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Derecho. Principios jurídicos

Autor: Jorge Luis Godenzzi Alegre
Curso:
10/10 (1 opiniýn) |2011 alumnos|Fecha publicaciýn: 28/07/2009
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Capýtulo 5:

 Indeterminación de los principios jurídicos (1/2)

Dadas estas diferencias, los principios en sentido estricto bien podrían dar lugar a contradicciones respecto a reglas y a otros principios en sentido estricto, lo que constituiría una antinomia normativa en los términos expuestos, ya que ambos tipos de disposiciones exigen su pleno cumplimiento en cuanto a la conducta calificada deónticamente; es decir, que los principios en sentido estricto presentan un grado de determinación semejante al de las reglas cuando son aplicados. Por ese motivo, desde el punto de vista de la actividad interpretativa, los procedimientos argumentativos para eliminar la vaguedad o "zona de penumbra" - en terminología hartiana - de una regla cerrada no son sustancialmente diferentes de los que se requieren para "cerrar" un principio abierto.[1]En sentido contrario, con respecto a las directrices en las que si caben modalidades graduables de cumplimiento, puesto que configuran de forma abierta tanto su supuesto de hecho como la conducta calificada deónticamente, una posible colisión con otros enunciados normativos sólo se produciría al nivel de una contradicción axiológica o valorativa, por la propia indeterminación de la consecuencia jurídica, en la que incluso habría que considerar la concurrencia de otros fines y medios disponibles para la realización de los objetivos marcados en la directriz, lo que remitiría también a un problema de técnica legislativa o de delimitación de fines prioritarios por parte del legislador, y no sólo a la decisión judicial que pretendiera solucionar el conflicto. Hay que volver a tener en cuenta que los principios, en sentido estricto son normas abiertas que expresan derechos, y en caso de pretensiones en conflicto dependen en última instancia de una decisión judicial. En cambio, las directrices contienen intereses que no informan directamente de la acción o comportamiento debido, no imponen una obligación genuina, sino que forman parte de un programa político amplio, que requiere de un desarrollo legislativo y reglamentario, sin renunciar por ello al control jurisdiccional posterior. [2]

En todo caso, una posible contradicción entre principios y reglas resulta más bien aparente en virtud del mayor peso de los principios, o como dicen Atienza y Ruiz Manero: "la aplicabilidad de toda regla está condicionada a que su aplicación no entre en conflicto con un principio que, en relación con las propiedades relevantes del caso, tenga un mayor peso". [3] No obstante, hay que tener en cuenta, por sus importantes repercusiones, que cuando se encuentran en conflicto derechos fundamentales, se produce una situación excepcional e incluso paradójica: la aplicación de una regla puede ser preferente a la aplicación de un principio. La razón es muy simple: la posición preeminente en el ordenamiento jurídico que ocupan los derechos fundamentales, cuya estructura es la de principios constitucionales, hace que prevalezcan frente a principios opuestos. [4] No cabe duda que los principios son tendencialmente contradictorios y cuando se plantean una colisión existe un amplio margen de interpretación por parte del juez.[5] Un buen ejemplo es el divulgado caso de la periodista Magaly Medina. En este affaire se encuentra delimitada la colisión entre el derecho al honor y a la libertad de expresión. Al respecto consideramos, en primer lugar, la inexistencia de alguna relación de preferencia entre el ámbito de la libertad de expresión y el tipo penal protector del honor; en segundo lugar, ninguno de esos derechos tiene carácter absoluto. En estos casos se impone la necesaria ponderación de ambos principios con el único límite que la decisión final del juez no sea claramente irrazonable. Sobre este y otros aspectos conceptuales, la reciente elaboración doctrinal ofrece un sinnúmero de posturas que merecen ser examinadas desde diversos aspectos diferenciables, pero ese despliegue analítico será materia de otro artículo académico.

[1] Cfr. PRIETO, L., Ley, principios, derechos, cit., pág. 53; BAYON,J.C., La normatividad del Derecho. Deber jurídico y razones para la acción, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991, pág. 360 (citado por el anterior).

[2] Cfr. PRIETO, L., Ley, principios, derechos, cit., pp.55-56

[3] Vid. ATIENZA, M., RUIZ MANERO, J., Las piezas del Derecho, cit., pág. 33.

[4] Aquí se seguirá en parte la argumentación de RODRIGUEZ TOUBES,J., Principios, fines y derechos fundamentales. Dykinson. Madrid, 2000, especialmente las pp. 35 y ss; y 121 y ss.

[5] Según Luis Prieto, la importancia de la ponderación en el Derecho actual se explica a partir del "amplísimo contenido material o sustantivo de principios y derechos fundamentales tendencionalmente contradictorios, donde el modelo tradicional de resolver las colisiones entre reglas resulta inservible. La conservación íntegra de la Constitución exige ponderar porque sólo así es posible conservar en pie de igualdad abstracta normas o derechos que reflejan valores heterogéneos propios de una sociedad plural que, sin embargo, se quiere unida y consensuada en torno a la Constitución (...) Pero la técnica de la ponderación presenta una consecuencia sobresaliente, y es que fortalece la posición del juez, de todo juez y no sólo del constitucional: allí donde aparece un conflicto entre principios surge una apelación a la justificación racional de una decisión que, sólo en el caso concreto, otorga preferencia a uno u otro principio; justificación que puede conducir a cualquier resultado con el único límite precisamente de la irracionalidad......." Vid. PRIETO. J., "Diez argumentos sobre los principios" en Jueces para la Democracia, núm. 26, julio de 1996, pp. 46-47, recogido en Ley, principios, derechos, cit., pp. 47 y ss.

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