Las relaciones de España con el resto de países de Europa occidental fueron mejorando poco a poco a partir de 1940 y gracias a las gestiones emprendidas por Estados Unidos. Este interés por parte de la ¿gran potencia¿ era debido a que la integración de España en las principales organizaciones de ámbito internacional era un elemento importante para atraerla hacia sí y consolidar el bloque occidental, dada su situación estratégica.

A pesar de que México y Polonia no tenían especial simpatía hacia el gobierno de Franco, los gestos a favor de España en el seno de la ONU se sucedieron cada vez con mayor frecuencia.

El 9 de febrero de 1946 la ONU, reunida en San Francisco, había condenado el régimen español prohibiendo su ingreso en la organización lo que dio lugar a una serie de concentraciones estratégicamente convocadas en la plaza de Oriente de Madrid. Tras un discutido proceso en diciembre del mismo año, la Asamblea General aconsejó a los estados miembros que retiraran a sus embajadores y ministros en España mientras no se produjeran cambios sustanciales en el régimen político español: la ONU dio un año de plazo al jefe del Estado para llevar a cabo tales cambios, antes de que la Asamblea General revisara de nuevo la evolución de la política española y considerara la aplicación de nuevas soluciones. Sin embargo, a principios de 1947, Estados Unidos viendo en la URSS una amenaza para la seguridad internacional y entendiendo que las sanciones que pudieran imponerse a España, únicamente beneficiaran al bloque soviético, emprendió una intensa campaña para facilitar la integración de España en los distintos organismos internacionales.

El 7 de agosto de 1950, la República Dominicana, el apoyo de Perú y El Salvador solicitó que se incluyese la revisión del caso español en el orden del día de la Asamblea General de la ONU que debía celebrarse al mes siguiente. El 4 de noviembre, en Nueva York, se sometió a votación la posibilidad de enviar nuevamente embajadores a Madrid, la aceptación de España en los organismos internacionales dependientes de la ONU y la revocación de las condenas de 1946, resultando favorables para los intereses españoles las decisiones adoptadas por la Asamblea.

A partir de 1950 se inició el retorno de los embajadores. En pleno proceso de transición hacia la Democracia, el ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja firmó, en representación de España, la Declaración de los Derechos Humanos del las Naciones Unidas, concretamente el 28 de septiembre de 1976 y que fue ratificada por Adolfo Suárez el 27 de junio de 1977.