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Capítulo 9:

 Derecho administrativo. fuentes

4.- FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO

a) Fuentes en general

FUENTE = lugar de donde brota el agua a la superficie terrestre

FUENTES DEL DERECHO

Es un término que ha dado lugar a diferentes concepciones:

a) FTES. DEL CONOCIMIENTO JURÍDICO.- Aquellas a las que acude el estudioso para tratar de desentrañar hechos fenómenos o materia del conocimiento.

b) FTES DE LA LEY.

c) FTES DEL DERECHO.- se dan en dos momentos:

1. En su origen o creación (circunstancias sociales en la mente del legislador y la conciencia social)

2. Se originan con situaciones de derecho a través de la integración e interpretación.

b) Fuentes del derecho administrativo en particular

a. CONSTITUCIÓN

b. LEYES FEDERALES, LOCALES Y TRATADOS INTERNACIONALES

c. COSTUMBRE

d. IDEAS POLÍTICO – SOCIALES DE LOS GOBERNANTES

e. TODO HECHO SOCIAL QUE GENERE NORMAS DEL DER. ADVO.

f.  REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS, LOCALES, FEDERALES Y MUNICIPALES

g. CIRCULARES

h. CRITERIOS DE LAS AUTORIDADES FEDERALES Y LOCALES

i.  JURISPRUDENCIA DE TRIBUNALES FEDERALES LOCALES Y ADMINISTRATIVOS

j.  DERECHO INTERNACIONAL

k. PRINCIPIOS GENERALES DERIVADOS DEL DER. ADVO.

l.  LA DOCTRINA

m. CONVENIOS DE DER. PÚBLICOS CELEBRADOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS.

c)  Su problemática

* RESPECTO DE LA LEY.- El principio de la legalidad se puede entender desde un punto de vista material, en cuyo caso su alcance es el de que la norma en la que se funde cualquiera decisión individual tiene que ser una norma de carácter abstracto e impersonal. Puede también ser tomado en su sentido formal, significándose entonces que además de ser una ley desde el punto de vista material, la norma bajo la cual se realice el acto individual debe también tener los caracteres de una ley desde el punto de vista formal, es decir, que debe ser una disposición expedida por el Poder que conforme al régimen constitucional esté normalmente encargado de la formación de las leyes.

El principio de que ningún órgano del Estado puede realizar actos individuales que no estén previstos o autorizados por disposición general anterior tiene en todos los Estados modernos un carácter casi absoluto; pues salvo el caso de la facultad discrecional, en ningún otro y por ningún motivo es posible hacer excepción a este principio fundamental Sin embargo, consideramos que no hay violación del principio de legalidad, cuando la Administración se funda en los principios generales de derecho, como por ejemplo el principio de audiencia, el de igualdad ante la ley y las cargas públicas, el de enriquecimiento sin causa, etc.

* RESPECTO DEL REGLAMENTO.- Sobre su naturaleza jurídica, existen diversas opiniones, para algunos éste constituye un acto de carácter administrativo, no solamente porque emana de la autoridad administrativa, sino principalmente porque es en sí un acto de ejecución de leyes, es decir, un acto de función administrativa, tal como esta función es definida por la constitución, existe otra teoría que funda su negativa en el concepto especial que tiene del acto legislativo y del acto administrativo, el cual expresa en los términos siguientes: “El carácter propio de la ley no reside en su generalidad ni en la impersonalidad de las órdenes que da: consiste en el hecho de que es considerada como la expresión de la voluntad nacional. No se puede decir otro tanto del reglamento, expresión de la voluntad de los administradores”.

*FINALMENTE, parece claro que la diferencia entre la ley ordinaria y la ley constitucional depende del órgano que expide una y otra y es, por lo tanto, una diferencia formal, así la que existe entre la ley y el reglamento obedece a la diversa competencia del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, es decir, una razón extrínseca relacionada con el autor del acto, o sea a una razón de carácter formal.

* Otra diferencia que se señala entre la ley y el reglamento y de la que pretende hacerse derivar una distinción en cuanto a la naturaleza jurídica de una y otra, se hace consistir en que el reglamento no puede regular determinada clase de relaciones, en tanto que la ley sí está facultada para ello. Es indudable que existen materias que pueden ser objeto de la ley y no de los reglamentos; pero esto obedece no a diferencia de naturaleza de ambos actos, sino también a consideraciones meramente formales.

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