EL DERECHO A UN JUEZ IMPARCIAL

El Pacto Internacional de Derechos Políticos (Art.14) y la Convención Americana (Art. 8), establecen como derecho del imputado, el ser juzgado por un juez o tribunal imparcial. Los mecanismos Constitucionales y legales existentes para asegurar la imparcialidad del juez son:

1º La independencia judicial: La independencia del juez es un principio constitucional, establecido en sus artículos 203 y 205. Al dictar sus resoluciones, los jueces y magistrados,  sólo deben atenerse a lo fijado por la Constitución, los tratados internacionales ratificados por Guatemala y las leyes del país.

La independencia judicial se articula en un doble plano:

I.Independencia del Organismo Judicial frente a los otros poderes del Estado: Como uno de los poderes del Estado y en base al principio de separación de poderes, el Organismo Judicial es independiente del poder ejecutivo y del poder legislativo.

II. Independencia del juez frente a las autoridades del Organismo Judicial: La independencia, no sólo se debe dar frente a los otros poderes, sino también frente a los otros jueces y magistrados. Por ello, el artículo 205, inciso c, establece como una de las garantías, la no remoción de magistrados y jueces. A diferencia de lo que ocurre con el Ministerio Público, la organización jerárquica del Organismo Judicial es exclusivamente funcional y tan sólo permite que un tribunal pueda revocar las decisiones del juez inferior, cuando se plantea recurso conforme al procedimiento legalmente establecido. Es por esa razón que la Corte Suprema de Justicia, a diferencia del Fiscal General, sólo tenga facultad de dictar órdenes y circulares en materia administrativa (Art. 54 de la Ley del Organismo Judicial).

2º La exigencia de juez competente preestablecido: Esta garantía contenida en el artículo 12 de la Constitución, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 8 de la Convención Americana tiene como finalidad asegurar la independencia del juez, evitando que los poderes del estado puedan elegir en cada caso, al  juez que convenga más a sus intereses. Quedan totalmente prohibidos los tribunales de fuero especial. Por estas razones es de suma importancia la existencia de un mecanismo objetivo y no manipulable en la determinación de la competencia de cada juez o Tribunal.

3º El principio acusatorio: La separación de funciones entre investigación, control de la investigación y enjuiciamiento tiene como finalidad, garantizar la imparcialidad del juez, evitando su contaminación y predisposición en contra del imputado. Es muy difícil, que la misma persona que investiga, pueda a la vez controlar que la investigación respete las garantías legales y constitucionales y mucho menos pueda decidir objetivamente sobre la culpabilidad o inocencia del reo. Por ello, el Código Procesal Penal, rompiendo con el sistema inquisitivo, delimita entre fiscal, juez de primera instancia y tribunal de sentencia, las funciones de investigar, controlar la investigación y dictar sentencia.

4º La imparcialidad del juez en el caso concreto: Todos los mecanismos anteriores, tienen por finalidad crear las condiciones abstractas para que un juez sea imparcial. Sin embargo, puede no ser suficiente pues el juez puede tener amistad, enemistad, prejuicio, interés, parentesco con el alguno de los sujetos procesales, pudiéndose poner en peligro su objetividad. Para ello, el Código Procesal Penal (Art. 62 y siguientes) y la Ley del Organismo Judicial, especifican y desarrollan los impedimentos, excusas y recusaciones.