3.1.5.1. El Tribunal de Garantías Constitucionales.

El Tribunal de Garantías Constitucionales es el organismo constitucional encargado de tramitar diversos procedimientos que tienen por finalidad garantizar la vigencia de los derechos constitucionales y la constitucionalidad de las normas jurídicas con rango de ley. Su estructura y funciones están descritas en los Arts. 201° al 205° de la Constitución.

Este organismo constitucional opera en el Derecho emitiendo resoluciones y sentencias sobre el problema de la constitucionalidad en los términos contenidos en los artículos glosados y, por la naturaleza de su competencia, será un fundamental productor de jurisprudencia dentro del sistema jurídico.

3.1.5.2. El Sistema Electoral.

El Sistema Electoral está conformado por el Jurado nacional de Elecciones (JNE), La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y el Registro Nacional de Identificación y estado Civil (RENIEC), organismos constitucionales encargado de dirigir, ejecutar y resolver con autonomía, todo lo referente a los procesos electorales y sus secuelas.

Su estructura y funciones están precisadas en los Arts. 178° al 187° de la Constitución. Su aporte al derecho y a la vida política general del país es fundamental y lo ubica por encima de cualquier otro órgano estatal en este aspecto de la problemática nacional pues, ni el Poder Judicial o el Tribunal de Garantías Constitucionales pueden revisar sus decisiones.

3.1.5.3. La Contraloría General de la República.

La Contraloría General de la República es un organismo autónomo y central dentro del Sistema Nacional de Control, cuya misión consiste en velar por el manejo legal y honrado de los recursos del Estado, conforme a ley.

La Contraloría General de la República tiene, así, un considerable poder legal y moral sobre el Estado. En la ejecución de sus funciones produce diversos procedimientos administrativos de supervisión y observación al uso de los recursos públicos, contribuyendo también a la formación de la jurisprudencia administrativa en este aspecto sustantivo del quehacer estatal. La contraloría, sin embargo, no tiene competencia para procesar los delitos que se cometen en agravio del patrimonio del Estado debiendo, en este caso, tramitar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

3.1.5.4. El Banco Central de Reserva del Perú.

El Banco Central de Reserva del es una institución establecida por la Constitución del Estado, cuyas principales funciones son regular la moneda y el crédito del sistema financiero, defender la estabilidad monetaria de la economía nacional y administrar las reservas internacionales del país. El Banco Central es persona jurídica de derecho público; tiene autonomía dentro del marco de su Ley Orgánica (Art. 84° de la Constitución).

Para el ejercicio de sus competencias el Banco realiza diversos actos, destacando la emisión de resoluciones que asumen carácter de normas jurídicas generales regulando el tipo de cambio de la moneda nacional con las divisas exteriores; dando disposiciones sobre asuntos cambiarios, tasas de interés, encajes bancarios, etc. En todo ello actúa como productor de normas legales, con independencia de otros organismos del Estado (aún cuando debe coordinar con los encargados del aparato económico y financiero, sobre todo con el Ministerio de Economía).

3.1.5.5. La Superintendencia de Banca y Seguros.

La Superintendencia de Banco y Seguros es un organismo previsto constitucionalmente que ejerce el control de las empresas bancarias, financieras, de seguros y las demás que operan con fondos públicos en representación del estado (Art. 87° de la Constitución).

En el ejercicio de su función de control, la Superintendencia realiza diversos procesos administrativos que generan resoluciones administrativas, puede intervenir con amplios poderes las empresas financieras, y presenta ante el Ministerio Público las denuncias a que haya lugar por manejos irregulares en dichas empresas.