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El euro

Autor: Adriana Guevara
Curso:
10/10 (1 opiniýn) |6304 alumnos|Fecha publicaciýn: 27/12/2004
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Capýtulo 47:

 Las relaciones entre la Unión Europea y América Latina, el Caribe y Colombia (9)

En las llamadas políticas horizontales de cooperación, por no tener un destinatario regional, la participación de América Latina fue minoritaria, a lo cual se unió la magritud de los fondos del presupuesto (salvo la ayuda alimentaria). En 1982 se aprobó el primer programa de la ciencia y la técnica al servicio del desarrollo 1982-1986, a los que se asociaron centros latinoamericanos en un 15% de proyectos, doblándose las dotaciones en 1987. Del programa de cooperación científica internacional podían beneficiarse sólo aquellos PVD con los que la Comunidad tenía firmados acuerdos de Cooperación (países ALAMED), e iba destinado a fomentar la movilidad de los científicos de los PVD.

 Debido a las críticas, la ayuda alimentaria fue objeto de una reforma que la desvinculó de la gestión de los excedentes agrícolas integrándola en la política global de desarrollo de la Comunidad. La participación de América Latina se concentró en los países de renta más baja, destacando la ayuda a los refugiados y personas desplazadas a causa del conflicto centroamericano.

En octubre de 1983 se creó el Instituto de Relaciones Europa-América Latina, IRELA con el objetivo de fortalecer las relaciones entre la Comunidad Europea y América Latina, así como prestar su asistencia a las instituciones comunitarias. A partir de entonces se dedicó a promocionar la investigación y facilitar el diálogo sobre cuestiones interregionales.

Debido a los importantes cambios en la escena internacional era previsible que la atención europea se concentrase en los procesos políticos y económicos de sus vecinos contiguos, pero otros factores coadyuvaron al decaimiento de la atención europea por América Latina: los procesos de democratización en la región se iban consolidando, al tiempo que cierta recuperación económica y la aceptación de la disciplina presupuestaria no hacían temer por un incumplimiento de los compromisos sobre deuda externa. A ello se unieron condicionantes del propio proceso de construcción comunitaria para la firma del Tratado sobre la Unión Europea de 1992 en Maastricht y las negociaciones para el ingreso de los tres candidatos nórdicos más Austria. Finalmente, la cumbre de Essen consagró la estrategia de apertura al Este para su futura integración en la Unión y el desarrollo de una nueva política de cooperación con los países mediterráneos.

En el terreno político se opera un viraje desde una estrategia reactiva a corto plazo a una acción sostenida basada en el diálogo permanente y con vocación de sustituir la pasada concatenación de actos unilaterales por medidas concertadas.

 El interés europeo por influir en el restablecimiento de las democracias se materializó en la condicionalidad política, mal asimilada en América Latina donde señalan la contradicción entre esta extraordinaria preocupación por la integridad de las instituciones democráticas latinoamericanas y la negativa a cambiar políticas económicas, opina el analista Heine, que obstaculizaban el acceso a los mercados comunitarios. A pesar de ello, se impuso la llamada cláusula democrática, por la cual la aplicación de las disposiciones reglamentarias o los acuerdos interregionales y bilaterales queda sometida al mantenimiento del Estado de Derecho democrático y al respeto a los Derechos Humanos. [1]

Tras la conferencia de Luxemburgo en abril de 1991, donde se firmó el acuerdo con México, vino la de Santiago de Chile en mayo de 1992, condicionada por la situación en Perú y los intentos de golpe de Estado en Venezuela. Una vez reincorporado Perú se firmó el acuerdo marco con el Pacto Andino en la reunión de Copenhague en 1993 y la conferencia de abril de 1994 adoptó la Declaración de Sao Paulo, que estableció pautas para una serie de acciones conjuntas en el plano político, económico y de cooperación con el fin de promover los intercambios en el interés mutuo de las dos regiones. Subsiste la duda sobre el alcance real de la cooperación política en un mundo en que las relaciones económicas dominan las relaciones de poder. Sin embargo, dada la escasa atención que América Latina recibe de Europa, la posibilidad de hacer oír su voz de manera regular sigue siendo una importante baza a la hora de plantear nuevas vías de acercamiento.

 En el plano interregional, la Comisión elaboró una propuesta de documento sobre las nuevas Orientaciones para la cooperación con América Latina y Asia en la década de los noventa, en junio de 1990, basado en el apoyo a la democracia y los Derechos Humanos con la generalización de la cláusula democrática unido al desarrollo sostenible, que introduce la dimensión ambiental en la política de cooperación. Dentro de ésta, se distinguía entre la destinada a los países mas pobres y la cooperación avanzada destinada a los países o regiones de renta media, pero concebida en términos de reciprocidad. El 31 de Octubre de 1994, el Consejo Europeo de la UE aprobó el Documento Básico sobre las relaciones de la Unión Europea con América Latina y el Caribe que propone una nueva colaboración basada en los valores democráticos (cita tres interlocutores: el Grupo de Río, América Central y Mercosur) y ofrece iniciar conversaciones sobre nuevos acuerdos más ambiciosos.

 El Parlamento Europeo a través de su diálogo privilegiado en las Conferencias Interparlamentarias, se ha convertido en el portavoz ordinario de las preocupaciones latinoamericanas e inductor de nuevos instrumentos de cooperación. En apoyo a la integración regional la Comisión ha celebrado acuerdos de cooperación interinstitucional con sus homólogas en los sistemas de cooperación interregional y abrió nuevas delegaciones u oficinas permanentes de la Comunidad. Finalmente formalizó su estatuto de observador en la Organización de Estados Americanos, OEA, la ALADI y el SELA. Todo ello se traduce en la creación de una red ordinaria de intercambios que se suma al diálogo de las cumbres y a la realizada de forma bilateral entre la Comunidad y los países con los que tiene firmados acuerdos de cooperación.

El 2 de abril de 1990, con la firma del primer Acuerdo Marco de Cooperación Económica con Argentina, se inauguró la serie de los llamados acuerdos de Tercera Generación donde se aplicaba en el plano bilateral las nuevas orientaciones.

 Posteriormente se firmaron nuevos acuerdos hasta cubrir casi la totalidad de la región: Chile, en diciembre de 1990, México en abril de 1991, Uruguay en noviembre de 1991, Paraguay en febrero de 1992, Brasil en junio de 1992 y en 1993, el acuerdo con Centroamérica en febrero y con el Pacto Andino en abril.

Destacan cuatro características claves, según De Juan y Peñalosa: el condicionamiento democrático de la cooperación, recogido en cláusula expresa (salvo en el acuerdo con México); la importancia de la cooperación industrial, científica y tecnológica; la concepción del acuerdo como un instrumento de estrategia global de desarrollo y la cláusula evolutiva que permite ampliar y profundizar los niveles de cooperación por mutuo consentimiento. Estos acuerdos son el marco obligado para acceder a los nuevos instrumentos de cooperación avanzada; sin embargo, al no acompañarse de un protocolo financiero, la financiación dependerá de las asignaciones presupuestarias que decida la Unión Europea. [1]

El SGP, que experimentó una pérdida acumulada de las ventajas comerciales como resultado de la progresiva disminución de los aranceles comunitarios respecto a terceros Estados y la ampliación de barreras no arancelarias, fue reformado con la sustitución de la antigua diferenciación en productos y países por la aplicación de dos nuevas técnicas: el mecanismo de graduación, que mide el grado de dependencia del país beneficiario respecto al producto y el nivel de ingresos per cápita junto al nivel de exportaciones hacia la UE  y el mecanismo de solidaridad aplicado en caso de que un solo país acapare el 25% excluyéndolo del SGP.

[1]DE JUAN Y PEÑALOSA, R.  Chile estrena la nueva generación de acuerdos de cooperación de la Comunidad Europea para América Latina en: Revista d´ Afers Internacionals No. 21. Barcelona: 1991.

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