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Capítulo 4:

 Abolición de vínculos y mayorazgos


Es la segunda medida importante, la abolición de vínculos y mayorazgos. En Cádiz se habló mucho de ello, y no se concretó nada.

Si lo tratan los liberales del Trienio Constitucional, y en 1820 se aprueba la desvinculación (luego derogada por Fernando VII en 1823), y definitiva ya en 1836, aunque en 1841 hay una nueva ley con Espartero.

La Desvinculación fue la medida que formaba parte de la Reforma Agraria Liberal, y que liberalizó propiedades, bienes que hasta entonces estaban amortizados como vínculos, como mayorazgos. La desvinculación declaraba libres esos bienes para que se incorporasen al mercado (si era voluntad del propietario)

Pero conviene aclarar, pues hay mucha confusión en esto, que en la desvinculación no se plantea la titularidad de la propiedad del individuo.
Simplemente son declarados bienes libres, unos que bienes que antes estaban inmovilizados; pero el noble o burgués (siempre es un titular individual) que tiene unos bienes concentrados, que no podía disponer libremente de ellos, ahora sí lo va a tener.

Se le respetan a ese individuo, a ese propietario sus bienes. No hay expropiaciones forzosas del Estado, ni se nacionalizan bienes del noble.

En 1820, los liberales que aprueban la desvinculación, creen que puede ser injusto, por lo que fragmentan su disponibilidad: la mitad del patrimonio la pueden vender, pero la otra mitad queda para el heredero siguiente.

La desvinculación la usan mucho los nobles; venden así parte de sus patrimonios. Y es aquí, en la desvinculación, donde muchos burgueses se hacen con propiedades que compran no en la Desamortización, sino en las propiedades desvinculadas.

Estos nobles reunían así un metálico con el que sanear sus patrimonios. No tenían metálico para poderse sanear su patrimonio nobiliario.

Por ejemplo, Picazo ha demostrado que la desvinculación fue en la provincia muchos más importante que la desamortización. Allí se desvincula más tierra que se desamortiza.

Pero es mucho más conocida historiográficamente la desamortización.

Es otra medida más de reafirmación de derechos del propietario, que arranca de las medidas de los ilustrados del siglo XVIII.

Esto se ratifica en los decretos de junio de 1813, que estableció la libre concentración, la liberalización del precio agrario, la facultad que tenía el propietario de cercar su finca, la abolición de la mesta, de la derrota de mieses.

Medidas que pasan los avatares de la época de Fernando VII y se restauran definitivamente en 1836.

A lo largo de todo el siglo XIX, el censo enfitéutico va a recorrer todo el trayecto liberal.

Pero son cambios que tienen que coexistir con subsistencias de modos antiguos muy fuertes. Es decir, que la ley lo dijera, no significaba que inmediatamente se aplicase. Hubo una persistencia de estas costumbres en la comunidad rural del siglo XIX. (Recomienda novela de Pereda: Sabor de la Tierruca)

Sin embargo, el propietario que quisiese exigir el cumplimiento de la ley, lo podía hacer amparado por la justicia.

Esto implicaba el triunfo del individualismo agrario. Hay una lenta implantación de ese individualismo agrario, y la erosión (nunca eliminación del todo) del colectivismo agrario que venía de siglos atrás.

- Desamortización:

Hay varias desamortizaciones arrancando la primera del siglo XVIII. Son 4 fases:

1ª Carlos IV:

Arranca con los famosos decretos desamortizadores de 1798, seguidos por los de Godoy, que son cortados de raíz con el Motín de Aranjuez (1808)

2ª Guerra de Independencia hasta Trienio Constitucional (1808-1823):

Desamortizaciones que inicia José I con bienes de la Iglesia regular, y siguen los liberales de Cádiz con la desamortización civil en enero de 1813.

Durante el Trienio se hace la desamortización eclesiástica a partir de la ley de supresión de monacales y reforma de regulares de 1820.

3ª Desamortización de Mendizábal y Regencia de Espartero:

Se trata sobre todo de una desamortización eclesiástica, que tiene como medidas importantes:

- Decreto de febrero de 1836: desamortizan bienes de la Iglesia regular.

- Decreto de julio de 1837: desamortizan bienes de la Iglesia secular y suprimen el diezmo. Aunque no de forma inmediata; no se aplica hasta la ley de Espartero de 1841.

La desamortización se suspende con los moderados en el poder a partir de 1844, y en 1845 se devuelven a la Iglesia bienes que no han sido aún vendidos.

En el Concordato de 1851 se certifica al acercamiento entre Iglesia y moderados.

4ª Cortes constituyentes del Bienio Progresista (1854-1856):

Ley de desamortización general, aprobada por Madoz en mayo de 1855, suspendida en 1856, y restaurada con el Gobierno de la Unión Liberal en 1858, y ejecución total en 1859 por el acuerdo entre Unión Liberal y Santa Sede de incorporar sus bienes a la desamortización.

Con el documento de 1836, se había abierto la gran época desamortizadora; se desamortizan los bienes de la Iglesia regular.

Es una medida más de la Reforma Agraria Liberal, que perseguía, como la desamortización, la transformación del régimen jurídico de la propiedad de la tierra.

Permanece el sistema capitalista en agricultura. Además, la desamortización, a diferencia de la abolición del régimen señorial, y de la desvinculación, va a significar un cambio sustancial en la titularidad de esa propiedad que se desamortiza: pasa de unas manos colectivas a otras particulares.
Es una gran transferencia de la propiedad.

Lo que se desamortiza no son sólo bienes rústicos, sino también urbanos. Hay una transformación importante en la morfología de la ciudad, que resuelve también problemas de demanda de suelo urbano.

En 1833 se había hecho la división provincial, que había distinguido la capital de la provincia, donde se centraba la vida más importante de la provincia. Pérez Morera ha demostrado que esto significó un movimiento de la gente hacia la capital.
Desde 1830 hasta 1850, al aplicarse la capitalidad, se nota un notable incremento de las poblaciones de las capitales provinciales. Movimientos interprovinciales.

En la desamortización de 1836, pasan a esas gentes solares y casas que eran de la Iglesia, lo que da solución a este incremento poblacional.

Pero la Iglesia era también propietaria de bienes rústicos. Y ya desde 1835 se estaba dictando toda una política de exclaustración de las órdenes religiosas.

En octubre de 1835, Mendizábal decreta legalmente algo que ya las juntas revolucionarias habían hecho: la exclaustración; el 8 de marzo, el decreto es general.
Pero para entonces, sólo una treintena de conventos estaban en manos de la Iglesia regular de los 2000 que habían tenido.

El Real Decreto de Mendizábal de 1836, fue el primer gran proceso desamortizador, afectando sobre todo a los bienes de la Iglesia regular. Sobre la exposición de motivos de Mendizábal, destacamos lo siguiente (Ver anexo MDZ1):

- Mendizábal no cuestiona la ética de la decisión de expropiar a la Iglesia, partiendo de la situación en la que el Estado ya es propiedad de esos bienes eclesiásticos.

- Destaca dos objetivos en el proceso desamortizador: a) La reducción de la Deuda Pública - pero no la cancelación completa; y b) La creación de un importante número de nuevos propietarios (para ellos incide en la necesidad de dividir las propiedades más grandes, para que los lotes sean "más asequibles"). Es una función redistributiva de la riqueza, un objetivo social para la desamortización.

- En cuanto a la forma de pago, se hará efectivo 1/5 del precio de remate con la firma de escrituras, y el resto será pagadero en 8 ó 16 años consecutivos (es decir, el 10% o el 5% restante cada año). Además de esto, el sistema de subastas favorecía claramente a los capitalistas de Madrid, ya que para los bienes importantes se celebraban dos subastas simultáneas, una en la capital de la provincia originaria de los bienes, y otra en Madrid.

- Mendizábal resaltar de forma exagerada y optimista la función social del proceso desamortizador que se propone, ya que argumenta que, en las condiciones expuestas (lotes de tamaño reducido y facilidades de pago) hasta los jornaleros podrán acudir a las subastas.

La respuesta crítica a Mendizábal se publicó en El Español, ya que las Cortes no estaban abiertas, y vino de la mano de Álvaro Flórez Estrada (Ver anexo FLE1):

- Flórez Estrada, que también es progresista, coincide en los objetivos señalados por Mendizábal respecto a la desamortización (reducción de la Deuda y reparto de la riqueza), y tampoco plantea ninguna objeción a la expropiación de bienes eclesiásticos realizada, pero desaprueba completamente los medios.

- Su propuesta es el sistema de arrendamientos enfitéuticos: En lugar de vender mediante subastas todas las propiedades adquiridas para saldar la Deuda Pública, él propone que el Estado conceda las tierras a los campesinos bajo contratos de arrendamientos enfitéuticos, de tal manera que el campesino tenga el dominio útil de la tierra, y el Estado conserve el dominio directo.

- Lógicamente, con este sistema de contratos agrarios no se conseguirían tan grandes cantidades de dinero como con la venta de los bienes, con lo cual no se reduciría mucho el principal de la Deuda. Pero con las rentas obtenidas el Estado garantizaría el pago de los intereses de la Deuda Pública, dando seguridad al acreedor, y por tanto garantizando el crédito del Estado. La de Flórez Estrada era una visión inteligente de que comprendía la importancia de la confianza en el sistema de la Deuda.

- Además, al ser contratos de larga duración y rentas bajas, el campesino tendría garantizada la estabilidad, lo cual permitiría mejorar la calidad de la explotación.

- Y estos campesinos beneficiarios de los censos enfitéuticos serían un número muchísimo mayor que el de compradores potenciales en las subastas, lo que se traduce en una gran masa de gentes defensoras de Isabel II.

Objeciones al sistema de arrendamientos enfitéuticos de Flórez Estrada (Ver anexo EC3). Son cuatro las objeciones principales, publicadas en el Eco del Comercio, periódico progresista afín al gobierno:

a) El alto coste para el Estado de la recaudación de todas las rentas enfitéuticas; la burocracia generada para el cobro de rentas absorbería buena parte de las propias rentas;

b) Lo inapropiado de que el Estado se convierta en administrador de fincas, ya que esa intromisión en materia económica del Estado va en contra de la teoría liberal;

c) Lo "injusto" de no acudir al pago del principal de la Deuda Pública. Si no alcanzase con las desamortizaciones eclesiásticas ya efectuadas, se sugiere avanzar con la desamortización municipal;

d) La falta de productividad como resultado del sistema de explotación de la tierra mediante arrendatarios enfitéuticos, que al carecer de capital no pueden realizar inversiones de ningún tipo para mejorar su productividad. Además, el retrato que los mendizabalistas hacen de los campesinos es tremendo: "proletarios sin arraigo, sin educación, acaso sin moralidad ni ideas sociales".

Texto D18C. Sobre la Desamortización de 1841. Congreso de los Diputados. Sánchez de la Fuente:

Sánchez de la Fuente, diputado progresista, muy preocupado por la cuestión social, no entiende que se atiendan demasiado a las clases trabajadoras.

Como progresista, es partidario de desamortizar, y partidario también de que el clero no tenga bienes propios.

Se debate el lugar de la Iglesia en el Estado liberal: había que reubicarla. No puede estar en la misma posición que ocupaba en el Antiguo Régimen, no puede ser un poder dentro del poder absolutista.

Pero quiere que esa desamortización de 1841 de la Iglesia secular, pase a favorecer a las clases trabajadoras del campo; y esto se va a conseguir a través de la parcelación máxima de las fincas. Él ya sabe como se está haciendo esta división, pues son 5 años de experiencia.

Respecto a las fincas urbanas, pide que no se saquen todos los bienes a la vez, ya que por la oferta masiva, van a bajar, y la propiedad se va a depreciar.

Luego intervino Mendizábal para corregirle, diciendo que los bienes en estado de venta, no es lo mismo que ponerlos a la venta. Que se pondrían a la venta en la medida que los interesados pidiesen que se pusiesen a la venta.

La llegada al poder de los moderados en 1844 supuso la paralización del proceso de desamortización, tanto de expropiaciones como de subastas de bienes.

Sí valoraron los moderados la posibilidad de una desamortización civil, y Palacio Atard habla de un decreto de 1847, donde se reflejaban las ventajas de aplicarla.
Pero la Junta de Agricultura lo descartó en 1849.

En 1851 el Gobierno hizo una encuesta interesándose por el tema. Pero Claudio Moyano dice que fue un desastre. La opinión de los pueblos fue contraria.

El Concordato de 1851 legitimaba la desamortización ya operada, y se comprometía a respetar la propiedad de los compradores. Pero reconocía a la Iglesia la capacidad de adquirir y amortizar bienes. (Ver Concordato. Artículos 35, 41 y 42) Además, el artículo 45 del documento establecía que el Concordato sería respetado por ambos firmantes - Iglesia y Estado - y si hubiera cambios deberían ser acordados bilateralmente. Esto ya fue vulnerado en 1855 con la Ley Madoz.

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