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Autor: Sergio Fabián González
Curso: 4,75/5 (2 opiniones) |1029 alumnos|Fecha publicación: 13/07/2005

Por lo general son los Estados Municipales quienes se encuentran cara a cara con las diversas problemáticas sociales; es el intendente quien debe "responder" ante las inquietudes. Este es un serio inconveniente en la provincia de Entre Ríos, pues los Municipios cuentan con pocas herramientas al no gozar de autonomía y percibir la coparticipación de tributaria de arriba hacia abajo.

Las implicancias de este cóctel son bastas: desde la dependencia de voluntades superiores hasta la extorsión y la manipulación de los poderes centrales; desde la escasa capacidad operativa y la dependencia de determinaciones foráneas para la resolución de problemas.

Si lo resumiéramos en tres o cuatro parámetros podríamos tomar la dependencia económica, el relativo marco normativo que pueden aplicar y la falta de manejo en políticas de salud y educación.

Pero más allá de estos obstáculos, no deja de asombrar los notables contrastes actuales entre municipios similares en población y recursos económicos.

Se vuelven a conjugar diversos factores tales como el capital social y cultural, compromiso dirigencial y calidad del mismo, vínculos comunitarios y solidaridad.

Esto demuestra que dentro de determinados parámetros y considerando las restricciones de circunstancia, cuadro jurídico normativo y económico, existen posibilidades que los distintos actores han capitalizado de manera más o menos eficiente, y cuyo resultado podemos corroborar por los frutos y logros en lo socio - económico - político - cultural.

Esto podemos encuadrarlo en dos grandes vértices o ejes que se traducen en sendos problemas a encarar: a)- La necesidad de cuantificar y calificar la capacidad técnica y de gestión; b)- Atender de manera más eficiente las demandas que se transfieren inexorablemente a los gobiernos locales, entendiendo por tales a las Municipalidades de primera y segunda categoría (Ley 3001, Orgánica de Municipios de Entre Ríos).[1]

En el primer rubro, a su vez, debemos centrarnos en aspectos diversos, como ser el político - institucional, es decir, de qué manera y cómo trabajan el Poder Ejecutivo y el Legislativo /Concejo Deliberante), las relaciones entre estos dos órganos y los partidos políticos, especialmente el dominante en la zona, la "forma" de la acción política y la relación Inter. Bloques, etc.

En este aspecto político - institucional y atendiendo al desarrollo local, es importante develar la acción, actitud, calidad e influencia de los punteros políticos, inserción social, existencia o no de oposición, calificación de la misma, etc.

Estos datos nos permiten visualizar las relaciones de poder y las potencialidades que podemos usufructuar, como, asimismo, las debilidades y falencias propias.

Otro aspecto a considerar es la estructura administrativa, pues la misma es el vehículo para la concreción de políticas y programas sociales.

Esta estructura será la facilitadora (o no) de la acción de gobierno, y permitirá al intendente responder con eficacia a las demandas sociales, amén de sostener los servicios básicos para cualquier comunidad, como ser la cloaca, el agua, etc.

En la actualidad se verifica claramente que tanto el gobierno nacional como los de provincia "delegan" a los municipios "las cuestiones sociales", pesado lastre para quienes cuentan con escasos recursos, como ya lo hemos visto up supra. La paradoja se da en que estos que son los más débiles y expuestos del escenario político - institucional, suelen ser los más eficientes y transparentes en la gestión.

Por último, está el aspecto esencial de la relación del municipio con la sociedad , pues en esta relación descubrimos la gestión que se pretende desde el municipio.

Aquí juegan un rol fundamental las asociatividades y las capacidades de organización de cada sector a fin de negociar e interpelar con poder. Como lo expresáramos más arriba, es en este aspecto donde las flaquezas de las organizaciones vecinales se hacen más evidentes, pues mientras los profesionales tienen una presencia directa o indirecta permanente, las vecinales, en general, no cuentan en la toma de decisiones.

Esto no quiere decir que algún intendente dé lugar a la consulta y participación, pero no es un especio ganado por las organizaciones vecinales, sino cedidas por el poder político, y esto puede ser potencialmente peligroso.

En este aspecto de la relación del municipio con la comunidad es fundamental contar con dirigentes verdaderamente democráticos y abiertos, pues se deben generar los canales para que esa relación sea verdadera y fructífera, no es hacer "como que", sino "hacer realmente".

Si este espacio funciona correctamente y cada actor ocupa el lugar que se ha ganado según el poder adquirido, entonces las políticas sociales serán verdaderamente de Estado, pues surgirán de un consenso pluralista y democrático, caso contrario, las políticas, por más que se invite a debatir sector por sector, será siempre restringida a la gestión y posición ideológica.

Podemos, siguiendo al Licenciado Daniel Arroyo, establecer tres tipos de estilos políticos atendiendo a la gestión del intendente:

1.    El modelo de gestión centralizado: es el típico y que todos conocemos. Es el intendente con algunos secretarios quienes planifican y realizan las intervenciones. Tiene la bondad de ser eficiente en cuanto a la consecución de determinados objetivos, pero adolece de no construir un entramado social de proyecto conjunto y corresponsabilidad. El ciudadano, el vecino no es parte del proceso, sino beneficiario de los logros alcanzados.

2.    El modelo de gestión descentralizado: Se planifica y ejecuta con la participación barrial o en las distintas áreas territoriales. Permite que los vecinos sean parte y favorece la interacción coordinada de distintos actores, especialmente del sector privado. Pero su gran peligro es que al existir manifiestas desigualdades las mismas sean potenciadas por este sistema.

3.    El modelo de gestión asociada: es una especie de conjunción síntesis de los anteriores, pues existe una fuerte presencia del ejecutivo municipal marcando pautas, pero las organizaciones de la sociedad civil participan activamente, conformando una visión holística de la comunidad que permite evitar el aumento o acentuamiento de las desigualdades.

¿Cómo se ha dado este proceso en Gualeguaychú? ¿Qué rol ha jugado el Estado Municipal?

En nuestra ciudad se da la especial característica de que los distintos gobiernos han sido muy austeros con la cosa pública, y en general ha habido buenas administraciones.

Pero a partir de la década del noventa, con el arribo al poder comunal de un brazo del Partido Justicialista, se produce un cambio significativo de la política municipal.

En la Gestión del Doctor Manuel Alarcón y merced a una gestión equilibrada, se acumuló una gran disposición de recursos, los cuales sumados a una demanda judicial contra la provincia con fallo favorable, fue capitalizado por la gestión del Doctor Luis Leissa.

Así, la Municipalidad de Gualeguaychú adquirió maquinaria, impulsó fuertemente la obra pública e inició un camino de transformación de la ciudad en su estructura urbana y vial.

Esta política tuvo continuidad ya que la misma rama política a retenido el poder en las elecciones de 1995, 1999 y 2003 respectivamente.

Desde el punto de vista de los logros y el grado de confianza adquirido en los ciudadanos (la última elección se obtuvieron más del cincuenta por ciento <50%> de los votos), es sugerente; cabría analizar hasta qué punto esto es bueno en un sistema republicano.

Como dijimos, la obra pública adquirió niveles notables y se implementaron programas que comenzaron a preparar el camino para una mayor y mejor organización de los vecinos (Plan habitacional "1000 Viviendas", de autoconstrucción).

También hubo avances en lo cultural como el programa "Gualeguaychú Joven", la construcción del Anfiteatro, el apoyo a la Comisión del Carnaval del País, etc., pero todo ello tenía y tiene aún hoy un talón de Aquiles: los eventos culturales y sus expresiones estaban y están lejos de los barrios, concentrados en determinados sectores de la ciudad y a los cuales acceden, en general, solo un grupo reducido de personas.

Resulta claro la necesidad de que el Estado intervenga fuertemente en los barrios para movilizar y posibilitar el desarrollo de la y las culturas de cada zona, pues las riquezas son inmensas.

Esto implica, entre otras posibilidades y consecuencias un cambio en la perspectiva de las políticas culturales; de una centrada en los eventos a una centrada en lo cotidiano y popular, de lo extraordinario y restringido a un sector de la cultura a lo ordinario y propio de la diversidad.

Entonces, compete a las políticas oficiales capacitar, promover y acompañar a estos sectores, que en lo económico no gozan de holgura, sino de estrecheces.

El fortalecimiento debe pasar no solo por organizar los vecinos, sino por enseñarles a construir poder, básicamente respetándolos como representantes del barrio.

Esto implica que ante determinados planteos, el Estado no puede estar ausente, sino responder con prontitud, haciendo una tarea planificada y consensuada, atendiendo la gran obra pública, pero sin desatender lo usual, promoviendo los megaeventos culturales, pero sin obviar lo peculiar de lo pequeño y sencillo.

Los sectores de la producción y el comercio, los ONGs en general cuentan con sobrados recursos técnicos, intelectuales y económicos para su auto capacitación y construcción de poder, pero estos sectores vecinales no cuentan con esos recursos y por ello, intentando la promoción social, es que la Municipalidad, dentro de su posibilidades, debe destinar importantes recursos a igualar las posibilidades hacia arriba.

Cuando hablamos de recursos lo hacemos en el sentido amplio, es decir, también recursos humanos y técnicos.

Debemos entender que se puede debatir y lograr consensos con cualquier ciudadano, a cuenta que consideremos las condiciones de ese diálogo y las posibilidades de decodificación de cada uno, pues es muy difícil entablar una relación cuando se hablan idiomas distintos, y mucho peor cuando se hace alarde de ese "otro idioma", lo cual marca no mayor cultura, sino la idiotez ilustrada.

No obstante, es deber indelegable del Estado en este tiempo, hacer que ese nivel de discusión se eleve y alcance visos de mayor excelencia, pues muchas condiciones ya existen, pero otras deben ser creadas o desarrolladas.

Por eso no basta con decir, no se es más democrático por llevar un proyecto al barrio con todo decidido y buscar "un aval", se debe tener ese grado de apertura que, a partir de un documento de trabajo todos puedan aportar y, si fuera el caso, construir uno nuevo.

Seguir con la lógica de los técnicos que proponen soluciones científicas y olvidan el drama de lo humano puede acarrear que las buenas intenciones se estrellen contra la indiferencia. Es menester avanzar en un camino donde el sentido común, lo técnico y lo político logren alcanzar un punto de equilibrio y progreso, de respeto y mutua colaboración.

Por supuesto que esto es fácil de escribir o decir, otra cosa es hacerlo.

Pero el único sendero para alcanzar este cuadro de situación es el de dar el primer paso, intentar el método del ensayo y error, pues otras experiencias son enriquecedoras, pero difícilmente traspolables de una ciudad a otra... cambian los actores, las condiciones y las posibilidades.

Es importante destacar que la Municipalidad de Gualeguaychú desde hace años trabaja en este sentido, baste con observar las Ordenanzas que regulaban y regulan la creación y funcionamiento de las organizaciones vecinales.[2]

Si repasamos lo expuesto podríamos deducir que la importancia estratégica y táctica que le compete al Estado Municipal en el desarrollo local es de gravedad manifiesta.

Este sendero es estrecho y separarse de él requiere el mínimo descuido. Por ejemplo, este proyecto resulta inviable si los dos sectores que componen la administración municipal no están claramente compenetrados e involucrados en él. Me refiero a el cuerpo de empleados estables o de carrera, la planta de personal permanente, por una parte, y el personal político o funcionarios accidentales.

Si estos dos sectores trabajan mancomunadamente, haciendo la paz y construyendo, consensuando y buscando las potencialidades de cada espacio, entonces las posibilidades de éxito son muchas desde el espacio que le compete al Estado como actor; pero si existen marcados enfrentamientos, o el personal de planta no participa y se capacita en esta dirección, si las decisiones siempre están cimentadas en el verticalismo o simples decisiones políticas, la cuestión es de difícil resolución.

Entraríamos en la común lucha de poderes, unos por preservar sus privilegios y lugar, otros por intentar "imponer" una idea o línea de trabajo.

El trato cotidiano de los trámites administrativos también construye capital social y respaldo a la gestión política de cualquier gobierno, pues la atención marca, de manera profunda, el grado de importancia que le dan las autoridades a los ciudadanos. ¿Cómo brindar un buen servicio con personal trabajando a desgano? ¿Cómo hacer que cada persona ponga lo mejor de sí cuando no se respeta su carrera profesional? Acaso este sea un buen indicador para desnudar hasta qué punto se quiere avanzar con un proyecto de desarrollo local y el grado de apertura del poder político a tal condición.

Por otra parte, el personal político y demás funcionarios estarán en su cargo por determinado período, más o menos largo, luego vendrán otros. ¿Por qué los empleados deberían aceptar las reglas de juego que cada gestión quiera imponer? No digo que quien ha accedido al gobierno democráticamente no adquiera ciertos derechos con sus respectivas obligaciones, pero sí que es trascendente que ese poder adquirido en las urnas "transe" con aquellos que trascienden la gestión.

 Quizás el respeto por la carrera profesional y la capacitación sea un paso significativo, que los empleados no se sientan invadidos y avasallados en sus posibilidades de mejora jerárquica y económica.

Esas relaciones "hacia adentro" del municipio dicen mucho y son la base necesaria e ineludible para un auténtico desarrollo local, al menos si se pretende hacerlo seriamente y no vender un "producto para la opinión pública". Ya hemos tenido numerosas experiencias de que "todo está y va bien" y luego terminamos mirando la fiambrera vacía.

Los funcionarios políticos, por otra parte, deben también tener unidad de criterios y una férrea voluntad para marcar claramente el sendero, pero sin ambigüedades, personalismos o posturas egocéntricas. ¿Es así en todo el cuerpo de funcionarios? ¿Existen cotos de poder inaccesibles? ¿En todo el espectro de la función político - administrativa se toman las decisiones consensuadamente o "algunos" son los que deciden y la mayoría "debe" adherir? ¿Existe un plan rector que unifique criterios y marque pautas a seguir, un rumbo que buscar? ¿O, por el contrario, cada área responde de la forma y con los parámetros propios que le resulten más satisfactorios? ¿Todas las áreas y reparticiones, especialmente las de mayor poder de decisión, participan en los cursos de capacitación, en los debates? ¿Se escuchan las voces de las segundas y terceras líneas? Haciendo un paralelismo con la pedagogía: ¿Atendemos el currículum oculto? Yendo más allá: ¿De qué manera se involucran los funcionarios y las áreas contables y de hacienda?

[1]Lic. Daniel Arroyo. Desarrollo Local; Políticas Sociales Municipales y Modelos de Planificación en la Argentina. Paginas 89 ss. Ediciones Ciccus La Crujía. Abril 2001. Argentina.

[2]Ver anexos al final del trabajo.

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