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Legislación de Guatemala (1/14)

Autor: ALBERTINA LOPEZ
Curso:
9/10 (2 opiniones) |2128 alumnos|Fecha publicación: 12/01/2009
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Capítulo 9:

 Proceso penal. El principio acusatorio

EL PRINCIPIO ACUSATORIO

Podemos definir el principio acusatorio, enunciado conforme su formulación latina "nemo iudex sine actore", como la garantía que prescribe la prohibición de enjuiciar a una persona sin un requerimiento claro en el cual se indique con precisión los hechos que se le imputan, formulado por una persona distinta a la que juzga.

A continuación se van a desarrollar las consecuencias de la vigencia de éste principio:

a) Imputación previa obligatoria. No puede existir juicio y ni siquiera se puede dirigir el proceso contra una persona, sin la existencia de una imputación. Sin embargo, no cualquier imputación es válida, sino que debe determinar, con distinta precisión en función del estado del proceso, por que hechos se le está persiguiendo.

Es propio de sistemas totalitarios el sometimiento a proceso de personas sin que se les diga porqué están siendo sindicadas o bajo imputaciones indefinidas como "realizar actividades subversivas" o "atentar contra los intereses del pueblo". Asimismo, también atenta contra este principio cuando se le imputan a la persona calificaciones jurídicas y no hechos. Por ejemplo debe acusarse por haber sido sorprendido el día X, intentando vender Y cantidades de cocaína y no por ser narcotraficante.

En todos estos casos, se imposibilita el derecho de defensa al no conocerse los hechos concretos que se le imputan, por lo que el imputado tendría que hacer frente a valoraciones o calificaciones jurídicas difícilmente refutables. Si bien nadie discute la vigencia del principio acusatorio como fundamento de la acusación,  la exigencia de una imputación previa no se limita a ese momento procesal, sino que se exige desde  la primera declaración como imputado (Art. 81 CPP) y en el auto de procesamiento.

b) Fijación del objeto del proceso por órgano distinto al que enjuicia. El objeto del proceso está determinado en la acusación planteada por el Ministerio Público, o por su ampliación, y por el auto de apertura a juicio, dictado por el juez de primera instancia en su función de control de la investigación. El tribunal de sentencia no tiene facultades para delimitar la materia sobre la cual va a enjuiciar. De esta manera, se preserva la imparcialidad del Tribunal frente al caso concreto.

c) Necesaria correlación entre acusación y sentencia. Nadie puede ser condenado por hechos distintos a los contenidos en la acusación, su ampliación o el auto de apertura. Como se ha señalado en el punto anterior, el tribunal de sentencia no tiene competencias para fijar el objeto del proceso, por lo que en su sentencia no puede variarlo.

Sin embargo, la principal motivación de este principio no es asegurar la imparcialidad del juez, sino la de evitar la indefensión que generaría el ser condenado por hechos sobre los que uno no ha podido defenderse. Este principio hace referencia a los hechos y no a la calificación jurídica, ya que de acuerdo al principio "iura novit curia", el juez conoce el derecho, el tribunal de sentencia  tiene la facultad de variar la calificación jurídica (Art. 388, párrafo 2º CPP).

d) Separación de las funciones de acusar y de juzgar. Para asegurar la imparcialidad del órgano encargado de juzgar, es necesario que no sea órgano acusador. La garantía que pretende proteger el principio acusatorio es la separación entre el juez y el acusador, de tal forma que el primero pueda sustraerse de los influjos subjetivos que la investigación pueda provocar en su decisión y  consecuentemente el potencial peligro de ser parcial. Si una persona u órgano tiene como funciones la de iniciar la persecución penal, dirigir la investigación y acusar es difícil que pueda, con objetividad, cumplir las funciones de control de la investigación, decidir acerca de la situación personal del imputado o dictar sentencia.

Por todo ello, el Código Procesal Penal, separa por un lado las funciones de investigar y acusar, a cargo del Ministerio Público, de las de controlar la investigación y la aplicación de medidas de coerción, a cargo del juez de primera instancia, de las de dictar sentencia, a cargo del tribunal de sentencia.

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