A continuación vamos a detallar las particularidades de cada caso

Registro de viviendas o casas de negocio. El allanamiento

El artículo 23 de la Constitución prohíbe el ingreso en vivienda ajena sin permiso del que la habita, salvo por orden escrita y fundamentada del juez competente. El Código Procesal recoge y amplía este precepto al regular la orden de allanamiento.

La orden de allanamiento es la autorización que da el juez para ingresar y registrar dependencia cerrada de  morada, casa de negocio o en recinto habitado o algunos lugares públicos señalados por la ley, por existir motivos suficientes que hagan sospechar que en el lugar se encontrarán vestigios del delito, el imputado o algún evadido. El allanamiento no es un medio de prueba, sino que es una medida limitativa de derechos constitucionales que se ordena para facilitar la práctica de algún medio de prueba.

El artículo 23 de la Constitución y la regulación en la ley procesal protegen el derecho a la intimidad y no el derecho a la propiedad. Por ello, será necesaria orden de allanamiento aunque el habitante sea arrendatario o mero poseedor sin título.

La ley procesal amplía el alcance del artículo 23 de la Constitución, al no autorizar la entrada y registro a dependencias cerradas de morada, casa de negocio o recinto habitado sin orden de allanamiento, aunque medie la aceptación de su habitante. Ello no supone la inconstitucionalidad del Código Procesal, por cuanto la normativa constitucional en lo referente a protección de Derechos Humanos es un mínimo a cumplir.

La Constitución autoriza que otras leyes amplíen o incluso creen nuevos derechos (artículo 44 de la Constitución). En este caso no se está contradiciendo la norma, sino ampliando la garantía. El motivo de esta ampliación obedece a la facilidad con que en la práctica se vulneraría esta garantía. En muchos casos, el habitante cuya dependencia va a ser allanada ignora el derecho que le asiste a oponerse o incluso, aún conociéndolo, se puede sentir coaccionado por la presencia de las autoridades civiles y policiales. Todo ello, además de suponer una vulneración a derechos fundamentales de las personas generaría numerosas discusiones sobre si el consentimiento existió, fue libre y por lo tanto sobre la validez de la prueba.

Sin embargo, existen algunos supuestos fijados en el artículo 190 en los que no será necesaria la orden de allanamiento:

1º En casos de estragos, cuando se encuentre amenazada la vida o la integridad física de los que habiten en el lugar. Por ejemplo incendio, terremoto, etc...

2º Cuando se denuncien que personas extrañas se han introducido en un lugar y existan indicios manifiestos de que se va a cometer un delito.

3º Cuando se persigue a una persona sospechosa de participar en un hecho delictivo grave, para  lograr su aprehensión.

4º Cuando las voces que provienen de un lugar cerrado anuncien que se está cometiendo un delito, o desde él se pida socorro.
En estos casos, los motivos del allanamiento han de venir bien detallados en el acta. El fiscal, a la hora de valorarla como prueba, deberá ser muy cuidadoso en que no se realice una interpretación extensiva de estos supuestos.