El artículo 100º de la Constitución Política del Perú faculta al Congreso de la República suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por diez (10) años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad. Es decir, se trata de tres tipos de sanciones, técnicamente disímiles y autónomas, que se aplican a quienes son acusados por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas, previo juicio político conducido por la Comisión Permanente del Congreso.

La inhabilitación aplicada como consecuencia de este juicio político, está exclusivamente reservada para quienes ejercen función pública en los cargos de Presidente de la República; de representante a Congreso; de Ministro de Estado; de miembro del Tribunal Constitucional; de miembro del Consejo Nacional de la Magistratura; de Vocal de la Corte Suprema; de Fiscal Supremo; de Defensor del Pueblo y de Contralor General, tal como taxativamente lo señala el artículo 99º de la Carta Fundamental.

En este ámbito político, la inhabilitación de 10 años -como máximo- constituye una penalidad principal que opera por decisión del Congreso y difiere no solamente de la inhabilitación accesoria de 5 años -como mínimo- que genera una sanción de destitución en el ámbito administrativo disciplinario ordinario, sino también de la inhabilitación judicial, que es consecuencia de una sentencia judicial que suspende el ejercicio de la ciudadanía de acuerdo con el artículo 33º de la Constitución.