Pero tras este exhaustivo examen del principio, todavía nos quedan tres supuestos dudosos:

1) La ley de presupuestos, que no puede ser reformada por una proposición de ley ni por enmiendas a proyectos sin el consentimiento del Gobierno.

2) Las leyes tributarias, en las que las leyes que las reformen no pueden implicar, sin consentimiento del Gobierno, aumento del gasto o disminución de ingresos.

3) Las leyes que autorizan emisión de deuda pública, con un valor incluso superior a las propias leyes orgánicas, en cuanto los créditos que autorizan no pueden ser enmendados ni modificados por una ley orgánica ni ordinaria.

Vamos ahora con otros dos problemas que derivan de la peculiar naturaleza de los Estatutos.

1º de Competencia del órgano

La reforma de los Estatutos, en las autonomías limitadas (148), se ajusta al procedimiento previsto en los propios Estatutos, al que se superponen las leyes orgánicas de las Cortes.

Las autonomías plenas (147,3), no sólo exigen un procedimiento para su reforma, establecido por el propio Estatuto, sino un referéndum entre los electores inscritos en el censo correspondiente.

De esto se deduce que son normas de carácter especialísimo, casi de rango constitucional.

2º La prevalencia de las normas del Estado sobre las de las CC.AA

Se excluyen aquellas materias que estén atribuidas a la exclusiva competencia de las CC.AA. En este supuesto no hay jerarquía de las leyes del Estado sobre las leyes de las CC.AA.

Para terminar este epígrafe tan laborioso vamos a comentar los límites de la ley.

La ley debe respetar en todo caso la Constitución. La Constitución tiene una rigidez graduada en los distintos niveles:

1. El título preliminar, la sección primera del capítulo 2º del título I, el título II o la revisión total, que exigen para su reforma mayoría de 2/3, disolución, ratificación de la reforma por las nuevas Cortes y, en último término, por un referéndum.

2. El resto del texto constitucional exige una mayoría de 3/5 y el referéndum sólo exigible cuando lo pida una décima parte de los miembros de las Cámaras.

La ley aprobada por las Cortes Generales no es suficiente para la reforma de la C.E. y la potestad legislativa está condicionada en todo caso por ese límite de la Constitución.

La C.E., en el título IX, establece un Tribunal Constitucional con competencia para conocer del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley (161).

Hay una protección específica implementada por este recurso y por el de amparo para el capítulo 2º del título I, además de los arts. 14 y 30, que limitan las leyes orgánicas que desarrollen los derechos y libertades.

PIRÁMIDE JERÁRQUICA
 

NOTA: Con este capítulo hemos llegado al final del curso.