El Estado de Derecho

Con la Revolución Francesa nació una nueva concepción del Estado basado en la supremacía de la ley, la separación de los poderes en legislativo, ejecutivo y judicial, el control de los poderes públicos y el respeto de la legalidad en las actuaciones de la Administración. Dado que esta nueva concepción del Estado estaba basada en la existencia de normas jurídicas, se denominó Estado de Derecho.

En el artículo 1.1 de la Constitución española se avanza un paso más cuando se dice: «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político».

Cuando se introduce la expresión Estado social, se está indicando que el Estado no sólo debe respetar y potenciar el ejercicio de los derechos y libertades individuales y colectivas, sino que debe velar por prestar a los ciudadanos los medios necesarios para vivir dignamente, alcanzar el bienestar social y lograr una sociedad más justa.

Con la expresión Estado democrático se quiere reafirmar que las leyes han de garantizar los derechos y libertades de las personas, lo que conduce a una comunidad fundamentada en el sufragio universal, libre, directo y secreto.

La garantía del respeto de los derechos y libertades y del ejercicio de la soberanía popular en un Estado de Derecho reside en la separación y la independencia de los órganos que ostentan los poderes legislativo (Cortes Generales), ejecutivo (Gobierno) y judicial (jueces y magistrados) (véase Figura 1.1).

Fig. 1.1. División de los poderes del Estado.

Nota: Este curso forma parte del libro "CEO - Administración pública" del autor M. Jiménez, Juan A. Jiménez, S. López, E. Ruiz, publicado por la editorial McGraw-Hill (ISBN: 84-481-9968-5).