El procedimiento administrativo de ejecución es el medio del cual disponen las autoridades para exigir el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la ley fiscal respectiva.

Los supuestos para que se dé el embargo precautorio son:

-   En caso de contribuciones causadas y exigibles pendientes de determinarse.

-   En caso de contribuciones causadas pendientes de determinarse y que aún no sean exigibles.

-   En caso de contribuciones causadas que a la fecha del embargo precautorio no sean exigibles pero hayan sido determinadas por el contribuyente.

-   En caso de contribuciones causadas que a la fecha del embargo precautorio no sean exigibles pero hayan sido determinadas por la autoridad.

-   En todos estos casos debe existir a juicio de la autoridad, peligro inminente de que el obligado realice cualquier maniobra tendiente a evadir su cumplimiento.

-   En los tres primeros casos, la autoridad trabará el embargo sobre bienes o derechos del obligado hasta por un monto equivalente al de la contribución.

-   La autoridad que practique el embargo precautorio levantará acta circunstanciada en la que precise las razones y fundamento del embargo sobre bienes y requerirá al obligado, para que dentro del término de 3 días desvirtué el monto por el que se realizó el embargo.

-   Si el pago se hiciere dentro de los plazos legales, el contribuyente no estará obligado a cubrir los gastos que origine la diligencia y se levantará el embargo.

-   El embargo quedará sin efecto si la autoridad no emite, dentro del plazo de un año contado desde la fecha, en que fue practicado.

-   Si dentro del plazo señalado la autoridad lo determina, el embargo precautorio se convertirá en definitivo.

-   El embargo precautorio practicado antes de la fecha en que el crédito fiscal sea exigible, se convertirá en definitivo al tiempo de la exigibilidad de dicho crédito fiscal.

-   Son aplicables al embargo precautorio las disposiciones establecidas para el embargo y para la intervención en el procedimiento administrativo.

Las reglas con que se resolverán por los tribunales judiciales de la federación, las controversias que surjan entre el fisco federal y los fiscos locales, relativos al derecho de preferencia para recibir el pago de los créditos fiscales son:

-   La preferencia corresponderá al fisco que tenga a su favor créditos por impuestos sobre la propiedad raíz.

-   En los demás casos, la preferencia corresponderá al fisco que tenga el carácter de primer embargante.

-   Cuando en el procedimiento administrativo de ejecución concurran contra un mismo deudor, el fisco federal y el local fungiendo como autoridad de conformidad con los convenios de coordinación fiscal y con los organismo descentralizados que sean competentes para cobrar coactivamente contribuciones de carácter federal, la SHCP iniciará o continuará el procedimiento.

El orden que se seguirá para aplicar el producto obtenido para cubrir los créditos fiscales es el siguiente:

-   Los gastos de ejecución.

-   Los accesorios de las aplicaciones de seguridad social.

-   Las aportaciones de seguridad social.

-   Los accesorios de las demás contribuciones y otros créditos fiscales.

-   Las demás contribuciones y créditos fiscales.

Gastos de ejecución. Son las erogaciones ordinarias y extraordinarias que realiza el fisco federal, con motivo de la aplicación del proceso administrativo de ejecución, para exigir el cobro de los créditos fiscales que no fueron pagados o garantizados dentro de los plazos legales.

Las diligencias realizadas cuando es necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal, las personas físicas u las morales estarán obligadas a pagar el 2% del crédito fiscal por concepto de gastos de ejecución son:

-   Por la diligencia correspondiente al primer requerimiento del pago del crédito fiscal.

-   Por la diligencia del embargo.

-   Por la diligencia del remate.