aplicar el derecho en la escuela.

  Es decir el derecho en la escuela estaba completamente aislado de la realidad, y se limitaba a su aplicación normativa, ampliada, a los sumo, por la interpretación jurisprudencial o el derecho comparado.

  Con este método se desconocía la realidad socio-cultural de la unidad escolar y su complejidad, logrando solo definir situaciones estáticas y carentes de realidad,  al construir modelos unidimensionales y reduccionistas, la mayoría de los cuales estaban fuertemente idealizados por sus protagonistas.

  Esta situación descripta en la aplicación del derecho en la escuela, trajo aparejada una crisis e incertidumbre que afectaba los derechos objetivos y subjetivos de todos los integrantes de la comunidad educativa.

  Al mismo tiempo en el contexto social la anomia se apoderaba del derecho en general y afectaba en forma directa a los derechos adquiridos y los principios hasta entonces inconmovibles como la autonomía de la voluntad. La ley había perdido su antigua significación y la jurisprudencia carecía de rigor debido a su aumento mecánico.

  Esta incertidumbre alcanzaba a los derechos subjetivos, dando origen a sentimientos de inseguridad jurídica y planteando serios problemas a la vida personal y social.

  Se pretendía construir una sociedad y una cultura de “ciudadanos autónomos” y en su lugar se creó un mundo cultural y social de “hombres atemorizados y agresivos”.

  Se afectó la ética personal y social, y se quebró la estructura normativa en la que se apoyaba el tejido social, creándose un peligro latente para las sociedades democratitas y la aplicación del derecho.

  Es por eso que en el mundo en transición en que vivimos el derecho y la cultura jurídica ve menoscabarse la ley y el orden, y se impide el contacto con la realidad, denotando con ello que el modelo unidimensional y cerrado, nacido de la primera revolución industrial, ha llegado a su fin; y debe ser sustituido por un mundo jurídico nuevo que reconozca su impronta cultural e histórica y su configuración multidimensional.

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