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Derecho. Principios jurídicos

Autor: Jorge Luis Godenzzi Alegre
Curso:
10/10 (1 opinión) |2011 alumnos|Fecha publicación: 28/07/2009
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Capítulo 4:

 Doctrina. Principios, reglas y directrices (2/2)

Todo ello trae como consecuencia que las reglas y los principios sean razones que deciden de un modo diferente: los principios son siempre razones prima facie, en cambio las reglas, a menos que se haya establecido una excepción [1], son razones definitivas; esto es, en las reglas se excluye que al producirse un hecho condicionante, no tenga lugar la consecuencia jurídica prevista [2], por el contrario los principios son siempre "condicionales derrotables" que admiten excepciones implícitas derivables de otros principios, excepciones que no pueden ser exhaustivas, y así no se excluye que incluso en presencia del hecho condicionante, la consecuencia jurídica prevista no tenga lugar, si tal consecuencia resulta ser "superada" por otro principio con el que ha entrado en colisión [3].

Para Robert Alexy, por lo tanto, lo que hace que una norma sea una regla o un principio depende del diferente modo de solucionar una contradicción normativa: si una norma cede siempre ante otra, se trata de un conflicto entre reglas, mientras que si tal cesión se produce según las circunstancias o condiciones del caso, se produce una colisión entre principios. Pero la cuestión resulta algo más compleja, puesto que algunas normas de carácter principal pueden funcionar como reglas, y algunas reglas pueden actuar como principios, según las circunstancias. Así, por ejemplo, sucede que un derecho fundamental opera como regla cuando no entra en contradicción con otro derecho fundamental, pero en el supuesto en que sí lo haga, actúa como principio frente al otro derecho fundamental. Además, este mismo autor sostiene que a partir de toda ponderación iusfundamental correcta, puede formularse una norma de derecho fundamental adscrita con el carácter de regla, bajo la cual puede ser subsumido un caso, es decir, que la determinación de una relación de preferencia termina, de acuerdo con la ley de colisión que rige entre principios contradictorios, en el establecimiento de una regla.[4] A su vez, un principio se transformaría en regla cuando su hipotética colisión hubiera de solucionarse con la pérdida de validez de uno de los principios en contradicción, o si paradójicamente fuese reconocido como absoluto, es decir, que siempre se aplicará frente a otro principio. [5]

Las posibles situaciones que, a juicio de Luis Prieto Sanchís, otro apreciado doctrinario, podrían tener lugar en esta relación dinámica y fluctuante entre reglas y principio, serían las siguientes:

1º) Normas que habitualmente llamamos principios, pero que pueden funcionar como reglas;

2º) Normas que los juristas suelen llamar reglas, pero que pueden funcionar como principios. A estos dos supuestos cabría añadir otras dos situaciones más bien paradójicas:

3º) un principio se convertiría en regla si fuese reconocido como absoluto; y

4º) un principio dejaría de funcionar como tal si se prevé con carácter general y estricto su orden de aplicación en caso de conflicto con otra norma. [6]

En otro sentido y de acuerdo con la distinción trazada por Manuel Atienza y J. Ruiz Manero entre principios en sentido estricto y principios como normas programáticas o directrices,[7] hay que tener en cuenta que las normas jurídicas pueden concebirse estructuralmente a partir de correlaciones entre casos genéricos o antecedentes y soluciones o consecuentes. Se trata de analizar si los principios en sentido estricto y las directrices tienen o no una estructura condicionada (es decir, que pueda correlacionar casos con soluciones), y si, por lo tanto, les son de aplicación los mismos operadores deónticos que a las reglas, para así poder descubrir posibles antinomias normativas en las que se encontrarán presentes principios jurídicos.

De esta manera, la distinción estructural entre reglas, principios en sentido estricto y directrices en sentido general, se refiere a que las reglas configuran de forma cerrada tanto el supuesto de hecho como la conducta calificada deónticamente en la solución; los principios en sentido estricto configuran de forma abierta su supuesto de hecho y de forma cerrada la conducta calificada deónticamente; mientras que las directrices o normas programáticas configurarían de forma abierta tanto el supuesto de hecho como la conducta calificada deónticamente [8] . Por lo tanto, una norma está cerrada cuando su determinación fáctica o los posibles supuestos de hecho son exhaustivos, esto es, forman un conjunto finito y cerrado de circunstancias; por el contrario, una norma está abierta cuando carece de un catálogo tasado de condiciones de aplicación o carece de calificación deóntica. Este punto de vista estructural, no obstante, plantea algunos problemas en su formulación.[9] No parece que pueda negársele cierto carácter discrecional a los principios, en razón de que una misma disposición normativa en determinados casos puede ser interpretada como regla o como principio.[10] En cualquier caso, en los principios siempre existe algún elemento estructural que permanece abierto hasta que es "cerrado" por el intérprete al aplicar la norma al caso concreto.

[1] En este aspecto se apartaría Alexy de Dworkin; el primero pondría en duda que las reglas aparezcan siempre bajo la pauta de "todo o nada", dado que sería posible ir incluyendo nuevas excepciones en los supuestos o condiciones de aplicación de las normas, con la aparición de nuevos casos o hechos. Además, la dimensión de peso de los principios, como ha apuntado Hage en respuesta crítica a Dworkin, surge cuando ingresa en conflicto con otras normas, pero no antes, ya que siempre hay "razones" en juego no decisivas; en cambio, las reglas sí que contienen un número finito de razones para decidir, de forma excluyente. Cfr. HAGE, J.C., Reasoning with Rules. An Essay on Legal Reasoning and Its Underlying Logic, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht-Boston-London, 1997, pp 115-118

[2] A ello se refiere Alexy cuando manifiesta: "Los principios ordenan que algo deba ser realizado en la mayor medida posible, teniendo en cuenta las posibilidades jurídicas y fácticas. Por lo tanto, no contienen mandatos definitivos sino sólo prima facie. Del hecho de que un principio valga para un caso no se infiere que lo que el principio exige para este caso valga como resultado definitivo. Los principios presentan razones que pueden ser desplazadas por otras razones opuestas. El principio no determina cómo ha de resolverse la relación entre una razón y su opuesta. Por ello, los principios carecen de contenido de determinación con respecto a los principios contrapuestos y las posibilidades fácticas (.....) Totalmente distinto es el caso de las reglas. Como las reglas exigen que se haga exactamente lo que en ellas se ordena. Contienen una determinación en el ámbito de las posibilidades jurídicas y fácticas, lo que puede conducir a su invalidez; pero, si tal no es el caso, vale entonces definitivamente lo que la regla dice." Vid. ALEXY, R., Teoría de los derechos fundamentales, cit., pág. 99.

[3] Cfr. GUASTINI, R., Estudios de teoría y metateoría del Derecho, cit., pp. 150-151

[4] Cfr. ALEXY, R., Teoría de los derechos fundamentales, cit., pp.98 y 103

[5] El primer caso se daría siguiendo el ejemplo propuesto por el propio Alexy, si en el ordenamiento jurídico alemán (o en el peruano, como también podría suceder), ingresara el principio de discriminación racial. Por otro lado, la segunda situación, es decir la defensa de principios "absolutos" tan fuertes como para desplazar a cualquier otro principio, es fácilmente criticable y rechazable en un ordenamiento jurídico que reconoce derechos fundamentales. Cfr. Ibid., pp. 105 y ss.

[6] Cfr. PRIETO,L.; Ley, principios, derechos, Dykinson, Madrid, 1998, pág. 59

[7] Cfr. ATIENZA, M., RUIZ MANERO, J., Las piezas del Derecho. Teoría de los enunciados jurídicos, cit., pp 3 y ss., así como RUIZ MANERO, J., "Principios Jurídicos", cit., pp 153 y ss.

[8] Teniendo en cuenta los ejemplos propuestos por los autores citados, el principio de igualdad, reconocido en el artículo 2 inciso 2 de nuestra Constitución Política, sería un principio en sentido estricto, en razón de que no admitiría modalidades graduales de cumplimiento. Este artículo establece lo siguiente: "Toda persona tiene derecho: A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole". Dicho enunciado, en forma condicional diría lo siguiente: "Si (condición de aplicación) un órgano jurisdiccional utilizara sus prerrogativas normativas (esto es, dicta una norma a fin de regular un caso genérico o la aplica para resolver un caso individual.) y en relación con el caso individual o genérico de que se trate no concurre otro principio que, en relación con el mismo, tenga un mayor peso, entonces (solución normativa) a ese órgano le está prohibido discriminar en razones de nacimiento, raza, sexo, opinión o religión, condición económica". Así pues, quedarían configuradas de forma abierta las condiciones de aplicación, pero de forma cerrada la descripción de la conducta prohibida: discriminar. Esto no sucede con las directrices o normas programáticas, como es, por ejemplo, con el artículo 65 del mismo texto constitucional que establece: "El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población". En este enunciado se configura de forma abierta tanto las condiciones de aplicación como el modelo de conducta prescrito, puesto que no se ordena ni se prohíbe ninguna acción, sino que sólo se señala la consecución de un objetivo. Las acciones para lograr ese objetivo no se encuentran constitucionalmente determinadas.

[9] Así, García Figueroa advierte que sería posible alterar la estructura (de regla o principio) de las normas sin cambios relevantes aparentes en su significado. Afirma que "es posible ordenar una misma acción bajo diversas formas, bien de regla, bien de principio, dependiendo de la distribución de la apertura" Vid. GARCIA FIGUEROA, A., Principios y positivismo jurídico, cit., pág. 151.

[10] En relación al ejemplo ante citado del inciso 2 del artículo 2 de nuestra Constitución Política, el principio de igualdad está recogido de forma similar en la Constitución italiana, que establece: "Todos los ciudadanos (......) son iguales ante la ley, sin distinción de raza, sexo, lengua, religión, opiniones políticas, condiciones personales y sociales". Para R. Guastini, este artículo admite dos interpretaciones: como reglas y como principios. Como regla, se plasmaría de la forma siguiente: "si una ley distingue entre ciudadanos según el sexo, la raza, etc. (supuesto de hecho), entonces es constitucionalmente ilegitima (consecuencia jurídica); tal regla no admitía excepciones, y tendría un supuesto de hecho cerrado. Como principio, en cambio, la disposición anuncia de forma genérica el principio de igualdad de esta guisa: "los casos iguales deben ser tratados de un modo igual, y los casos diferentes deben ser tratados de un modo diferente"; el principio admitiría excepciones, y tendría el supuesto de hecho abierto. La opción entre ambas interpretaciones forma parte del poder discrecional del órgano decisor. Cfr. GUASTINI, R., "Principios de derecho y discrecionalidad judicial", cit., pág. 40.

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