La zona de Banes en el contexto cultural holguinero de principios del siglo XIX

En el plano político administrativo la zona de Banes vivió pocos cambios en el Siglo XIX. Si entre 1760 y 1800 había sido un punto más dentro del Partido de Almirante, entre 1804 1854 se le ascendió a la categoría de Partido bajo la denominación Banes, con los cuartones: Río Seco, Mulas, Banes, Tasajeras y El Ramón. Finalmente la nueva división política administrativa asumida entre 1854 y 1878 suprimió los Partidos aledaños de Banes y Tacajó, reestructurando los cuartones respectivos ahora denominados: Samá, Banes, Berros, Retrete, Tacajó y Bijarú, y sumándolos a los de Alcalá, Tasajeras y Bariay, constituyendo con todos ellos, el nuevo Partido de tercera clase, denominado Bariay.

Hacia los inicios del siglo XIX la aún poderosa familia holguinera González de Rivera, poseedora entre otras tierras del Hato de Bariay, comenzó a asentarse más ampliamente en el hato de los Berros, iniciándose la reducción del poder de la familia Guerrero en el lugar. En 1807, Pedro Guerrero le vendió a Juan Francisco González Rivera de la Cruz, 335 pesos de posesión en los Berros; en este propio año Juan Francisco testó y declaró ser el poseedor de la hacienda de los Berros y Tacajó, la cual dijo le había costado 3 000 pesos. Más tarde, en 1831, Manuela González, su viuda, le vendió a su hijo Manuel de Jesús, 500 pesos de posesión en la hacienda en el sitio de Tasajeras, dato que indica que los González le habían dado creces a su propiedad antes de ese instante.

Para 1817 en el partido de Banes se reportaron 5 haciendas (el 8,2% de todas las de la Jurisdicción) y 5 sitios de labor (el 1,04% de toda la Jurisdicción) con un total de 3 296 caballerías de tierras. Entonces existían en su territorio 268 habitantes, de ellos 114 blancos, 53 libertos y 101 esclavos, dato demográfico de interés que muestra que el 57,46% de la población era de origen africano. El que el 37,68% de los habitantes fueran esclavos apuntan hacia un determinado peso de la agricultura de tendencia mercantil en el área.

El 13 de octubre de 1819, luego de decretarse la ley que puso fin al régimen precapitalista posesionario sobre el suelo y reconocedora del derecho capitalista a la plena propiedad sobre la tierra, la hacienda de Banes fue redimida en 1 500 pesos, estando repartida esta heredad de los Castellanos, entre el principeño Lorenzo Castellanos Francia y sus primas habaneras Justa e Isabel Uson Castellanos. Suponemos que en alguna de las notarías de Puerto Príncipe debe existir un documento, al parecer el testamento de Lorenzo, aclarador de en qué forma y momento, las hijas de Cecilia Castellanos Francia, se hicieron de la mitad de la hacienda. A cada parte, Castellanos Mojarrieta y Uson Castellanos, le correspondieron 1 498 pesos y 6 reales de posesión, con lo cual para entonces la hacienda se valuaba realmente en casi 3000 pesos.

Durante la segunda década del siglo XIX la oligarquía terrateniente holguinera aún aliada al gobierno colonial discute y promueve varios proyectos en función de acelerar el crecimiento económico jurisdiccional, entre ellos la fundación de un puerto habilitado al comercio, el que se discute entre las bahías de Gibara y Naranjo, la primera ganará la partida con la inauguración de la Batería de Fernando VII en enero de 1817, así como la fundación de nuevas parroquias. En 1820 el arzobispo Joaquín de Osses Alzúa y Cooporacio, acepta a la solicitud del Ayuntamiento Constitucional de Holguín, la multiplicación de la parroquial de San Isidoro con la fundación de la Iglesia de San Fulgencio en Auras (se instala en Punta de Yarey, luego poblado de Gibara) y las parroquias de San José (ciudad de Holguín) y Santa Florentina de Retrete, esta última con el objetivo de atender la población del territorio en el extremo norte oriental de la Jurisdicción. Pero según testimoniara el historiador Diego de Ávila y Delmonte 45 años más tarde, por causas de " atenciones mal entendidas y de intereses particulares, " la Iglesia de Santa Florentina se ubicó en la poco poblada hacienda de Bariay, sugerencia que interpretamos como una acusación al influjo particularista de la familia González de Rivera. Finalmente el cura propietario de esa Iglesia, Presbítero Miguel García Ibarra y Bermúdez, logró en 1856 su traslado definitivo para el poblado de Fray Benito.

Para 1827 el gobierno colonial realizó un nuevo intento colonizador sobre la zona de la bahía de Nipe; pero como los planes anteriores el esfuerzo no fructificó en nada concreto. A diferencia de la zona de Banes, área occidental de la bahía de Nipe, en el área oriental de la misma para esta fecha ya hacía varios meses que fructificaba el primer centro urbano de la zona, el Pueblo de San Gregorio de Mayarí, fundado en 1826 al calor de los dueños del corral allí existente que donaron una caballería de tierra para su fundación.

En marzo de 1829, Josefa Mojarrieta, ya viuda de Lorenzo Castellanos Francia, obtuvo de sus sobrinas políticas Justa e Isabel Uson Castellanos, la mitad que les faltaba de la hacienda, unificando todas las tierras bajo su mandato. El 17 de septiembre de 1831, por decisión del Alcalde Ordinario de Puerto Príncipe, Josefa logró la implementación de la voluntad testamentaria de Lorenzo normativa de que la herencia correspondiente a cada uno de sus tres hijos varones (José de la Cruz, Rafael y Manuel), sobre el valor de la hacienda de Banes, se utilizaría en la educación de los mismos.

Durante la década de 1830 el gobierno colonial valoró un plan colonizador en áreas aledañas a la bahía de Banes, el que no llegó a resultados concretos. Para esa fecha dentro de la hacienda de Samá se iniciaba la historia del sitio de Cañadón, explotado inicialmente por la familia Ricardo; con gentes como María de la Cruz Ricardo, viuda de Pedro Batista Rodríguez y Juan A. Ricardo.

Un momento quizás desagradable para los hacendados de Mulas y Banes fue mayo de 1836 cuando el Ayuntamiento holguinero, siempre escaso de fondos llegó a la conclusión de que ambas haciendas adeudaban el importe del censo a propios, señalando como en el lejano año de 1770, este había sido acatado por los dueños respectivos. Para suerte de Manuel Trinidad Ochoa, dueño entonces de la hacienda de Mulas, comprada a Salvador Dieguez, había recibido de este y guardado los documentos que probaban que la misma ya había sido redimida. De la de Banes, entonces representada legalmente por Esteban María Castellanos, sus dueños tampoco sufrieron muchos percances, porque también probaron haberla redimido años antes.