Normas de las CC.AA.

Limitadas a su territorio. Están sujetas al control de la jurisdicción contencioso-administrativa, y al control del Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, cuando se trate de facultades delegadas mediante ley orgánica en materia de titularidad estatal (150,2 y 153,b).

Reglamentos de las Cámaras, disposiciones que regulan sus presupuestos y el estatuto del personal de las Cortes (aplicable también a otros órganos estatales)

Los reglamentos los establece cada cámara, requieren para su aprobación o reforma una votación final que exige mayoría absoluta, sus efectos están limitados a los miembros de las Cámaras. Sólo están sujetos a la C.E. y regulan su reforma. Son también plenamente impugnables ante la jurisdicción contenciosa.

La misma C.E., art. 9,3, exige y garantiza la jerarquía normativa como principio del Estado de Derecho, y ésta se establece por el principio de seguridad.

Hay que tener en cuenta cuatro criterios:

a. La norma de rango inferior no puede derogar la norma superior y ésta puede derogar la de rango inferior.

b. Si una noma de rango inferior deroga o modifica una de rango superior, puede ser impugnada judicialmente ante la jurisdicción contenciosa o la constitucional.

c. La competencia sobre materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán en caso de conflicto sobre las de las CC.AA. en todo aquello que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas (es la llamada clausula de competencia residual).

d. El principio de jerarquía se mantiene siempre con referencia a la Constitución, que es la que define el rango, competencia o diferencias de procedimientos.

Sobre estos supuestos se puede establecer una ordenación jerárquica:

1. Constitución.
2. Tratados.
3. Leyes orgánicas.
4. Leyes ordinarias.
5. Los decretos leyes, como disposiciones legislativas provisionales.
6. Reglamentos del Gobierno.
7. Leyes de las CC.AA., en materias que no estén atribuidas a su competencia exclusiva.
8. Disposiciones normativas reglamentarias de las CC.AA. en las mismas materias.

Esta jerarquía está garantizada por los correspondientes recursos ante la jurisdicción constitucional o la jurisdicción contencioso-administrativa.

Pueden existir posibles dudas cuando se comparan normas de similar rango. De estas dudas se pueden excluir las leyes de bases y los decretos legislativos, que están jerarquizados entre sí en relación con una proposición de ley, pero a los que hay que atribuir rango análogo a la ley. Los decretos-ley convalidados tienen límites que afectan a su contenido, pero en las materias objeto de su competencia hay que atribuirles el mismo rango de ley.

En cuanto al procedimiento, pero no al rango, están las leyes aprobadas por las comisiones.

Los reglamentos de las Cámaras (o de otros órganos de Estado) quedan fuera de esta jerarquía y están sujetos únicamente a la C.E.