Los derechos recogidos en el estatuto de ciudadanía son, para muchos, aún escasos y afectan a un número reducido de europeos, por lo que para la mayoría de los ciudadanos son irrelevantes.
El más importante es, sin lugar a dudas, el de libre circulación y residencia. Se ha avanzado notablemente desde el Tratado de Roma, en el que la libertad de desplazamiento y estrictamente ligada a la actividad laboral, pero aún siguen habiendo limitaciones que hay que eliminar. Pese a los acuerdos y el convenio de Schengen, cualquier país puede restablecer los controles fronterizos si ve su seguridad amenazada, el permiso de residencia sigue teniendo distintas limitaciones...
Los demás derechos tienen un reflejo muy débil en la vida cotidiana de los europeos: el derecho de apelar al Defensor del Pueblo sólo se refiere a los asuntos de competencia comunitaria; el derecho de petición al Parlamento ya existía y se dirige a un Parlamento con aún muy escasos poderes; el derecho de sufragio en otro país miembro afecta a un número importante, pero claramente minoritario de europeos, el derecho de protección diplomática solo concierne a los europeos que visiten un tercer país en el que no haya embajadas o consulados de su propio estado...
Siguiendo las opiniones del "euroescéptico" Rahlf Dahrendorf, la ciudadanía europea está aún a mitad de camino entre lo que el denomina ciudadanía "teórica o blanda" (cierto sentimiento de formar parte de un comunidad, de tener unas ciertas aspiraciones y valores comunes) y la ciudadanía "concreta o fuerte" (derechos concretos -voto, juicio justo, expresión, asociación...- que se pueden reivindicar e instituciones jurídicas a las que podemos acudir para ejercer nuestros derechos).
El gran debate de los próximos años será este, ¿damos fuerza y concreción al estatuto de ciudadanía europeo, o lo mantenemos en un nivel en gran medida teórico?
Un paso, criticado por algunos, ha sido la creación de un grupo de expertos que han redactado una Carta de Derechos Fundamentales para ser adoptada por la Unión Europea. El primer documento ha sido aprobado en verano del 2000 y aún está pendiente de debate y aprobación por los órganos comunitarios.
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