La ruptura del contrato social que permitía la movilidad, y la inseguridad laboral han erosionado la capacidad organizativa y asociativa de vastos sectores de la comunidad, pero particularmente aquellos más frágiles y desprotegidos.

Algún lector podrá objetar, como lo hizo una entrevistada, que "... nosotros en el barrio hace años tenemos la comisión y funciona..." , lo cual es cierto, o mejor, relativamente cierto, porque: 1º)- ¿Cuántos miembros de la comisión efectivamente trabajan? Pocos. 2º)- ¿Cuántos vecinos participan en las reuniones y asambleas? Pocos. 3º)- ¿Qué actividades deportivas y/o culturales organiza la comisión en conjunto con los vecinos? Ninguna. 4º)- ¿Con qué otras organizaciones de barrio o de la comunidad se asocian para beneficiar y promover a los vecinos? Con ninguna.

Por supuesto que el compromiso y la voluntad puestas en escena son absolutamente meritorias y no se trata ni de desmerecerlas o de inculpar a los involucrados, lo interesante es ver el escaso desarrollo asociativo y de negociación, es decir, la pequeña parte de poder que estas organizaciones generan de cara a la negociación por la construcción de la comunidad, especialmente en los espacios de decisión de cualquier índole, llámese productivo, comercial, cultural, social o político.

Esas asimetrías, tal como lo exponemos en nuestra hipótesis tiene traducción práctica en la exclusión de estos sectores en dichos espacios, y, yendo un paso más allá, con cierta discriminación basada en el color, condición social o económica.

Es usual que los habitantes de determinada zona o de una categoría social miren con cierto desdén y aire de superioridad a vecinos de zonas aledañas, especialmente de barrios construidos por el Estado. Entra a jugar el factor de la "portación de cara". Como anécdota ilustrativa recuerdo que en el 2001, en la plaza Ramírez, en medio de los disturbios del día 20 de diciembre, se detuvo (con golpes incluidos) un ciudadano "sospechoso" que pasaba por el lugar, cuyo delito era tener la tez oscura.

Ni que hablar de la actitud de algunos vecinos del "centro" que en cada "extraño" veían un saqueador.

Sostengo la postura de la necesidad de aceptar y asumir la realidad social y política para intentar, con cierto éxito, mejorarla. Y en esta dirección parto de una base dura pero suficientemente demostrada por la realidad y algunos trabajos de campo efectuados en nuestra ciudad, la cual nos irroga que en Gualeguaychú discriminamos, es más, segregamos a hermanos nuestros, claro que con cierto disimulo y elegancia, lo que hace a la discriminación una especie de hipocresía destructiva y enfermiza.

No son temas menores los planteados, pues están en la base misma de esas asimetrías manifiestas en los distintos sectores de la sociedad civil.

¿Cómo revertir esta situación? ¿Cuál puede ser el camino a seguir? ¿De qué manera y con que recursos contamos para ello?

Para contestar a estos interrogantes debemos acercarnos un tanto a la realidad política y, esencialmente, a la política municipal, tanto en sus actores individuales como en su concepción ideológica o de cuerpo.

Este punto es el que vamos a desarrollar a continuación.