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La interpretación jurídica

Autor: Walter Galloso Mariños
Curso:
9,75/10 (4 opiniones) |3667 alumnos|Fecha publicación: 18/05/2007
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Capítulo 3:

 El problema de la interpretación jurídica

¿Cuándo es necesario interpretar?

 

Los autores están de acuerdo que la interpretación es una atribución de significado al texto de una norma, asignación de línea de contenido a línea de expresión, como dirían los lingüistas.

 

Sin embargo, está en discusión el carácter problemático de la interpretación: 1)¿Siempre se interpreta un texto cuando se le atribuye un significado especifico? 2) ¿o es qué sólo se interpreta ante un caso dudoso?

 

Para resolver las cuestiones planteadas, es necesario hacer una definición sobre el alcance de la expresión "interpretar". Para los que respondan afirmativamente la primera cuestión, interpretar es atribuir significado, es lo mismo que comprender un texto. Para los que se adhieran a la segunda posición, interpretar implica siempre un carácter problemático, una duda no resuelta, que exista la posibilidad de escoger entre varios significados razonablemente sustentables.

 

En nuestra perspectiva, la interpretación es un esfuerzo sistemático, metódico y racional por comprender el mejor sentido de una norma determinada a la luz de los valores, principios y reglas del ordenamiento legal en su conjunto. Sin embargo, debemos admitir que, si a un texto corresponde un significado pacífico, no discutido al interior de la comunidad jurídica, la actividad cesará ante la claridad evidente del texto. Los romanos acuñaron dos expresiones para este principio "interpretatio cesat in clris" e "in claris non fit interpretatio"

 

Esta regla nos introduce en otra discusión, ahora en relación al carácter metódico del llamado "método literal". Para los que sostienen que interpretar es siempre comprender un significado, el método literal es el primero que debe aplicarse, y su ayuda es fundamental para llegar a la deseada claridad lingüística del texto. Sin embargo,  para quienes consideran que interpretar implica resolver la duda razonable del intérprete, dicho método no es más que el natural proceso de decodificación lingüística aludido en el acápite anterior. Problema de perspectiva, sin duda que exige una toma de posición respecto a la naturaleza de todo acto de interpretación.

 

Sea como fuere, lo que parece claro es que la actividad metódico-interpretativa más rica y estimulante, es aquélla que se presenta no ante casos claros o fáciles, sino ante los llamados "casos difíciles", en los cuales las líneas interpretativas de la comunidad jurídica no están de acuerdo, y ante las cuales es mayor la necesidad de argumentar a favor de una u otra posición.

 

Si aceptamos que la interpretación trasciende la mera comprensión literal de un texto, entonces podremos vislumbrar situaciones en las cuáles es mayor la necesidad de aplicar un esfuerzo metódico y sistemático por "hallar", o en su defecto "construir" un mejor sentido de la textualidad normativa que tengamos entre manos:

 

Por generalidad y abstracción del lenguaje legal, que debe ser especificada por el juez ante cada caso concreto.

 

Por la textura abierta o la indeterminación conceptual de los llamados "estándares jurídicos" los mismos que requieren ser determinados a partir de criterios desarrollados por los jueces.

 

Por la incoherencia entre textos normativos, cuando se presentan las llamadas "antinomias jurídicas", las mismas que producen dudas en el intérprete respecto a qué norma aplicar.

 

Por errores en la técnica legislativa, cuando un legislador elegante que no desea repetir expresiones ya utilizadas en el texto, recurre constantemente a sinónimos que generan dudas de comprensión en el intérprete, o expresiones polisémicas (tienen más de un significado).

 

Modelos teóricos respecto a la interpretación

 

Conocidos algunos de los supuestos para realizar el trabajo interpretativo, es necesario plantearse la interrogante respecto a la validez de la aplicación de diversos métodos de interpretación para dilucidar el sentido de una norma. Algunos autores han planteado que tal diversidad metódica es aceptable, incluso deseable, para enriquecer la labor del intérprete. Sin embargo, es posible que aplicando diversos métodos, arribemos a diferentes conclusiones respecto al sentido de la norma.

 

El inciso 6 del artículo 333 del Código Civil vigente establece entre las causales de separación de cuerpos "la conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común". Sin duda "conducta deshonrosa"  es una expresión indeterminada o vaga, cuyo sentido debe ser determinado por el juez del caso concreto, al mismo tiempo que la "vida común insoportable" es otro estándar jurídico, al que las partes apelarán como causal de divorcio, pero que dependerá de la particular apreciación, costumbres y estilo de vida de las partes litigantes. Ello es cierto aunque la norma estipulada en el artículo 337 del Código Civil establezca que la causal de injuria grave deberá ser apreciada judicialmente considerando la educación y costumbres de las partes litigantes (recordemos que la mención a las causales de sevicia y vida deshonrosa fue derogada por sentencia del Tribunal Constitucional).

 

La conducta deshonrosa se opone, como resulta evidente a la conducta con honra, con honor ¿Qué es conducirse honorablemente para una persona casada? Respetar los deberes de fidelidad, asistencia, y proyectar un honor interno y externo relacionado con la buena reputación como marido y mujer al interior de la relación conyugal. Ser un buen marido, y en consecuencia, proyectar esa imagen, puede tener que ver con:

a) la intención legislativa de mantener relaciones de mutuo respeto en la vida conyugal,

b) o con el respeto a los deberes de la sociedad conyugal,

c) o con una finalidad social vinculada a la protección de los derechos fundamentales dentro de la convivencia social, en la cual la familia se reconoce como cédula básica.

 

Si interpretamos el argumento a) estaríamos utilizando el método histórico de interpretación jurídica; si usáramos el b) estaríamos frente a la aplicación del método sistemático, pero si utilizamos el c) podríamos estar aplicando el método teleológico que persigue descubrir el fin de la norma. Sea como fuere, hasta ahora los tres tipos de argumentos pueden ser perfectamente compatibles con una determinada definición de "vida honrosa". Sin embargo, ante un caso concreto, podríamos plantearnos la duda de sí una modelo pasarela, casada con un marido celoso, debería conducirse socialmente de tal o cual manera, llevar tales vestidos, ser o no efusiva en el trato con amigos, salir constantemente a reuniones sociales de noche, entre otras cosas. Podríamos intentar justificar un "patrón de conducta" sugerido o deseado por el legislador histórico, eventualmente opuesto a la interpretación sistemática de esta causal de divorcio. Y aquí el problema interpretativo se agrava, pues en principio, no contamos en nuestro ordenamiento con unas "reglas de conflicto" que nos permitan jerarquizar los métodos de interpretación.

 

La utilización de los métodos depende, en buena cuenta, del modo de interpretación que el operador elija consciente o inconscientemente. Este modelo ha sido creado a partir de la enseñanza teórica recibida por el operador, además de los esfuerzos que ha recibido durante su vida profesional práctica. Podríamos hablar, incluso, de modelos fuertemente institucionalizados, como las formas correctas de hacer interpretación legal.

 

La teoría general ha trabajado dos grandes modelos interpretativos, uno llamado subjetivo y el otro objetivo. El modelo subjetivo intenta descubrir la voluntad del legislador histórico. Los afanes investigativos del intérprete culminan, entonces, cuando se produce dicho hallazgo. Tal propuesta tiene mucho que ver con la idea del juez como "boca de ley", pues él o ella carecen de facultades interpretativas, y se rinden ante la magnanimidad de la voluntad del legislador. Como es obvio, si reconocemos este modelo como el válido, usualmente preferiremos el uso del método histórico.

 

El modelo objetivo, en cambio, se preocupa por la búsqueda de la intención de la norma, considerada al interior del ordenamiento jurídico. Se dice que este esfuerzo es objetivo en la medida que ya no recae en la subjetividad del legislador sino en la objetividad que ofrece el texto normativo. Si escogemos este modelo, el método de la ratio legis y el sistemático por comparación o ubicación de normas serán privilegiados. Al mismo tiempo, el rol del operador se torna más activo, en la medida que aporta en el proceso de construcción del sentido de la norma, en su esfuerzo por encontrarle límites objetivos.

 

Aplicando estos dos modelos puede llegarse a dos interpretaciones distintas y contradictorias por lo que algunos autores como Ronald Dworkin han asumido en responder afirmativamente tal interrogante, para lo cual han asumido un conjunto de presupuestos en la figura del juez, como que; gozará de plena información, no fuera capaz de equivocarse, conociera completamente el derecho vigente, entre otros. No obstante, es menester reconocer que tales presupuestos son ideales, y que en el mundo cotidiano todos los jueces son limitados y falibles, además de estar instalados en una subjetividad (la propia de su personalidad) sencillamente ineludible. ¿Significa ello qué estamos en manos de la subjetividad, y por tanto de la arbitrariedad judicial, es eminentemente institucional y, desde este punto de vista, puede ser sostenida como "la correcta"?.

 

Métodos clásicos de interpretación jurídica

La tradición jurídica de Occidente ha desarrollado, desde sus inicios, un conjunto de métodos para interpretar la ley ante la duda por el significado correcto de las expresiones normativas. El primero en aparecer fue el método literal, según el cual las normas deben ser interpretadas según su propia textualidad. Ya hemos discutido la naturaleza metódica de esta herramienta de comprensión del Derecho, sobre la cual no hay acuerdo en señalarla como un método propiamente dicho, pues es parte del proceso de decodificación lingüística.

 

Otro método muy socorrido en la interpretación legal es el apelar a la intención o voluntad del legislador. Ello parece natural en los albores del nacimiento del Derecho, lo cual se vio reforzado después de la Revolución Francesa, momento en el cual la legitimidad para la dación de las leyes recaía fundamentalmente en el Poder Legislativo, mientras que al Poder Judicial correspondía solamente a su aplicación. En este contexto, la búsqueda de la intención legislativa constituyó el principal argumento para interpretar las leyes emanadas del Parlamento.

 

Sin embargo los estudiosos del Código Civil francés, pronto cayeron en cuenta que tal intención legislativa, en ocasiones, era difícilmente rastreable e identificable. Por lo tanto, apelaron a la búsqueda del sentido de las normas ubicándolas en sus contextos normativos o comparándolas con otras que se refiriesen a las mismas categorías o conceptos legales. Así la Escuela de la Exégesis inventó el método sistemático por comparación o ubicación de las normas.

 

Las corrientes llamadas "antiformalistas" del estudio del Derecho y la jurisprudencia, que nacieron tanto en los Estados Unidos de América como en Europa Continental desde la década del 30, reclamaron que la interpretación de la ley no debía hacerse lejana a los intereses y circunstancia sociales del momento en que la norma pretendía ser aplicada. Inclusive, llegó a sostenerse que el Derecho es, ante todo, una herramienta de "Ingeniería Social"  y que debía velarse por el cumplimiento de sus objetivos o finalidades sociales. Así el Derecho fue percibido no sólo como un elemento cristalizador y conservador de las relaciones sociales y económicas, sino más bien, como un elemento que podría aportar al movimiento y al cambio social.

 

Estas consideraciones dieron nacimiento a dos métodos de interpretación legal; el sociológico, que contemporiza el texto de la ley con las circunstancias sociales de su aplicación en contextos socioeconómicos bien definidos; y el Teleológico, que se preocupa por establecer la relación eficiente entre el fin de la norma y ella misma como un medio para alcanzarlo.

 

Contemporáneamente, muchos métodos de estudio del Derecho se han desarrollado, sobre todo desde una perspectiva interdisciplinaria. Por ejemplo, en los últimos 30 años se ha desarrollado el análisis económico del Derecho, que pretende preguntarse por la eficiencia económica de las instituciones legales en un contexto de libre mercado. La Psicología jurídica ha dado luces sobre las motivaciones íntimas de los legisladores al momento de aprobar una ley. La sociología del Derecho nos ha ilustrado respecto a los intereses sociales en pugna que logran ser hegemónicos en determinados momentos que coinciden con la aprobación de las normas legislativas, la antropología legal nos ha explicado la relación entre valores y prácticas culturales con una particular forma de entender el Derecho en comunidades distintas a las occidentales.

Como vemos, muchas perspectivas arrojan datos y conocimientos valiosos para mejor comprender tanto la producción como la aplicación del derecho. Sin embargo, no debemos confundir el poder explicativo de las teorías sobre el Derecho (sean económicas, sociológicas, antropológicas o de otra índole), con los métodos de interpretación que son auténticas herramientas de la práctica legal para aplicar el Derecho desde una perspectiva siempre normativa, prescriptiva, mas no descriptiva o explicativa, como es el caso de los análisis teóricos recién referidos.

 

Interpretación y argumentación jurídica

 

Cuando realizamos la interpretación de un texto normativo, sea cual fuere el resultado al que lleguemos, no sólo basta satisfacer nuestra curiosidad de intérpretes y "decidir"  por eso escoger uno y otro sentido que ofrece el texto de la norma, sino que es de vital importancia para el sistema jurídico y las garantías del debido proceso legal que tal escogencia sea suficientemente sustentada. Ese es el contenido del deber que tiene todo magistrado de motivar sus resoluciones en todas las instancias. Y la suficiente motivación tiene que ver con la correcta argumentación que hagamos de tal decisión, presentando todas las razones legales, los argumentos y los fundamentos de por qué consideramos que nuestra elección interpretativa es la mejor, y por qué razones las otras opciones no son válidas en nuestro ordenamiento jurídico.

 

TEORÍAS SOBRE LA INTERPRETACIÓN

 

1       Teoría de la Interpretación Literal.-   A tenor de ella, el sentido de la ley es el que se deduzca rigurosamente de su letra.

2       Teoría de la Voluntad del legislador.- (Voluntas legislatoris, mens legislatoris), según la que debe buscarse en la ley el espíritu que en ella quiso encerrar quien la dictó.

3       Teoría de la voluntad de la Ley.-  Que entiende que una vez la Ley existe, se independiza de su autor, y su sentido es el que en si objetivamente encierra (mens legis,  voluntas legis), debiendo prevalecer, aunque se demostrase  que discrepa del que  se le quiso atribuir.

4       Teoría de los intereses en juego.- (jurisprudencia de intereses), para la que el interprete debe investigar los intereses  (económicos, sociales, morales, religiosos, etc) en lucha y decidirse por la interpretación  que - habida cuenta de la valoración de esos intereses que hizo el legislador - proteja a aquel al que se dio preferencia.

5       Teoría del derecho Libre.- Que - en la parte que se pueda entender que afecta a la interpretación, y no ya a la creación del Derecho por el Juez -  defiende en dejar a este en libertad, en la búsqueda y fijación del sentido de la norma, en vez de someterlo a investigar lo que el legislador quiso. O a la realización, sobre el propio texto de la Ley, de deducciones lógicas para averiguar lo que ésta significa en sí, osea una especie de  libre examen, aplicado no a la Biblia, sino a la ley.

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