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Derecho Civil. Guatemala (1/3)

Autor: Denise Sanchez
Curso:
8,80/10 (5 opiniones) |6697 alumnos|Fecha publicación: 14/10/2009
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Capítulo 25:

 La propiedad intelectual (3/3)

RENUNCIA AL DERECHO PECUNIARIO

El autor puede renunciar a la explotación económica de su obra en favor de la sociedad, aunque tal renuncia, que deberá ser expresa, no le impedirá el ejercicio del derecho a la integridad de la obra, derecho moral que le asiste a perpetuidad.

El acreditado periodista e historiador guatemalteco Clemente Marroquín Rojas, ha constituido un conocido y representativo caso de renuncia a su derecho pecuniario sobre su obra "Historia de Guatemala", renuncia que, de manera expresa reflejó en las páginas del libro, pero tal no debe interpretarse como el derecho de cualquier persona a la utilización de la obra a su antojo sin respeto a la integridad.

Aunque es explicable su infrecuencia, ya que entre los 'autores, no son muchos los afortunados porque son escasas las obras que consiguen universal aplauso, los casos de renuncia al derecho pecuniario de autor han venido sucediéndose y es por. ello lógico que esté sujeta a un mínimo de formalidades como es la expuesta.

Así pues, "el autor puede por declaración expresa, abandonar su obra al dominio público" (Art. 1902, Código Administrativo de Panamá).

OBRAS DE CONCEPCIÓN INTELECTUAL

Son obras de concepción intelectual aquellas que, con la característica de la originalidad, sean literarias científicas o artísticas y puedan darse a conocer por algún medio.

Siguiendo el orden referido por la Ley de Derecho de Autor vigente en San Salvador, relación que tiene carácter enunciativo y no limitativo, vamos a comentar las particularidades jurídicas de las obras de concepción intelectual y entre las que están comprendidas, según el citado Cuerpo legal "todas las producciones literarias, científicas y artísticas, tales como libros, folletos y escritos de toda naturaleza y extensión; obras musicales con o sin palabras; obras oratorias, plásticas, de arte aplicado; versiones escritas o habladas de las conferencias, discursos, lecciones, sermones y obras de la misma clase; obras dramáticas o dramático-musicales y coreográficas; las puestas en escena de obras dramáticas u operísticas; obras de arquitectura o ingeniería; esferas, cartas, atlas y mapas relativos a geografía, geología, topografía, astronomía o cualquier otra ciencia; fotografías, litografías y grabados; obras de cinematografía muda, hablada o musicalizada; obras de radiodifusión o televisión; modelos o creaciones que tengan valor artístico en materia de vestuario, mobiliario, decorado, ornamentación, tocado, galas u objetos preciosos; planos u otras reproducciones gráficas y traducciones siempre que sean autorizadas o no contravengan ninguna disposición legal".

Si bien obras de concepción intelectual son también los descubrimientos científicos, leyes físicas, fórmulas químicas, invenciones para su aplicación a la industria, sistemas de representación, reproducción y comunicación, etc., los derechos de sus autores, están extensamente contemplados dentro de la propiedad industrial, verdadera propiedad reivindicable según el derecho civil y objeto de sanción en la legislación centroamericana.

La propiedad industrial que no puede reconocer derechos morales en favor del causante, es íntegramente transmisible a título oneroso o gratuito y al estar sujeta a la formalidad registral, no existe legalmente hasta tanto su autor no obtenga el certificado de patente que le garantizará la atribución de los derechos privativos por tal concesión.

Implica, la concesión de patente, mera presunción jurídica de novedad, realidad y merecimiento de la calidad de invento, a las que estará sujeta para la obtención del privilegio a concederse a su inventor.

Las disposiciones, únicas, que sobre propiedad intelectual contiene la Ley de Patentes de Invención de Honduras, viene dando lugar a interpretaciones erróneas, en lo tocante a los

derechos de autor en dicha República, al agrupar en un solo texto todos los derechos relativos a la propiedad incorpórea.

No le es posible, por tanto, a un autor literario o artístico hacer valer sus derechos de naturaleza exclusivamente moral con base en un ordenamiento jurídico concebido para su

aplicación a la industria y al comercio.

Si bien, el precepto 160 de la Constitución Política de Honduras menciona que "todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva

de su obra, invención, marca o nombre comercial con arreglo a la Ley", causa cierto desaliento el hecho de que, a falta de una ley especifica reguladora de los derechos de autor, no se haya adherido Honduras a la Convención Universal de Ginebra como hicieron todos los demás países del área, hecho demostrativo de una cierta y reciente despreocupación hacia las obras del ingenio, y que contrasta con el interés que reflejaba

el Código Civil hondureño de 1880 que en su artículo 663 determinaba que las producciones del talento y del espíritu "son propiedad de sus autores, propiedad que estará regida por leyes especiales", pero que, a la fecha, aún no han sido promulgadas.

EXCEPCIONES A LA PROTECCIÓN LEGAL

Coinciden la mayoría de las legislaciones en limita: protección legal, y en algunos casos en exceptuarla, cuando la obra publicada persiga objetivos exclusivamente didácticos.

Como se ha comentado con anterioridad, quedan excluidas de la tutela del derecho de autor y por razones obvias interés público, las noticias del día publicadas en la prensa y cualesquiera acontecimientos o sucesos periodísticos.

La publicación de fragmentos de obras literarias, científicas o artísticas realizadas con fines didácticos es generalmente reconocida como lícita pero en ningún caso podrá omitirse la fuente.

La Ley salvadoreña sobre Derecho de Autor que reconoce la licitud de la limitación de los derechos autorales sobre obran literarias, didácticas y artísticas en algunos casos muy especiales y siempre con sujeción a la declaración de obra de utilidad pública que dependerá del Ministerio de Educación, pero es terminante en cuanto a que toda limitación conlleva indemnización, el monto de la cual, establece, deberá ser fijado por el Juez Civil competente, con arreglo, en cuanto a procedimiento, a la Ley de Expropiación Forzosa.

Exceptúa de su protección la Ley costarricense, con propiedad, a las obras ilícitas y en general, todas las legislaciones hacen extensiva tal excepción a la tutela de las obras que aun siendo lícitas sean atentatorias contra la moral o la dignidad humanas.

Sostienen algunos autores que deberían también excluirse de protección a las obras sin mérito y de mal gusto y, ciertamente, causa aflicción tener, a veces, que equipararlas a obras insignes, pero es de reconocer que tan radical criterio no tendría, en derecho, aplicación justa.

Difícil es en materia de gustos y preferencias, adivinar la reacción del público para con las obras divulgadas, y, por otra parte, de carecer éstas de todo mérito o atractivo artístico correrán la suerte de las obras insustanciales, pues su efímera difusión será el fugaz resultado característico en las obras indiferentes o groseras.

OBRAS EXENTAS DE AUTORIZACIÓN Y DE PAGO DE DERECHOS DE EJECUCIÓN

La ejecución pública de obras musicales podrá gozar de la exención de pago de derechos de autor e incluso de la autorización para tales actos, cuando se trate de actos militares, solemnidades civiles o funciones de culto religioso, a las que el público puede asistir gratuitamente.

La ejecución de cantos patrióticos o himnos oficialmente adoptados, no requerirán tampoco autorización previa de sus autores, quienes no tendrán derecho a retribución por tal motivo.

Cualquier persona puede, para su uso personal, utilizar obras ajenas con fin lícito, y lo será siempre y cuando la ejecución tenga lugar dentro del círculo familiar.

Para cumplir con exactitud los preceptos de la doctrina del derecho de autor, debe evitarse la inclusión dentro de la categoría de círculo familiar a aquellas fiestas familiares o celebraciones, que aun siendo privadas escapan de la esfera del intimo núcleo de la familia.

LOS DERECHOS CONEXOS

Son bien conocidas las controversias suscitadas acerca de las aportaciones que los artistas intérpretes y ejecutantes hacía la obra, constituyen o no creación artística y, por tanto, obra tutelable con arreglo a las leyes sobre derecho de autor. Sin ánimo de entrar en debate ni de restar mérito a 1os intérpretes de las obras dramáticas o musicales, quienes en algunos casos —justo es reconocerlo— imprimen verdadera personalidad a tales aportaciones, no debe olvidarse que artista intérprete, actor o ejecutante, goza —siempre—, de una compensación económica, o retribución por su trabajo, además de un reconocimiento por parte de la sociedad, o el aplauso del público, que les serán atribuidos en función de sus méritos.

Puede, ciertamente, un artista intérprete aportar fruto resultado de su talento a una obra preexistente mejorándola considerablemente pero, con arreglo a derecho, no procederán distinciones ni consideraciones en virtud de las cuales la calidad pueda ser determinante, y, por tanto, y en aplicación de la reciente legislación sobre la materia, deberán atribuírsele derechos conexos a interpretaciones acaso tan desafortunadas que constituirán penosas detracciones del derecho de autor sobre la obra originalmente concebida.

Es discutible, por tanto, que todas las aportaciones que un artista intérprete haga a una obra, pueda tener la consideración de creación intelectual o artística y, como tal, ser susceptible de protección, pero en cualquier caso se hace incuestionable, en el campo de los derechos conexos a la propiedad intelectual, que el reconocimiento jurídico de 1os mismos es una realidad plasmada en las legislaciones de reciente promulgación.

La protección de los derechos conexos del artista intérprete en una misma Ley sobre Derechos de Autor, viene siendo contemplada en la Ley de México de 4 de Noviembre de 1963, en la Ley de Colombia de 26 de Diciembre de 1946, en la Ley de Argentina de 28 de Septiembre de 1933, en la Ley de Uruguay de 25 de Febrero de 1938, entre otras, y, en nuestra Región, en la Ley de El Salvador de 6 de Septiembre de 1463, país, además, adherido a la Convención de Roma de 1961 sobre derechos conexos al derecho de autor.

Es, al respecto de la Convención mencionada, cuando sentimos auténtica compasión por los verdaderos artistas poseedores del don indispensable para la creación de obras de mérito y que los distingue de los demás copistas o rutinarios fabricantes de obras, no por la existencia misma de dicha Convención y subsistencia de su criterio, sino por el hecho de que algunos Estados ratificaran dicho Tratado, que extiende su tutela a las obras producidas por los organismos de radiodifusión, sin que, a pesar de los constantes llamamientos hechos en tal sentido por gobiernos europeos y con anterioridad a 1896, aceptaran el Convenio de Berna, Instrumento del máximo rango en el reconocimiento de los derechos autorales.

A medida que se multiplican los procedimientos de grabación de obras musicales, y se perfeccionan los medios para su difusión, van surgiendo nuevas posibilidades de ilícita utilización de tales producciones, y esta es una de las razones existenciales de la Convención aludida para la protección de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión, resultado de las exigencias de intereses industriales. No es de extrañar pues, que quienes mayor empeño han tenido en la protección relativa a los derechos conexos, no han sido los intérpretes de las obras fijadas en los fonogramas, sino sus productores.

No se interprete, con cuanto antecede, mi total desacuerdo con el reconocimiento a una participación del intérprete y productor de una obra por ellos ejecutada y producida respectivamente, pero, la sistematización de materia tan extensa, compleja y, por el inusitado progreso alcanzado por los medios de comunicación, difícil de disciplinar, debe hacerse de manera gradual, incorporando a las legislaciones respectivas las más recientes conquistas jurídicas, pero sustentadas en la sólida base de los principios elementales universalmente reconocidos. Obviamente, hay que proteger en primer lugar a quien produce, y después a quien reproduce.

El Código portugués sobre Derecho de Autor, ajeno a la influencia de los derechos conexos, es definitivo cuando en sus artículos 15 y 16 se afirma en tal sentido: "las personas individuales o colectivas que intervengan como intérpretes, ejecutantes y agentes técnicos en la radiodifusión de la obra o que la promueva, no podrán invocar ningún derecho de los contenidos en el derecho de autor en relación con la obra, sin perjuicio de la remuneración pactada, singularmente bajo la forma de porcentaje".

En cambio, la Ley salvadoreña sobre Derecho de Autor, extiende su protección a las creaciones interpretativas, (Artículo 17), en lo que contengan de originalidad las obras derivadas de arreglos, dramatizaciones u otras versiones de obras literarias, cinematográficas o artísticas, y reproducciones fonéticas (Artículo 20).

Regula dicho Cuerpo legal en sus artículos 56 al 60, los derechos del intérprete, reconociéndole el derecho a percibir remuneración económica por la explotación de sus interpretaciones en divulgación.

Por último citaré que, en el mismo año en que tuvo lugar la Convención de Roma sobre derechos conexos, el Tribunal Federal de Suiza, claramente opuesto al criterio de aquélla, dictó sentencia, con fecha 19 de Diciembre, considerando que el productor de discos no crea una obra artística susceptible de protección con arreglo a las leyes sobre derecho de autor, negándole por tanto el derecho exclusivo sobre la ejecución de los discos por él producidos.

PROTECCION LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Artos. 470, 472 del C.C.

Protección Legal Nacional. Arto. 3 del Decreto 57-2000

Tratado firmado entre Guatemala y España

Tratado firmado entre Guatemala y Francia

Tratado firmado entre El Salvador y España

Tratado firmado entre El Salvador y Francia

Estatutos de la S.A.C.I.M.

Ley de Derechos de autor de El Salvador.

Reglamento Registrado de la Propiedad Literaria y Artística de El Salvador.

Ley de Editorial Nacional. Costa Rica

Código Administrativo. Panamá

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

Arto. 162 al 167 del Decreto 57-2000

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