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Capýtulo 18:

 Modificación del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido

Existe la necesidad no solamente de modificar el nombre de este Registro Nacional -el que debería llamarse Registro Nacional de Inhabilitados, que comprende a la Administración Pública y a las empresas estatales; sino también ampliar  legislativamente este Registro para que se inscriban igualmente las sanciones de suspensión y cese temporal previstos en el ordenamiento sancionador disciplinario estatal, con indicación del periodo de inhabilitación que debería ser igual al periodo de la sanción y que  de acuerdo a ley no podrá ser menor de un día ni mayor de doce meses; las mismas que, por su cortedad, deben ser inscritas dentro de las 24 horas anteriores a la fecha de su efectividad. 

Asimismo debe comprender a los inhabilitados por cese por nepotismo, que es de dos (2) años; la cual se contabilizan a partir de la declaración de la nulidad del acto administrativo, del contrato laboral o de servicios; sin perjuicio de inscribirla también en el Registro Único de Proveedores del Estado.

Igualmente, en la propuesta de ampliación señalada, debe comprenderse también a los locadores y/o servicios no personales inhabilitados como consecuencia del procedimiento sancionador previsto en el TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, por cuanto que éstos no están calificados como trabajadores estatales por tener vinculación contractual reglada por el ordenamiento civil y no por el laboral.

Sin embargo, la sanción de inhabilitación que el CONSUCODE aplica por incumplimiento de obligaciones pactadas con el comprador estatal, impide ser postor y/o contratista de entidades estatales, a tenor de los prescrito en el artículo 9º literal f) del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM. Este artículo establece que las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente en ejercicios de sus derechos, están impedidas de participar en procesos de selección y para contratar con el Estado. Esta inhabilitación queda anotada en el Registro Nacional de Proveedores, al que se recurres en consulta en caso de nueva contratación de servicios, pero que no se hace lo mismo cuando se inicia el proceso de designación, nombramiento o contratación de personal con vinculación laboral, por no existir la obligación de hacerlo.

Consecuentemente, con la misma lógica que se aplica en el ámbito laboral estatal que impide al destituido o despedido ser readmitido para prestar servicios al Estado por un determinado lapso, por efectos de la inhabilitación prevista en la ley. También debería serlo para el sancionado con inhabilitación prevista en la citada Ley de Contrataciones y Adquisiciones; quien, en tal virtud, no debería ser objeto de contratación similar o de nombramientos en otra entidad del sector público, por lo menos durante la efectividad y vigencia de la sanción impuesta. En igual situación se encontrarían los consultores.

También debe alcanzar al locador o consultor sancionado que tiene, a la vez, dos o más contratos con el Estado, bajo la misma modalidad, por cuanto que la aplicación de la sanción de inhabilitación, automáticamente también debe alcanzar a los otros contratos, por el principio de unicidad de la gestión estatal.

Ningún empresario del sector privado, que se precie de coherente, mantendrá vinculación alguna con persona o empresa que transgredió, retrazó, impidió, no respetó y/o incumplió obligaciones pactadas, por lo menos durante el lapso que dure la sanción que le haya impuesto en condición de trabajador, proveedor, consultor o contratista de la misma.

El principio de unicidad de la gestión estatal, invocado para justificar la ampliación del Registro Nacional propuesta, se funda en que el Estado es uno e indivisible que tiene como finalidad, entre otras, promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y el desarrollo integral y equilibrado de la Nación. Para cumplir con estos fines esenciales, se organiza y estructura en el ámbito nacional, regional y local, de tal manera que los fines institucionales particulares de las entidades, organismos y empresas del sector estatal, en los distintos niveles de gobiernos, todos, sin excepción, se encuentran integradas y  alineadas a estos fines esenciales, los que se encuentran plasmados en la Carta Fundamental, en el Acuerdo Nacional y en el Plan Estratégico Nacional, entre otros documentos de gestión; los cuales obliga al Estado, en su conjunto, estructurar y crear un aparato de apoyo jerárquico y cohesionado y normativamente integrado, global y sectorialmente.

Estos esenciales fines se expresan en las denominadas Políticas Nacionales -Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM- las cuales se formulan considerando los intereses generales del Estado y la diversidad de las realidades regionales, concordando el carácter unitario y descentralizado del gobierno de la República. Se define como Política Nacional a toda norma que con ese nombre emite el Poder Ejecutivo en su calidad de ente rector, con el propósito de definir objetivos prioritarios, lineamientos y contenidos principales de política pública así como los estándares nacionales de cumplimiento y provisión que deben ser alcanzados para asegurar una adecuada prestación de los servicios y el normal desarrollo de las actividades privadas. Estas, una vez fijadas, son de cumplimiento obligatorio para todos y cada uno de los Ministerios y demás entidades del Gobierno Nacional.

Entonces, quien o quienes individual, grupal o corporativamente, en el ejercicio de sus funciones, con sus inconductas incumplan, atentan, retrazan, impidan, dañan y/o lesionan directa o indirectamente el proceso y gestión de estas políticas nacionales, no pueden continuar o reingresar, por determinado tiempo, a formar parte integrante del cuerpo impulsor que tiene como misión efectivizar precisamente estas políticas nacionales, como son los funcionarios, empleados, locadores, contratistas, consultores y prestadores de servicios técnico y/o profesionales en el cualesquiera de las entidades del sector público nacional.

De esta manera, si luego del debido proceso y con respeto al derecho de defensa, se llega a la convicción que, por ejemplo, los funcionarios y servidores involucrados en las irregularidades que se han producido en el escandaloso caso del Banco de Materiales y que fueran objeto de suspensiones administrativas, los recientes suspendidos parlamentarios, los funcionarios de las municipales y de los ministerios cesados y suspendidos temporalmente, los profesionales, consultores y contratistas inhabilitados por el CONSUCODE, etc. etc., cuyas sanciones han sido publicadas en las normas legales del diario oficial, ninguno de ellos deberían ser objeto de contratación por el Estado, sea cual fuere la modalidad, durante el lapso que dure la inhabilitación impuesta como pena administrativa principal o accesoria -destitución  o despido- o por ser consustancial esta inhabilitación a las sanciones de suspensión y cese temporal.  

Ocurre que cualquier funcionario o servidor público, inhabilitado o cesado temporalmente, estando en esta situación de impedimento puede ser contratado por desinformados funcionarios de gobiernos nacionales, regionales o locales; máxime si a ello se agrega que en el Registro Nacional no se anotan las suspensiones, ceses temporales e inhabilitaciones impuestas.

En consecuencia, el citado Registro Nacional, además de los destituidos y cesados, debe anotar a los empleados públicos suspendidos y cesados temporalmente, sea cual fuere el régimen laboral al que pertenezcan; a los locadores, consultores y contratistas inhabilitados por el CONSUCODE; a los parlamentarios suspendidos; a los inhabilitados políticamente por el Congreso; a los representantes legales, y/o miembros  del directorio de las empresas privadas, a los inhabilitados por el CONSUCODE; a los Magistrados destituidos o no ratificados, por lo menos durante el año inmediato siguiente; al practicante o secigrista que sea retirado de la institución estatal por la comisión de grave falta, por lo menos durante el año inmediato próximo; a los Alcaldes y regidores removidos por el Jurado Nacional de Elecciones; a los removidos por el Consejo Nacional de la Magistratura, entre otros.

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