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El euro

Autor: Adriana Guevara
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10/10 (1 opiniýn) |6304 alumnos|Fecha publicaciýn: 27/12/2004
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Capýtulo 9:

 El tratado de Roma

El objeto básico del tratado era la creación de un ente supranacional  con personalidad propia, la CEE, con la misión fundamental de formar un mercado común, manifestación visible de una verdadera unión económica.[1]

Para cubrir este objetivo la CEE había de proceder a una larga serie de actuaciones concretas: supresión de toda clase de barreras  intracomunitarias y, el establecimiento de un Arancel Exterior para la formación de un mercado común a lo largo de 12 años (1958-1970).  Esta proceso de dividió en tres etapas:  defensa de la competencia intracomunitaria; adopción de una política comercial común frente a terceros, políticas comunes en los sectores de la agricultura y los transportes; coordinación de las políticas económicas y prevención de desequilibrios en las balanzas de pagos; acercamiento de las legislaciones nacionales a medida necesaria para hacer posible el funcionamiento del Mercado Común; asociación de los países de ultramar; creación de un Fondo Social Europeo FSE, para mejorar las posibilidades de empleo de los trabajadores y elevar su nivel de vida; la constitución de un Banco Europeo de Inversiones BEI, para facilitar la expansión de la comunidad.

 Se previeron así mismo los requisitos para pasar de una a otra etapa del período transitorio, mediante una serie de calendarios específicos para la formación de  la Unión Aduanera (desarme arancelario y aproximación a la Tarifa Exterior Común) y para la supresión de los contingentes.  Para otros aspectos de la formación del Mercado Común se fueron estableciendo  ulteriormente diversos calendarios, con el propósito de amortiguar los efectos derivables de la aplicación del Tratado.

 Lo mismo se pretendió con las cláusulas de salvaguarda.  Independientemente de ciertas medidas de escalonamiento temporal previstas para cuestiones particulares, en caso de dificultades graves susceptibles de persistir en un sector de la actividad económica, o en una determinada región, cualquier estado miembro podía pedir a la Comisión que le fuese autorizada la adopción de medidas excepcionales a fin de restablecer el equilibrio de la situación y adaptar la región o el sector interesados a la economía del Mercado Común.

 El origen del carácter supranacional del Tratado está en el procedimiento por medio del cual se generan las decisiones comunitarias.  La regla de la unanimidad, seguida en determinados organismos intergubernamentales, no restaba ninguna soberanía a sus miembros, pues, en último extremo, cada uno conservaba pleno derecho a disponer sobre su propia conducta.

La libre circulación de bienes supone la inexistencia de barreras de carácter nacional, también la creación de una unión aduanera y el pleno desarme contingentario entre los estados miembros.  La unión aduanera se realiza mediante la supresión de las barreras arancelarias intracomunitarias (desarme arancelario) y por medio del establecimiento de un Arancel Aduanero  Común.

 Para el desarme arancelario, los negociadores del Tratado de Roma fijaron un periodo mínimo de 12 años, dividió en 3 etapas de 4 años cada una (1958 a 1970). En la primera etapa de rebajaría un 30% de los derechos de aduana, otro 30% en la segunda y el resto en la tercera. Dentro de cada una de las etapas, las rebajas arancelarias habrían de hacerse fraccionándolas en 3 partes de 10% cada una.

 

Los referidos porcentajes se previó en un principio en el Tratado que habrían de medirse sobre lo que se puede llamar  "recaudación aduanera teórica en el año base 1956"; esta recaudación estaría determinada por el valor total obtenible de la suma de los  n productos aritméticos resultantes de multiplicar (partida por partida) la cifra de importación procedente  de los restantes estados miembros por sus correspondientes derechos-base nacionales.  Este complicado sistema había de permitir en principio, el que cada estado miembro seleccionase sus reducciones arancelarias, a fin de hacerlas más fuertes en los productos menos sensibles a la competencia extranjera, y de esta forma amortiguar inicialmente las rebajas en los sectores menos competitivos.  [2]

 

Las dificultades prácticas y políticas que cabía esperar como consecuencia de las presiones de los empresarios sobre sus administraciones nacionales hicieron que en la realidad se aplicase el sistema mucho más simple de las rebajas lineales.  Esto es, aplicando el mismo porcentaje de reducción sobre el derecho-base de todas y cada una de las partidas de cada uno de los aranceles nacionales

Aunque en el momento de ser firmado el Tratado de Roma el Arancel Aduanero Común estaba aún sin confeccionar.  Sin embargo, las bases del método y el procedimiento para construirlo, así como sus principales excepciones, quedaron plenamente fijadas en el texto del Tratado.

 

El nivel de los derechos del Arancel Común  motivó el establecimiento dentro del Tratado de Roma de una regla general de confección y de varias excepciones importantes.  La regla general fue: los derechos de la TEC habían de situarse al nivel de la media aritmética de los derechos aplicados en los 4 territorios aduaneros de la comunidad en 1 de enero de 1957 (Benelux, Francia, Italia, Alemania), sin más que algunas excepciones, las más importantes para el sector agropecuario.

 

Así mismo, dentro del Tratado se previó la gradual aproximación de los aranceles de los 4 territorios aduaneros a la Tarifa Exterior Común, TEC, siguiendo varias reglas.  La TEC fue puesta a prueba en negociaciones internacionales por primera vez en 1962 en la Ronda de Dillon, celebrada en el GATT.  Como consecuencia de esta (la V) Conferencia Arancelaria del GATT, la TEC quedó con una protección media (aritmética) del 11,7% ad valorem, por debajo del 17,8% de la tarifa de Estados  Unidos, y del 18,4% del Reino Unido.  [3]

 

La Unión Aduanera prevista en el Tratado de Roma para sus 6 estados signatarios, se amplió posteriormente.  Primero con la adhesión del Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, a lo largo de un proceso transitorio (1-IV-1973 a 1-I-1977).  Después, con la segunda ampliación, la de Grecia, llevada a cabo entre el  1-I-1981 y el 1-I-1986.  Finalmente, con la tercera ampliación, la de  España y Portugal, con un período transitorio desde el 1-I-1986 hasta el 1-I-1993.[4]

 

El dispositivo del Tratado de Roma para la supresión de las restricciones cuantitativas intracomunitarias era análogo al explicado anteriormente, para el desarme arancelario.  Pero no obstante esta analogía inicial, las bases de partida eran muy distintas.    

 La culminación de la Unión Aduanera no significa la plena desaparición de las fronteras intracomunitarias; de hecho, éstas subsisten para los productos agrícolas a causa de los montantes compensatorio y monetario; y para los productos industriales, debido a los ajustes fiscales, que se originan por las diferencias que subsisten en los tipos del IVA de los distintos estados comunitarios: al pasar las mercancías de un país a otro, el exportador las desgrava de su IVA, y al país importador les aplica el suyo propio.  Así pues, las fronteras económicas no dejarán de existir cuando se logre la uniformidad del IVA en todos los países de la comunidad, y cuando se elimine para siempre los montantes compensatorios que tienden a ajustar los tipos de cambio afectados por devaluaciones  y revaluaciones de monedas nacionales.

 En el Tratado, los productos agrícolas quedaron sometidos al régimen relativamente simple de los productos industriales, pero con tan extenso número de excepciones que, éstas constituyen más bien la regla. En el momento de negociar  el Tratado, los productos industriales en los países de la CEE no contaban con otra producción que la derivada de los derechos aduaneros y los contingentes.  Por el contrario, para los productos agrícolas, además de los derechos y contingentes, existían otras muchas restricciones y fundamentalmente el comercio de estado, los calendarios fronterizos, los sistemas de precios mínimos, la licencia previa de importación, constituyendo esto una reglamentación altamente proteccionista.

 El procedimiento para desarrollar la política común también quedo fijada en el Tratado de Roma, conforme al cual se celebró la Conferencia de  Stressa en 1958, de la que surgió el denominado primer Plan Mansholt, verdadera base toda la ulterior política agrícola comunitaria,  cuyas primera disposiciones vieron la luz en 1962: reglas de competencia, reglamento financiero,  decisión sobre precios mínimos y premios reglamentarios sobre productos concretos.

La política en vigor de las disposiciones antes citadas había de ir seguida de la efectiva consolidación de la política común, merced a la adopción de una serie de acuerdos.  Hoy día, la política común se aplica a productos que en su conjunto representan el 90% de la Comunidad, con los siguientes objetivos:[5]

 ·        Libre  circulación de productos agrícolas entre los países de la CEE, en condiciones análogas a las de un mercado nacional.

·        Institución de una preferencia comunitaria en frontera en favor de los agricultores comunitarios, lo cual les garantizará el pago efectivo de unos "precios europeos", superiores a los del mercado mundial.  Para ello, el funcionamiento clásico del Arancel de Aduanas se sustituye por el gravamen sobre los productos extracomunitarios importados de unas exacciones que cubren las diferencia entre el precio indicativo del mercado internacional.

·        Dentro de la CEE funcionan organismos que garantizan la compra, a los precios de intervención, de la producción comunitaria que se les ofrezca.

·        Los excedentes producidos en la CEE tienen garantizada su exportación a base de primas o subvenciones que cubren las diferencias de precios entre los mercados comunitario y mundial.  Del coste de estas intervenciones se hace cargo el Fondo Europeo de Orientación y Garantías Agrícolas,  FEOGA. 

Sucesivamente, fueron organizándose, uno a uno. los mercados comunitarios de los diferentes productos (aceite de oliva, frutas y hortalizas, cereales, carnes, huevos,  arroz, leche, azúcar, tabaco, vinos y semillas, entre otros).

 En mayo de 1992, la Comunidad reformó la Política Agrícola Común, PAC, cuyos principios fundamentales son:[6]

·        Rechazar una salida masiva y urgente de población activa rural, pero aceptar una reducción sensible del número de agricultores, si bien manteniendo el modelo de explotación agrícola familiar.

·        Subrayar la importancia de las funciones del agricultor en el sistema productivo, y poner de relieve su papel, cada vez más notable, en materia de medio ambiente y de desarrollo rural.

·        Considerar que  la  ayuda al sector agrario no debe polarizarse exclusivamente  en el  FEOGA, sino que dicen realizarse desde el conjunto de los Fondos Estructurales de la Comunidad.

·        Consolidar y crear nuevos instrumentos para asegurar el control de las producciones, permitiendo un equilibrio de los mercados internos, y una virtual desaparición de los excedentes.

·        Extensificar la agricultura con explotaciones de mayor dimensión, con menor impacto a negativo medio ambiental.

·        No rechazar. la idea de la competitividad, aunque reconociendo que las explotaciones menores no tendrán siempre garantizadas su rentabilidad en función del mercado; y por ello mismo deberán ser apoyadas indefinidamente.

·        Mantener los principios básicos de las PAC, en términos de unidad de mercado; preferencias comunitarias; y solidaridad financiera; sobre todo, de cara a las pequeñas y medianas explotaciones.

El efectivo funcionamiento de un mercado común requiere la libre circulación no solo de bienes, sino también de los factores de producción.   En el Tratado de Roma, estos  factores (trabajo y capital) adoptan las siguientes denominaciones técnicas:  1. Trabajadores (trabajo manual, sin acompañamiento de capital); 2. Derecho de establecimiento; 3. Servicios; 4.  Capitales (capital puro, aspecto exclusivamente financiero).[7]

 La libre  circulación de personas, servicios y capitales dentro de la CEE y la coordinación de la política de transportes al interior de "los seis" no ha significado ningún problema verdaderamente grave para la comunidad.  En buena parte porque en estos 4 aspectos la política de los países de la CEE ya estaba altamente homogeneizada en el momento de entrar en vigor el Tratado de Roma, gracias a los esfuerzos previamente  realizados en el marco de la OECE.

 El Tratado de Roma contempla una protección considerable a la agricultura y adopta disposiciones  especiales dentro de las cuales se encuentra el establecimiento de la Política Agrícola Común PAC.  La unión aduanera representa otro renglón importante, abarca el comercio de todos los  bienes, la reducción de los aranceles internos por etapas hasta que en 1968 todo el comercio intra-CEE queda exento de derecho; la armonización legal y administrativa permitió en 1995 abolir los puestos aduaneros internos; finalmente, el arancel externo común se fija aproximadamente como el promedio de las tasas de los países socios.  La realización de estas tareas fue confiada a las nuevas instituciones europeas: Parlamento Europeo, Comisión  Europea, Consejo de la Unión Europea, y, Tribunal de Justicia. Más tarde el Tratado de Maastricht crea nuevas instituciones, y dota de nuevas facultades a las ya existentes.

 Las instituciones europeas son:  Parlamento Europeo, Comisión Europea, Consejo de la Unión Europea, Tribunal de Justicia, Tribunal de Cuentas, Los Comités de las Regiones, y Económico y Social, El Sistema Europeo de Bancos Centrales, SEBC y el Banco Central Europeo, BCE, y el Consejo de Ministros.  Las funciones y composición de estas instituciones se ha explicado en el Marco de Referencia de esta investigación, y las demás se tratarán en los capítulos pertinentes, razón por la cual no se detallan aqui.

[1]Op. cit

[2]Op. cit

[3]Op. cit

[4]Op. cit

[5]Op. cit

[6]Op. cit

[7]Op. cit

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