En 1997, la Comisión Europea, en la denominada Agenda 2000, publicó sus dictámenes sobre las solicitudes de adhesión de Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, la República Checa y Rumania. Estos dictámenes se elaboraron partiendo de los criterios de Copenhague. La Comisión propuso una primera tanda de ampliación que incluye a cinco países: Eslovenia, Estonia, Hungría, Polonia y la República Checa. Las negociaciones con Chipre se iniciarán seis meses después de finalizar la Conferencia intergubernamental. La situación de los demás países debía volverse a examinar cada año. Este dictamen, lógicamente, provocó una gran polémica en los países excluidos de este grupo de "países avanzados".

Ante las dificultades económicas de todos estos países, especialmente en el terreno industrial y medioambiental, la Agenda 2000 estableció ayudas financieras, concretadas posteriormente en el Consejo Europeo de Berlín de 1999, en apoyo al proceso de preadhesión de los países candidatos. La ayuda de preadhesión que se concederá a los países candidatos de la Europa central y oriental a partir del año 2000 se cifrará en principio en 21 millardos de euros para el periodo entre los años 2000 y 2006 y; constará de tres grandes capítulos, a saber:

1.Programa PHARE: 10,5 millardos de ecus (1,5 millardos de euros al año). Desde 1997 se ha centrado sobre las dos prioridades esenciales vinculadas a la adopción del acervo comunitario: la capacidad institucional y administrativa de los países candidatos (30% del presupuesto) y la financiación de las inversiones en infraestructuras (70%) una ayuda al desarrollo agrario.

2.El denominado Instrumento Agrícola de Preadhesión (SAPARD), de 3,5 millardos de euros (500 millones de euros al año).

3.Una ayuda denominada Instrumento Estructural de Preadhesión centrada en infraestructuras, especialmente en los ámbitos del transporte y del medio ambiente. Además, esta ayuda hará posible que los países en cuestión se familiaricen con las modalidades de puesta en práctica de los Fondos estructurales y de cohesión.

En 1998 se establecieron con los PECO, aspirantes a la adhesión, las denominadas Asociaciones para la Adhesión cuyo objetivo es coordinar las ayudas entregadas y fijar las prioridades para la adaptación a la legislación comunitaria. Chipre sigue un modelo distinto.

Ese mismo año se iniciaron las negociaciones de adhesión con Chipre, Eslovenia, Estonia, Hungría, Polonia y la República Checa.

Por último, debemos comentar el caso de Turquía, Malta y Chipre. Para este último país, la adhesión a la CEE es un antiguo anhelo, ya que solicitó la adhesión en 1987. Pese a que la Unión ha reconocido que es un país que tiene derecho a la adhesión, el proceso no ha avanzado debido a las insuficiencias de este país en el respeto a los derechos humanos y el estado de derecho. En Turquía, donde muchos achacan la actitud de la UE a prejuicios "anti-islámicos", se han lamentado amargamente de la ausencia de progresos.

El proceso de adhesión de Malta se halla también más retrasado, tras decidir el gobierno maltés dejar en suspenso su candidatura en 1996. En 1998, volvió a solicitar la adhesión.

El proceso de adhesión de Chipre no podrá avanzar de la misma manera que el resto hasta que no se solucione el problema de la partición de la isla en dos zonas (griega y turca) tras una intervención militar turca.