El artículo 30° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, sancionada por el Decreto Legislativo Nº 276, señaló que el servidor destituido no podrá reingresar al servicio público durante el término de tres años como mínimo. Posteriormente, este periodo de inhabilitación fue incrementado por el artículo 1° de la Ley Nº 26488, que lo elevó a cinco años, también como mínimo.

Como se podrá apreciar, la ley fija sólo cinco años de habilitación como mínimo, dejando a discrecionalidad del empleador estatal fijarla por periodos mayores a dicho mínimo en caso de destitución o despido. Sin embargo, en la práctica, no se han impuesto inhabilitaciones mayores a 5 años, como consecuencia de un despido o destitución de un trabajador del Estado; la que, de hecho, ha sido considerado como máxima, por lo menos en todos los casos de destituciones aplicadas hasta la fecha.

Sin embargo, esta inhabilitación mínima, dado que puede ser mayor, contrasta con la inhabilitación prevista en el ordenamiento penal, cuyo máximo es de cinco años; lo cual, ciertamente resulta incongruente, teniendo en cuenta la diferencia gravosa que existe entre una falta disciplinaria y un delito.