La aplicación del derecho  

Para cumplir su razón de ser, se dice, el derecho debe realizarse, esto es, hacerse real, incorporándose a la vida social. Desde el punto de vista tradicional, el conjunto o actividades llevadas a cabo para ajustar la realidad y la vida social a los dictados de las normas jurídicas, se configura y se define como "aplicación del derecho". Se habla de "aplicación" porque en ésta serie de actividades o de operaciones, el derecho, las normas se presentan como un prirus ya dado, que asume el carácter de un factor determinado, mientras que la sentencia o la decisión del caso concreto aparecen determinadas por ellas. (Diez-Picazo, op.cit,  p. 208-209).  

A continuación se expondrán las cuatro fases o etapas por medio de la cual la aplicación del derecho conduce a la decisión o a la solución del concreto conflicto de intereses planteado.    

1)   Se procede a la selección de la norma sobre la cual la operación judicial se va a producir. Esta labor exige, ante todo, la búsqueda y captura de la norma a través del conjunto del material normativo. Exige además la atribución de una carga de sentido a dicho material y, por último, la exclusión de la aplicación de otra posible norma.  

2)   El juez o el aplicador del derecho debe fijar los hechos concretos sobre los cuáles está operando, es decir debe constatarlos y describirlos.  

3)   Será necesario llevar a cabo un contraste entre el caso, tal y como ha quedado descrito, y el supuesto general de la norma jurídica, cuya aplicación se pretende.  

4)   Finalmente será necesario fijar el sentido y el alcance de las consecuencias establecidas en la norma. (Diez-Picazo, op.cit,  p. 212-213).  

Por otro lado se ha sostenido dos momentos para la aplicación del derecho:  

1)   La comprobación de que un hecho realiza la hipótesis de una norma;  

2)   La atribución o imputación de las consecuencias normativas a determinadas personas.  

El proceso de aplicación que se ha descrito supone la previa determinación de la norma que se va a aplicarse. Declarar que hay una aplicable a un caso concreto significa que ésta se encontraba prevista ya en aquella. Pero tal cosa no siempre sucede. De aquí que, cuando se pretende establecer, si un cierto hecho tiene o no consecuencias normativas, lo primero que debe hacerse es buscar la norma aplicable al mismo. La operación intelectual que en tal caso suele efectuarse consiste en generalizar el hecho en cuestión o, lo que es igual concebirlo abstractamente para investigar después si dentro de un ordenamiento jurídico determinado existe alguna norma que lo prevea. (García Máynez, op.cit, p. 321). 

Finalmente es importante tener presente que el razonamiento para la aplicación de los preceptos del derecho es de tipo silogístico. La premisa mayor está constituida por la norma genérica; la menor por el juicio que declara realizado el supuesto de aquélla y la conclusión por el que imputa a los sujetos implicados en el caso las consecuencias jurídicas.  

Ejemplo: Premisa mayor: Al que comete el delito de falsificación de moneda, se le aplicarán de seis meses a cinco años de prisión, y multa de cien a tres mil pesos.  

Premisa menor: x ha cometido el delito de falsificación de moneda;  

Conclusión: debe aplicarse a x de seis meses a cinco años de prisión y multa de cien a tres mil pesos. (García Máynez, op.cit, p. 321).