DESARROLLO LEGISLATIVO DE LA PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

La normativa española en materia de protección al consumidor se encuentra dispersa en diferentes disposiciones con distinto rango normativo.

Así la Constitución Española, recordemos que es la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico, dedica varios artículos a la protección de los consumidores.

Para dar mandato a la Constitución las distintas Administraciones elaboran diferentes disposiciones normativas, específicas del ámbito de protección al consumidor o aplicables a otros sectores que también tienen su implicación en éste.

Actualmente existe una norma estatal específica en esta materia que es el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

Esta norma coexiste con diferentes reglamentos que con rango de Real Decreto regulan los distintos productos que podemos encontrar en el mercado y que marcan las condiciones mínimas que deben observar los productos, tanto industriales como alimenticios, y los diversos servicios objeto de tal regulación.

En estos reglamentos se han estipulado los siguientes deberes generales:

a) No perjudicar ni poner en peligro la salud y seguridad de los consumiodres.

b) Respetar los intereses económicos y sociales de los consumidores.

c) Informar sobre las características fundamentales de los bienes o servicios ofertados.

Las diferentes Comunidades Autónomas que, en base a sus respectivos Estatutos de Autonomía han asumido plenas competencias normativas en materia de protección al consumidor, han ido aprobando sus respectivos Estatutos del Consumidor.

Por otro lado, dentro ya de la Administración Local, muchos Ayuntamientos han impulsado su propia normativa a través Ordenanzas Municipales de protección de la salud y de defensa de consumidores y usuarios.

No debemos olvidar que nuestro país es miembro de una Organización Supranacional como es la Unión Europea desde la que emanan diferentes normas, son fundamentales en el ámbito del consumo las Directivas. La normativa europea busca la armonización de la legislación de los diferentes paises miembros, por lo que los legisladores nacionales deben transponer las mismas a la normativa nacional.

Para adaptar la normativa nacional a la europea se han ido desarrollado normas como la Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación y la Ley de Crédito al Consumo, o el Texto Refundido de la Ley General para la defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias de 2007.