Tras la firma del Tratado de la Unión Europea en 1992, lo que los analistas han denominado "déficit democrático", se ha hecho más evidente. Se trata de un proceso en el que importantes competencias, el ejemplo más señero es la moneda única, han pasado de las instituciones nacionales, elegidas y legitimadas democráticamente, a unas instituciones europeas que carecen o apenas tienen refrendo democrático de los pueblos europeos. La Comisión Europea es designada por los Gobiernos de los Estados y el control que sobre ella tiene el Parlamento Europeo es muy débil; el Consejo de la Unión Europea es un órgano esencialmente intergubernamental y, aunque cada vez son más los temas que se deciden sin ser necesaria la unanimidad, continua básicamente bajo la dependencia de los Gobiernos de los Estados miembros. Por último, el Parlamento es el único organismo legitimado democrática ya que desde 1979 sus miembros son elegidos por sufragio universal, sin embargo, la escasez de sus poderes hace que sus debates y decisiones sean, en general, muy poco conocidas en la opinión pública.

Todos estos organismo son vistos por los europeos como organismos lejanos y dominados por una burocracia tecnocrática.

La única manera de construir una verdadera ciudadanía europea pasa por enjugar este "déficit democrático". La ciudadanía no sólo es algo pasivo, es decir, disfrute de una serie de libertades y derechos, sino que, ante todo, debe ser una ciudadanía activa, basada en la participación política y cívica. Las ciudadanías nacionales se han ido construyendo históricamente en base a esa participación de la sociedad, participación que a menudo ha adoptado la forma de luchas y conflictos, y que ha ido desarrollando un conjunto de derechos (civiles, políticos y sociales) y deberes, y una conciencia de identidad.

El Parlamento Europeo

A principios del 2000, Joshka Fischer, ministro de Asuntos Exteriores alemán volvió a poner en el tapete el gran sueño europeo: la construcción de un estado europeo que, por supuesto, debería ser federal, en el que hubiera instituciones (Presidente, Parlamento...) elegidas por el pueblo, responsables ante él y con unos poderes políticos de cierta magnitud. Los ciudadanos de ese estado tendrían unos derechos y deberes, y existirían unas instituciones judiciales ante las cuales los ciudadanos podrían reclamar sus derechos. Se trata en definitiva, y este es uno de los grandes debates a fines del 2000, de la aprobación de una verdadera Constitución Europea.