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El euro

Autor: Adriana Guevara
Curso:
10/10 (1 opiniýn) |6304 alumnos|Fecha publicaciýn: 27/12/2004
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Capýtulo 45:

 Las relaciones entre la Unión Europea y América Latina, el Caribe y Colombia (7)

El Consejo aprobó las Nuevas orientaciones de la CEE para las relaciones con América Latina, primer documento que trazaba una estrategia global que atendiera a la diversidad de las situaciones y las necesidades en América Latina valorando los espacios de cooperación política y las relaciones interparlamentarias. Aunque aceptó algunas propuestas y la necesidad de una evaluación periódica sobre su aplicación, no se comprometió a aumentar los fondos y así primó de nuevo la intencionalidad política sobre el contenido material, confirmando la impresión de distanciamiento entre las relaciones políticas y las económicas, según explica Van Klaveren. [1]

Puntualmente, buen número de declaraciones institucionales se refirieron a acontecimientos políticos de América Latina denunciando la violación de Derechos Humanos por parte de los regímenes autoritarios. Esta alta preocupación por su cumplimiento en la zona, mucho mayor que la que inspiraban otras regiones donde también distaban de ser respetados, fue considerada discriminatoria por los gobiernos afectados pero, en otro sentido, se interpretó como reconocimiento de un sistema de valores común; así, las declaraciones que saludaban los procesos de democratización fueron señaladas como un segundo factor de politización de las relaciones, según el citado Grabendorf. [2]

En el ámbito económico, las discrepancias entre las tres instancias que participan en el proceso legislativo comunitario son palpables. Se puede formular una proporción inversa, según la cual a menor poder de decisión mayor generosidad en las propuestas y, al contrario, la falta de concreción de las propuestas es directamente proporcional a la capacidad de obligarse.

Así la comisión en las Orientaciones de 1984 alegaba el estrecho margen de maniobra a corto y mediano plazo en materia comercial y afirmaba que el factor determinante de la disminución o el estancamiento de la participación relativa de las exportaciones latinoamericanas no era el proteccionismo de la Comunidad, sino factores de carácter estructural. Esta postura era fuertemente contestada por el SELA, quien acusaba a la Comunidad de bloquear el diálogo, al eludir las consecuencias negativas que las políticas comercial y agrícola habían tenido en relación a América Latina. En cambio, el Parlamento Europeo sí asumía que el proteccionismo de los países desarrollados contribuyó a dificultar la situación.

Al ingreso de España y Portugal en la Comunidad, se estableció un régimen transitorio para algunos productos y España incluyó, a título propio, una declaración en la que proponía encontrar soluciones permanentes en el marco del SGP, lo que resultó difícil dado el carácter temporal y no obligatorio del esquema que permite su retirada total o parcial. Un nuevo reglamento inició la reforma del SGP el 12 de diciembre de 1985 basado en la aplicación diferenciada de las preferencias, la actualización de los límites, el aumento de la seguridad del acceso a las ventajas y la simplificación. La diferenciación continuó en el Reglamento 3.635/87 alegando que los países relativamente más avanzados habían obtenido los objetivos del sistema al aumentar su cuota de mercado y no estaba justificado prorrogárselo. Esta aplicación diferenciada, sumada al carácter no preferencial, era contestada por los países de renta media que veían en ella una especie de sanción contra el progreso, describe el analista Roett, R. [3]

En la crisis de la deuda externa, la falta de competencia de la CE y la negativa de los Estados miembros a negociar al margen de los organismos internacionales hicieron fracasar los tímidos intentos de mediación que trató de poner en marcha la comisión con apoyo del Parlamento.

El nuevo tratado con Brasil de 1980 inauguró la segunda generación de acuerdos bilaterales de cooperación que superaba los límites comerciales recurriendo a la base jurídica del artículo 235 Tratado de la Comunidad Económica Europea. Brasil, que absorbía más de un cuarto del comercio total entre la CEE y América Latina en su conjunto, era además un importante proveedor de materias primas. Esta doble vertiente se reflejó en los objetivos del acuerdo: abrir fuentes de aprovisionamiento y nuevos mercados. La Comunidad se negó a reconocer a Brasil como PVD por temor a la competitividad de sus producciones aunque le reconocía como miembro del Grupo de los 77.

En diciembre de 1983 se firmó con el Grupo Andino el primer Tratado de Cooperación con una asociación de integración regional latinoamericana. Eran países que individualmente no habían despertado el suficiente interés, pero en conjunto superaban el volumen de intercambios de Brasil con la Comunidad, con una balanza comercial deficitaria en su contra. La Comunidad les reconoció el estatuto de PVD, aunque matizado según los diferentes grados de desarrollo de cada país y se incluyó una declaración unilateral prometiendo mejoras en el SGP que llegaron con el Reglamento 3.752/83, donde se estableció la aplicación conjunta a los países del Grupo Andino de la definición de producto originario. No hubo compromisos financieros concretos y tan sólo se instaba a las partes a poner los medios necesarios para la realización de los objetivos. El acuerdo con los Estados miembros del Mercado Común Centroamericano, MCCA y Panamá se firmó en la conferencia de Luxemburgo a imagen del anterior.

En general todas las concesiones comerciales hechas durante dicho período a América Latina fueron unilaterales, de carácter excepcional y temporales. En el campo económico en sentido amplio, se extendieron los ámbitos materiales de cooperación poniendo énfasis en la potencialidad del sector privado (inversiones, capital riesgo, transferencia de tecnología) con dos objetivos específicos: la ampliación del mercado interno de América Latina y la promoción de las inversiones europeas directas en la región.

Partiendo de mínimos, la política de cooperación comunitaria creó una sofisticada red de instrumentos ampliando sectores para adaptarse a la heterogénea realidad latinoamericana. A pesar de ello, no se respondió a todas las expectativas y en América Latina se extendió la convicción de que Europa no aportaba una contrapartida económica suficiente a su intervención política en apoyo de los frágiles procesos democráticos que trataban de salir adelante en un contexto económico, social, cultural e internacional muy desfavorable. Sin embargo, sí se produjo un salto cuantitativo de la cooperación europea aunque gran parte de la ayuda se trató de capitalizar bilateralmente. España, consciente de sus limitaciones como donante individual, trató de jugar la carta europea y continuó el discurso aperturista y globalizador iniciado por el Reino Unido en la década anterior.

Durante la primera mitad de la década prosiguió una cooperación financiera y técnica de corte clásico basada en el desarrollo rural, 67% entre 1976-87, mientras la ayuda industrial recibía un 13%, los servicios un 8% y la reconstrucción un 7%, por lo que se concentraba en las zonas de menor desarrollo relativo y en sectores de población necesitada. Después se inició un tipo de cooperación más plural en los instrumentos y objetivos, inaugurando el proceso de diversificación según el grado de desarrollo de los países beneficiarios que se consolidaría en los noventa. [4]

La cooperación con América Latina se estructuró en tres grandes categorías: la Cooperación para el Desarrollo, que comprende cooperación financiera y técnica, ayuda alimentaria y ayuda a través de ONG; ésta suponía un 90% del total de ayudas comunitarias entre 1976-89; la ayuda humanitaria, con el 6%; y la llamada Cooperación Económica, inicialmente con un 4% pero en ascenso. Al mismo tiempo, la Comunidad iba afianzando su presencia y adquiriendo experiencia para gestionar su participación en los grandes proyectos de la zona; entre 1976 y 1984 dos tercios de los programas comunitarios se cofinanciaron con otros donantes pero, conforme crecían los medios financieros y los instrumentos, se pasó a un tipo de cofinanciación paralela en la que la CE asumía la responsabilidad exclusiva de parte o todo un sector de un proyecto, hasta que al final de la década su participación se aproximó al 80% del costo total. [5]

La inclusión del ámbito de la cooperación fue la gran novedad de los acuerdos de segunda generación; en el acuerdo con Brasil, dado el mayor desarrollo relativo del país, se propuso la reciprocidad e incluso, una cooperación cofinanciada respecto a terceros. En cambio, el acuerdo con los países del Grupo Andino (receptores de un 50% de la ayuda financiera y técnica de América Latina) y el MCCA, recogió una distinción en tres ámbitos: la cooperación económica, la cooperación para el desarrollo y la cooperación comercial; pero su aplicación se dejó a los programas comunitarios sin adquirir obligaciones contractuales.

En su expansión hacia nuevas zonas geográficas la política de cooperación evolucionó de un tratamiento genérico respecto a los destinatarios, pero limitado en cuanto a los objetivos, a instrumentos más específicos dirigidos a determinadas categorías de sujetos. El primer reglamento que dio base jurídica estable a la Cooperación Financiera y Técnica con los PVD no asociados en 1981 presentaba una cooperación asistencial; ayudas en forma de subvenciones no reembolsables que potenciaban proyectos de desarrollo rural, producción alimentaria y de forma marginal, proyectos de integración regional y ayuda a la reconstrucción en caso de catástrofes naturales. La prioridad para los PVD menos desarrollados limitaba el acceso de América Latina a los fondos de modo que sólo Centro América y los países menos desarrollados del Pacto Andino fueron destinatarios de importancia. Cada año se establecía una clave de reparto geográfico que comenzó siendo del 73% para Asia, el 20% para América Latina y el 7% para África y fue acortando distancias hasta que en 1988 se separaron las líneas presupuestarias haciendo posible que un aumento para América Latina no repercutiera en Asia, aunque se pactó un 65% para a Asia y un 35% a América Latina. La adjudicación de las ayudas se hacía por la comisión PVD-ALA compuesta de representantes de los Estados miembros sin que el beneficiario participase más que dando su consentimiento en el convenio de financiación. [6]

Al final de la década, algunos gobiernos latinoamericanos tomaron la iniciativa de presentar a la Comunidad solicitudes de financiación para proyectos propios integrados en programas de ámbito nacional, contribuyendo a la dinamización de las estrategias de desarrollo diseñadas por las autoridades locales. Así, Centroamérica acudió a San José IV en 1988 con el Plan de Acción Inmediata. En 1989, el Gobierno boliviano presentó el Programa de autodesarrollo campesino; se firmó un convenio de financiación con Perú para un Programa de desarrollo del Altiplano y se colaboró en el Plan especial de Cooperación para Colombia. Estos programas iban destinados a eliminar focos de marginación y conflictividad social, con la finalidad de contribuir a una estabilidad de los Gobiernos democráticos.

Dentro de la cooperación económica se abrieron las líneas de promoción comercial con 23 Millones de ECUS hasta 1989, cooperación energética (21 Millones de ECUS), promoción industrial y de las inversiones (20 Millones de ECUS). Además de apoyo a la integración regional y medio ambiente incorporados al final con cantidades marginales. [7]


[1]VAN KLAVEREN, A.   Relaciones entre Europa Occidental y América Latina: Una profundización esquiva: 1989.

[2]Op. cit

[3]ROETT, R. Brazil´s international relations in perspective en: Revista Orbi Spring: 1982.

[4]Op. cit

[5]Op. cit

[6]Op. cit

[7]Op. cit

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