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Capítulo 3:

 Reforma agraria liberal


- La Desamortización en el siglo XIX:

Se suele asociar la Reforma Agraria Liberal con la Desamortización, cuando la desamortización es sólo una de las medidas entre otras muchas que componen la reforma agraria liberal.

La Reforma Agraria Liberal, es un bloque de medidas jurídico-políticas que modificaron el régimen jurídico de la propiedad de la tierra. La propiedad fue hacia un modelo que los juristas liberales del siglo XIX llamaron "propiedad perfecta" burguesa fruto de la "imperfecta" del Antiguo Régimen.

Modifican también el uso del propietario, ya que suprimen las limitaciones antiguas del propietario. Se trató de aplicar el Capitalismo a la agricultura.

Pero con la reforma agraria liberal no se buscaba una reforma de las estructuras sociales agrarias, ni se pensó como un proceso para redistribuir la tierra, sino para reforzar los derechos del propietario.

Sin embargo, el proceso de reforma agraria liberal tuvo implicaciones sociales muy importantes, que afectaron de manera desigual a todos los componentes de la sociedad del XIX. Fue un proceso discontinuo que arrancó con las propuestas agraristas de los ilustrados del siglo XVIII, en la línea de Jovellanos.

El proceso se acelera con las Cortes de Cádiz de 1810, y luego conoce todos los avatares entre absolutismo y liberalismo de 1814 a 1835.

Entre 1835 y 1859 (de 1835 a 1841 son los años decisivos) este proceso queda legalmente implantado.

Las consecuencias sociales de la abolición del régimen señorial fueron distintas, pues distintas eran las situaciones de la sociedad en el campo.

Se ha asimilado el modelo de Castilla con el español, pero Pedro Ruiz Torres ha revisado esta visión dando dos modelos de señorío: el castellano y el aragonés.

La reforma agraria liberal se centró sobre todo en las medidas que afectaron al uso de la tierra: abolición del régimen señorial, reforma de los derechos del propietario, desvinculación, desamortización.
Todas medidas diferentes que forman parte de la reforma agraria liberal.

- Abolición del regimen señorial:

No es un proceso continuo. En Cádiz se aprueba por primera vez la abolición del régimen señorial (1811) con una ley aclaratoria en 1813. Luego todo lo deroga Fernando VII en 1814, dejando sólo la jurisdicción: la justicia sólo la va a impartir el rey.

En 1820, en el Trienio Liberal, los liberales se lo plantean de nuevo, pero en 1821 el rey lo veta, y en 1822, de nuevo veto suspensivo del monarca (facultad que le reconocía la Constitución de 1812). Sale a flote en 1823 en Cortes, ya que el veto había expirado, por lo que el monarca lo aprueba en abril, volviéndose al espíritu de 1813: leyes más favorables a los pueblos que a los señores.

En Cádiz ya había cuestiones espinosas:

1º Jurisdiccional: el señor ejercía esos derechos, y los liberales habían proclamado la igualdad de las gentes. A partir de entonces la justicia la imparten los magistrados y no los señores.

2º Derechos señoriales

3º La propiedad de la tierra: ¿A quién pertenecía la tierra de los señoríos: a pueblos o a señores?

Había una desigualdad basada en el nacimiento que distinguía a señor de vasallo. Los liberales tienen claro que esto hay que abolirlo, y así lo hacen en 1811: ya nadie podía llamarse señor de vasallos.

Los liberales respetaban la propiedad, pero ¿De quién es la propiedad de esa tierra?, ¿De los pueblos o de los antiguos señores? La aclaración de 1813 favorecía a los pueblos, pues exigía a los antiguos señores la presentación de títulos que acreditasen que la propiedad de la tierra les pertenecía legítimamente. Y esto se repite en 1823, aunque los franceses estaban ya en la puerta, con lo que sólo quedaba el texto y poca práctica.

La ley definitiva es la de 1837, que supone un giro de 180º respecto a la de 1823, ya que esta de 1837 favorecía los intereses de los antiguos señores: sólo los señoríos que habían sido jurisdiccionales tenían que presentar los títulos de legítimos propietarios de la tierra.
Cuando se aplica esta ley se suscitan muchos pleitos entre pueblos y señores, ya que todos reclaman la tierra. En esos pleitos el tribunal supremo resolvió siempre a favor de los señores.

García Ormaechea lo estudió en 1932, y también Pascual Carrión. Hay un interés en dar a conocer la evolución hasta llegar a ese momento, ya que se va a acometer de nuevo.

Ormaechea demostró que en materia de señoríos, el Tribunal siempre resolvía a favor de los antiguos señores, por lo que se convalidó la tierra de señorío a antiguo señor.

Luego historiadores más generales como Domínguez Ortiz o Miguel Artola, y algunos más especializados como Tomás y Valiente o Ángel García Sanz, apoyándose también en el trabajo de Ormaechea, interpretan la ley de abolición del régimen señorial de 1837.
Según ellos, venía a ser la expresión más acabada del pacto de la alianza entre burguesía y nobleza en España para sacar a flote la revolución liberal burguesa.

Tomás y Valiente decía que no era casualidad que al mismo tiempo que se estaba haciendo la abolición del régimen señorial, se estuviese también haciendo el desmantelamiento económico de la Iglesia, que se había decantado en su mayoría por la opción carlista. Por eso la nobleza fue beneficiada, y la Iglesia perjudicada.

La abolición del régimen señorial coincidió con la desamortización de la Iglesia regular en febrero de 1836.

Esta teoría ha sido revisada ahora por Hernández Montalbán. Para él, la ley de abolición del régimen señorial no se hace sólo teniendo en cuenta los intereses de la nobleza, sino también los de la propia burguesía, ya que muchos burgueses van a comprar tierra que había sido de señorío en otros tiempos, cuando los nobles puedan vender sus propiedades.

Por tanto a los burgueses no les interesaría que se cuestionase la propiedad del noble, no quieren que revierta al pueblo, porque la van a comprar ellos.

Montalbán dice además que no es una ley tan conservadora como creíamos antes, sino que tenía elementos muy progresivos. Sí fue conservadora la interpretación de la ley por los tribunales supremos.

Pedro Ruiz Torres dice que la abolición del régimen señorial trajo realidades diferentes; habla de varios modelos de señoríos:

Uno para Castilla y otro para la Corona de Aragón

- Modelo señorial castellano:

Basado en la tierra, que era el concepto básico en la contabilidad señorial; basado en las rentas señoriales. Esa explotación de la tierra en el modelo castellano se hacía por medio de unos contratos agrarios de arrendamiento, de los cuales no se derivaba ningún derecho sobre la tierra que cultivaba el campesino. Contratos cortos y renovables.

- Modelo aragonés:

La tierra no era el elemento básico. Tan importante como la renta de la tierra era la renta jurisdiccional y señorial (algo simbólico en el modelo castellano, salvo el caso del Diezmo)

Pedro Ruiz Torres dice que independientemente de eso, esas rentas jurisdiccionales y señoriales encumbraban al señor muy por encima de las gentes que habitaban en su señorío: el señor allí era señor de vasallos; tenía ese estatus social.

La cesión para la explotación de la tierra se hacía en Aragón por censos enfitéuticos, por contratos agrarios, igual que en Galicia o Asturias, donde se llamaban foros.
Son contratos agrarios arcaizantes basados en estos censos enfitéuticos, que implican división de dominios.

Por esos contratos agrarios, se le reconocía al cultivador el dominio útil de esa tierra, que era inferior al dominio superior que tenía el señor: el dominio directo.

Esos censos enfitéuticos eran muy favorables al campesinado: largo plazo, y rentas a pagar muy módicas.

La abolición del régimen señorial en la Corona de Aragón la interpreta Torres como algo que perjudicaba los intereses de la nobleza, que les hizo perder sustanciosas rentas y estatus social.

Por tanto las consecuencias del modelo castellano no se pueden generalizar para toda España.

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