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Capítulo 5:

 Delincuentes secuestradores. Poder judicial y coimas

Un caso de Ripley
 
Por increíble que parezca Carlos Romani Navega (a) "Cabezón Romani", peligroso delincuente secuestrador, el año 2005 no tenia requisitoria (orden de captura). El cabezón Romani, seria pariente de Martha Romani Sánchez, una especialista  corrupta de la dirección de educación de Loreto, muy conocida en esa región por violación de normas legales y que incluso estaría estudiando derecho. Este feroz delincuente, este criminal, junto a Aldo Esquivel Sayón (a) "Loco Aldo", Daniel Salazar vega (a)"pocho", Víctor Paladines Vargas (a) "Coroncho" y Pedro Bobadilla Molina (a) "cholo pedro", perpetraron millonarios asaltos a mano armada y secuestros en lima. Sin embargo en junio de 2005, pese a sus innumerables delitos, inexplicablemente, se encontraban libres y sin requisitoria alguna. Inclusive el alto comando de la policía nacional y los servicios de inteligencia, informaron que estos maleantes habrían extendido su accionar a países como México y holanda.
 
¿Cómo hacen los secuestradores para estar libres? ¿Cómo pueden los delincuentes mas avezados de Perú, como Carlos Romani Naveda, estar libres? Tal vez del mismo modo en que su media hermana Martha Romani Sánchez hace para clausurar centros educativos de forma ilegal. Es decir, invocando normas derogadas. Sí, esa es la forma en que muchos delincuentes con ayuda de malos jueces, logran su excarcelación.

Veamos como funciona el tinglado de corrupción en algunos juzgados de Perú.
 
"Si a un secuestrador detenido la ley lo sanciona de modo que debe pasar largos años en la cárcel, el mal juez busca una norma que lo favorezca, no importa si esta está derogada. Tampoco importa si ésta es de menor jerarquía, que otra que dispone lo contrario. Simplemente se le aplica la que más le favorezca. Así, con normas derogadas y hasta de menor jerarquía, se desconoce lo que la ley manda. Y violando la constitución, se logra rebajar penas, excarcelar, etc. Para poder darle visos de legalidad al asunto, se elabora un informe legal fraudulento contrario a la ley, y se da respaldo a una medida totalmente absurda.
 
El Perú es un país donde se violan sistemáticamente las normas elementales. Se hace prevalecer una resolución directoral contra lo que dice una ley de la republica. Se derogan leyes del congreso con normas menores, se desconoce lo que dispone un decreto supremo, haciendo uso de una directiva, por ejemplo. Esto lo saben los secuestradores y lo aprovechan muy bien. Si esto ocurre en sectores como educación de Loreto de igual modo ocurre en los demás sectores de la administración pública. El problema es que las instituciones públicas están enfermas de: "corrupción generalizada". Siempre habrá una forma de poder torcer la ley al gusto del cliente.
 
Todo depende de cuanto dinero hay de por medio. Ese es el asunto de fondo. De nada sirve que la policía capture a estos  delincuentes, ellos siempre encontrarán un juez corrupto o corruptible que no tenga ningún problema en invocar la norma que mas favorezca al maleante. Es decir, un juez que invocando el derecho, el derecho del delincuente, logre excarcelarlo, previo pago por supuesto. Malos jueces emplean los "argumentos legales" más absurdos para favorecer a los delincuentes. La policía captura y remite al ministerio publico, los fiscales en tiempo record acusan y envían al poder judicial, para que enjaule a estos criminales, pero "por cosas de la vida", el poder judicial se muestra magnánimo y se conduele de estos delincuentes y valiéndose de artimañas legales, los ponen en la calle nuevamente.
 
¿La justicia en Perú, es a gusto del cliente?

Un caso emblemático que mostró la corrupción en el poder Judicial al desnudo fue el caso del capo de narcotráfico Miguel Morales Morales (a) "malamud". Este narco habría sobornado con $ 250,000 dólares al juez penal del 32 juzgado de Lima, Mariano de la Cruz Huaman, para obtener su excarcelación. El OCMA (oficina de control de la magistratura) investigó este caso.
 
Luego de que estalló el escándalo de coima y corrupción, el cabecilla del narcotráfico recibió: arresto domiciliario, en una casa del distrito de Santa Anita. Allí, cómodamente instalado, con todos los lujos, vivía resguardado por 25 policías armados con fusiles y granadas de guerra. El narco tenía a su disposición más policías que un ministro.
 
En el poder judicial peruano se dice, "una resolución de excarcelación podría costar $ 35,000 dólares". Esto también lo saben los secuestradores, y para ellos el dinero no es problema. La tarifa para desaparecer un expediente no baja de $ 5,000 Dólares americanos, al contado. En Perú, según un estudio de la ONG Transparencia Internacional, está el país a un paso de sufrir "una corrupción descontrolada", todo esto favorece a los delincuentes: secuestradores y asaltantes.
 
El reino de la coima maldita

Si un delincuente es capturado por la PNP puede quedar en libertad, luego de pagar $ 2,000 dólares americanos. Además, se le pedirá que "eche" a otro (que delate a otro) para que se quede y el salga libre. La policía así podrá tener una coartada de oro: "estamos investigando, señor". Pero si el delincuente se encuentra con "un policía verde" (honesto) no le quedara otra, que arreglar con la fiscaliza (Ministerio público), quien modificando en la policía la declaración inicial, archivara el caso por falta de pruebas u otro pretexto, por unos $ 4,000 dólares americanos.
 
En algunos casos, cuando no es posible archivar, el maleante puede pasar de "presunto autor" a "presunto cómplice", lo que es tremenda ayuda, porque a la larga podría ser encontrado "inocente". Pero si el fiscal no aceptó "el arreglo" y lo denuncia, el delincuente todavía tiene opciones: coimear al juez. Todo depende del estado en que se encuentre su expediente y donde. Si está en el juzgado penal podrá, con $ 12,000 Dólares americanos, solucionar todos sus problemas.
 
En la corte superior según denuncias periodísticas (diario El Comercio) la tarifa sube a $ 18,000 dólares americanos. Igual cobrarían en la corte suprema. Si ha sido condenado el delincuente puede obtener una "resolución de libertad." Este documento puede costar según sea el caso unos $  26,000 dólares americanos. Eso en el juzgado. En la corte suprema llegaría a $ 42,000 dólares americanos. Esta información se recoge entrevistando a abogados, policías, jueces honestos, y delincuentes que lograron librarse de la cárcel.
 
Nuestra sociedad vive un proceso de anomia, estamos viviendo una corrupción generalizada. Lo peor es que nuestra población esta siempre dispuesta a "pagar una coima".

 
Resumen del capitulo 5
 
1.- Los secuestradores más peligrosos y buscados por la policía en Perú, no tenían orden de captura del poder judicial.
2.- En el poder judicial de Perú hay jueces que son benignos con los secuestradores; les aplican las leyes que más los favorezcan.
3.- Las sentencias, las denuncias son negociables en algunas instancias del ministerio público y poder judicial peruano.
4.- El narcotraficante "malamud", pago $ 250,000 dólares y logró su excarcelación.
5.- En el poder judicial, en algunos juzgados se puede pasar fácilmente de presunto autor a presunto cómplice.
6.- En Perú la sociedad toda vive un proceso de anomia, la propia población está siempre dispuesta a pagar coima.

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