Por Ley N° 26397 se aprobó la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, en cuyo artículo 21° le fija como atribución la de ratificar a los jueces y fiscales de todos los niveles cada 7 años. Los no ratificados no pueden reingresar aI Poder Judicial ni aI Ministerio Público. El proceso de ratificación es independiente de las medidas disciplinarias que adopte el Poder Judicial, el Ministerio Público o de la sanción a que se refiere el inciso siguiente. En este caso, sin que importe la ratificación una categoría de  las sanciones previstas en las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del Ministerio Público, conlleva una inhabilitación perpetua para ejercer solo la Magistratura.

En una serie de sentencias recaídas en acciones de amparo, el Tribunal Constitucional ha tratado el tema de la inhabilitación judicial por efectos de la no ratificación dictada por el Consejo Nacional de la Magistratura; reparando los derechos de los justiciables violentados al aplicárseles procedimientos violatorios de  derechos constitucionales, corrigiendo de esta manera los excesos incurridos en estos procesos.

En el expediente N.° 0861-2004-AA/TC el Tribunal Constitucional consideró que "... la institución de la ratificación de magistrados no tiene por finalidad que el Consejo Nacional de la Magistratura se pronuncie sobre actos u omisiones antijurídicas. Constituye, más bien, un voto de confianza que nace del criterio de conciencia de cada Consejero y que se expresa mediante voto secreto sobre la manera como se ha desenvuelto el magistrado durante los siete años en que ejerció dicha función. De ahí que la validez constitucional de este tipo de decisiones no dependa de que esté motivada, sino de que haya sido ejercida por quien tiene competencia para ello (Consejo Nacional de la Magistratura) dentro de los supuestos en los que la propia norma constitucional se coloca (jueces y fiscales cada siete años). En ello, precisamente, se diferencia de la destitución por medida disciplinaria, la que, por tratarse de una sanción, y no de un voto de confianza, sí debe encontrarse motivada a fin de preservar el debido proceso de quien es procesado administrativamente (...) como se reitera, se trata de una cuestión de confianza, y no del ejercicio de una potestad entendida como sancionatoria (...) Sin embargo, queda por precisar que si se asume que la no ratificación del recurrente no representa una sanción, ello no significa, ni puede interpretarse, que por encontrarse en dicha situación, se encuentre impedido de reingresar a la carrera judicial a través de una nueva postulación. En efecto, si la no ratificación es un acto sustentado en la confianza, mal puede concebirse que los no ratificados no puedan volver a postular a la Magistratura, cuando tal prohibición no rige, incluso, para quienes sí son destituidos por medida disciplinaria. Como tal incongruencia nace de la propia Constitución, y dicha norma debe interpretarse de manera que sea coherente consigo misma o con las instituciones que reconoce, para este Tribunal queda claro que una lectura razonable del artículo 154°, inciso 2), de la misma, no puede impedir de ningún modo que el demandante postule nuevamente a la Magistratura, quedando, por tanto, salvado su derecho dentro de los términos y alcances establecidos por este Colegiado (...)"

En este caso, la doctora Delia Revoredo Marsano disintió de estas consideraciones expresando que "(...) si es cuestión de confianza y su falta no conlleva sanción, ¿porqué impedir al magistrado que reingrese a la carrera judicial? De ahí que aclarase, en oportunidades anteriores, que si la no ratificación se consideraba como un retiro de confianza, no podía acarrear el impedimento de reingreso al magisterio. En casos similares, pues, la suscrita optaba anteriormente por considerar que la inhabilitación no procedía en casos de no ratificación y que, siendo un asunto de confianza, no era imprescindible la fundamentación de los votos por parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Sin embargo, me veo precisada a expresar y a explicar ahora un cambio de opinión : Ante el hecho que la Constitución misma se refiere al "proceso" de la ratificación; y ante la circunstancia de que expresamente sanciona con la inhabilitación al magistrado no ratificado, es congruente con lo anterior que dicha evaluación deba contar con todas las garantías del debido proceso y entre ellas, la motivación de las resoluciones. Pesa en mi ánimo, además, lo dispuesto en el novísimo Código Procesal Constitucional Artículo 5°, inciso 7) (...) y lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del Caso del Tribunal Constitucional del Perú: todo proceso -y no sólo el judicial- debe respetar los derechos que conforman un "debido proceso", y entre estos derechos está la explicación o fundamentación de las resoluciones (...)"

Como lo expresó el Consejo Nacional de la Magistratura en la Resolución Nº 062-2007-PCNM, en este proceso ratificatorio de magistrados se realiza una evaluación de la conducta e idoneidad en el desempeño del cargo, considerando, entre otros factores, los antecedentes sobre su comportamiento, producción funcional, méritos, estudios y capacitación, informes de los colegios y asociaciones de abogados, de manera tal que estamos ante un proceso de evaluación integral, no aislado, respecto de todos y cada uno de los indicadores y parámetros que señala Ley y el Reglamento; por tanto, la decisión que adopta el Consejo es producto de una apreciación personal que se forma cada consejero respecto al conjunto de elementos de juicio objetivos que aparecen del proceso, a fin de expresar su voto de confianza o de retiro de confianza respecto al magistrado sujeto a evaluación.

La no ratificación que se expresa en el retiro de confianza conlleva una inhabilitación perpetua para ejercer le cargo de Magistrado o de Fiscal. Sin embargo, el no ratificado se encuentra habilitado para ejercer cargos administrativos en el Sector Público, incluso en el propio Poder Judicial o Ministerio Público.

En la estructura orgánica de estos organismos existen cargos típicamente jurisdiccionales, como son los que ocupan los Jueces o Fiscales en las distintas instancias que integran la administración de justicia, a los que se encuentran impedidos de acceder, de por vida, los no ratificados por el Consejo Nacional de la Magistratura.

Los hay también, los de apoyo directo a la actividad jurisdiccional, como son los cargos de Relator, Secretario de Sala, Secretario Judicial, Especialistas o Asesores Jurisdiccionales, Auxiliares Judiciales, entre otros; a los cuales no se les podría impedir su acceso; como tampoco en los cargos administrativos que forman parte de esa estructura orgánica o de cualquier entidad del sector público.

Sin embargo, esta posibilidad de reingreso a la función pública se vería afectada por lo dispuesto literal b) del artículo 2º del Decreto Supremo Nº 017-96-PCM, que establece que la entidad que desarrolla el proceso de selección para la contratación de personal y cobertura de plazas en todos los organismos públicos, bajo responsabilidad del Jefe de la Oficina de Personal o quien haga sus veces, deberá solicitar a la dependencia o dependencias donde hubiese laborado el postulante, las evaluaciones de las que hubiera sido objeto, así como la información del Jefe del Área de Personal, precisando la razón de su retiro, así como una referencia sobre su desempeño.

Esta información, como así lo ordena la citada norma legal, deberá ser enviada dentro de los 3 días hábiles siguientes de recibida la solicitud, bajo responsabilidad. En caso que la dependencia donde hubiese laborado el postulante haya sido desactivada, la información antes mencionada deberá ser solicitada al organismo que haya asumido sus funciones.

Si de la documentación que se recibe del organismo donde hubiera laborado el postulante aparece que el motivo de su retiro fue su falta de productividad o su desempeño poco eficiente, el organismo que desarrolla el proceso de selección deberá excluirlo del proceso.

En virtud de la adjetiva norma glosada, se extendería una velada e indirecta inhabilitación perpetúa para los no ratificados por el CNM, en adición de la inhabilitación para acceder al cargo de magistrado, por cuanto que se le impediría concursar para acceder a cargos administrativos en general del sector público, desde que éstos fueron retirados de la Carrera Judicial por desempeño poco eficiente. Por tanto, éstos, no podrían continuar en el proceso selectivo convocado; y lo que es más, en caso de haberse producido la contratación o el nombramiento por habérseles declarado ganador del mismo, deberán cesar por comisión de falta grave, con arreglo a las normas vigentes, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que hubiesen incurrido, conforme lo prescribe el artículo 4º del aludido Decreto Supremo.

Esta indirecta y adicional inhabilitación resulta excesiva y debe ser objeto de una precisión normativa. Consideramos que el periodo de desempeño materia de información, bien podría comprender los cinco (5) años anteriores a la fecha de la convocatoria del concurso, teniendo como parámetro la Ley Nº 26488 que se aplica a los procesos disciplinarios.

Como se reitera, el proceso de evaluación y ratificación no constituye un proceso administrativo que resuelva conflicto de intereses o de derechos, ni procesos investigatorios para decidir sobre responsabilidad alguna; por lo que, consecuentemente, en él, no se imputan cargos en la medida que el artículo 154º de la Carta Fundamental  no le fija al colegiado del CNM la función, en un proceso ratificatorio, de resolver denuncias o quejas que se formulen contra el evaluado, sino que aquel se debe limitar a ponderarlas conjuntamente con los demás parámetros de evaluación y elementos de juicios que fluyen del proceso.