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Fuentes del derecho administrativo

Autor: Diego Acevedo Mira
Curso:
6/10 (2 opiniones) |13722 alumnos|Fecha publicación: 12/06/2006
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Capítulo 6:

 Textos


En nuestro ordenamiento jurídico hay dos tipos de Decretos legislativos:

-        Los Textos Refundidos.

Cuando una pluralidad de textos legales regula una misma materia, es normal y conveniente que el legislativo delegue en el Gobierno la facultad de unificar o refundir tales, de modo que se simplifique y sistematice así la legislación vigente sobre dicha materia.

Según el artículo 82.2, la delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley ordinaria, cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. Lo que se confiere al Gobierno no es la facultad de dictas nuevas normas jurídicas sino la de sistematizar los ya existentes.

De acuerdo con lo anteriormente señalado la delegación habrá de otorgarse al Gobierno (sin que quepa la subdelegación a otros órganos distintos del propio Gobierno), ha de otorgarse de forma expresa para materia concreta (sin que pueda entenderse concedida de modo implícito), ya de fijar plazo para su ejercicio (no puede entenderse concedida por tiempo indeterminado).

De acuerdo con el artículo 82 referido de la Constitución hay dos tipos de textos refundidos, los simples (función de simple refundición) o los sistematizados (regularizar, aclarar o armonizar los textos legales que han de refundirse).

El texto refundido se publica y aparece aprobado por Real Decreto, pero lógicamente tiene valor de ley.

-         Textos articulados.

En este caso la delegación que confieren las Cortes Generales al Gobierno es para que redacte una norma conforme a unas Bases que el propio legislador ha enunciado. Se trata de una delegación más amplia que la del caso anterior, ya que se realiza una auténtica función creativa de normas, si bien tal creación no es libre, sino que ha de ajustarse a las Bases dadas. Estas Leyes de Bases no son de aplicación directa.

Según el artículo 82.2, "La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una Ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos artículos" añadiendo el párrafo 4º que "Las Leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio".

Este precepto se completa con dos límites o cautelas restrictivas de las leyes de bases contenidas en el artículo 83 al decir que: "Las leyes de bases no podrán en ningún caso, a) Autorizar la modificación de la propia Ley de bases, y b) Facultar para dictar normas con carácter retroactivo".

Igualmente la Constitución prevé que cuando una proposición de ley o una enmienda fuera contraria a una delegación legislativa en vigor el Gobierno podrá oponerse a su tramitación. En tal caso podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la Ley de delegación (artículo 84).

Los textos articulados se aprueban también por Real Decreto Legislativo.

1.1.1.   Decretos Leyes: En este caso la actuación normativa del Ejecutivo no está basada en una delegación expresa por razones técnicas, sino en una delegación general para casos extraordinarios y urgente necesidad, que impiden esperar a la tramitación de una Ley.

Están regulados por el artículo 86 de la Constitución.

"En casos de extraordinaria y urgente necesidad el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-Leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades fundamentales de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas, ni al Derecho electoral general".

Los Decretos Leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el Reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario.

Durante el plazo establecido en el apartado anterior las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.

La necesidad urgente la valorará lógicamente quien está llamada a su aprobación, esto es, el Gobierno.

Se aprueban, pues, como Decretos-Leyes y tienen un carácter provisional hasta su consolidación. En el supuesto de que esto no se diere el período desde su publicación a su derogación por "no consolidación" será período de vigencia de esa norma con fuerza de Ley, y en el caso de tramitación como proyecto de ley, la norma hasta su posible aplicación como tal ley, continúa también vigente.

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