LOS DIPUTADOS CONSTITUYENTES.

Valentín Gomez Farías, Francisco Zarco, Guillermo Prieto, Pedro Escudero y Echánove, Santos Degollado, Inacción Ramírez, José María del Castillo Velasco, León Guzmán Isidoro Olvera, Ponciano Arriaga, José María Mata, Ignacio L. Vallarta, Mariano y Vicente Riva Palacio, Melchor Ocampo y José María Lafragua, fueron  electos diputados constituyentes, estos dos últimos prácticamente no llegaron a intervenir en las sesiones parlamentarias. Muchos de estos diputados poseían una regular cultura política y algunos conocían con cierto detalle el texto de la Constitución norteamericana y habían leído el libro de Tocqueville sobre La democracia en América, así como las obras de los principales tratadistas de esa Constitución. Además, el funcionamiento de las instituciones constitucionales de Inglaterra, España y especialmente Francia, no les era desconocido. Trabajaron sobre El modelo de Filadelfia, haciendo del gobierno un equilibrio de fuerzas, disposiciones que rompieron fundamentalmente el equilibrio constitucional: la cámara única, la supresión del veto presidencial, la acción congresional ininterrumpida, el juicio político sin garantías de justicia, en una palabra, la omnipotencia del legislativo.

Casi cuatro meses tardó en elaborarse el proyecto de Constitución, los debates que más adelante dividieron a los constituyentes, sobre todo los relativos a las materias religiosas y a la organización del propio Congreso. Los temas que se debatieron, la altura y seriedad del propio debate, el modelo histórico que se vivía, la formación intelectual y la responsabilidad de los constituyentes más destacados permiten afirmar que el Congreso Constituyente de 1856-1857 es el más importante de la historia constitucional mexicana.

EN LA ARENA PARLAMENTARIA

Los debates más significativos fueron los relativos al proceso de reforma que tímidamente había comenzado bajo el gobierno de Juan Álvarez, en concreto la libertad de culto y la relación con la Iglesia, el nuevo equilibrio entre los poderes ejecutivo y legislativo; el restablecimiento de la Constitución federal de 1824; y el problema de la propiedad inmueble. Un asunto no fue puesto a discusión: la forma republicana del gobierno. Desde Ayutla, quedó claro que los monárquicos mexicanos estarían excluidos. El Congreso Constituyente, como fruto de una revolucion prerrepublicana, impidió que fuea discutida abiertamente la cuestión más urgente del momento y la que a la larga costaría tanto derramamiento de sangre: la forma de gobierno. En materia religiosa el proyecto de la comisión incluyó las tres polémicas leyes "prerreformistas". La ley Iglesias, que declaró no obligatorio el pago de los derechos y de las obvenciones parroquiales; la Juárez, que ordenó la supresión de los fueros eclesiásticos  y militar en los juicios civiles y renunciable en los criminales; y la ley Lerdo, que obligó a desamortizar la propiedad vinculada tanto a corporaciones civiles como a la Iglesia. La libertad de cultos provocó las más encendidas objeciones. Los que la favorecían argumentaron que la república solo superaría sus graves dificultades si admitía una considerable colonización de extranjeros, principalmente europeos, para lo cual se hacía indispensable admitir la libertan de cultos. Los detractores afirmaron que con ella se pondría en riesgo la unidad de los mexicanos. El Constituyente aprobó el artículo 123 que dotó a los poderes federales de la facultad de intervenir en las materias de culto religioso y disciplina externa, lo que equivalía a reconocer el ejercicio de un cierto patronato sobre la Iglesia. Nadie quedo plenamente satisfecho con la reglamentación que finalmente hizo la Constitución de esta importante materia, que aceleró y legitimó el proceso de secularización de la vida social de los mexicanos iniciado con las reformas de los monarcas Borbones. Esta inconformidad fue una de las principales causas del amplio rechazo al texto constitucional y de la posterior guerra de Reforma, aunque no la única. Otra provino del deficiente y endeble equilibrio que estableció entre poderes.

INCONFORMIDAD CONSERVADORA

Los Conservadores prácticamente excluidos del seno del Congreso Constituyente, no ofrecieron un proyecto de Estado alternativo al propuesto en la nueva Constitución. También divididos, coincidieron en la defensa de la religión -como el último y único lazo de unidad entre los mexicanos- y de la propiedad - tanto de la privada como de la corporativa, sin embargo, con o sin la ayuda de la Iglesia pero si con la del ejército y la del pueblo, comenzaron a organizar la oposición, defender la religión y la independencia nacional, que se respetasen la religión y los fueros. Durante todo el año de 1857 creció el descontento provocado por la desamortización de las fincas rústicas y urbanas de las corporaciones civiles y eclesiásticas y de las tierras comunales de los pueblos indígenas, y por el juramento a la Constitución exigido por el gobierno a los sacerdotes y a los empleados públicos. Rechazo generalizado a la Constitución, y finalmente a la proclamación del Plan de Tacubaya, el 17 de diciembre, por parte del general Félix Zuloaga, desconoció a la nueva Constitución  y Comonfort, quien no podía verse transformado como un presidente constitucional en cierta forma sometido al Congreso se adhirió al de Tacubaya.

El texto de la Constitución de 1857 no satisfacía prácticamente a nadie y los conservadores la rechazaron por irreligiosa e inmoral, y por estar plagada de principios filosóficos abstractos, ajenos al pueblo mexicano.

El papa Pío IX atacó los artículos aprobados de la Constitución en materia eclesiástica y religiosa, acusando al gobierno mexicano de injuriar a la religión, a la Iglesia católica, a sus ministros y pastores, a sus derechos y a la propia autoridad pontificia, por todo lo cual condenó y declaró "írritos y de ningún valor los enunciados decretos".

El 11 de enero de 1858 el mismo Auloaga pronunció en contra de Comonfort y se convirtió en presidente interino con su gabinete conservador.

La Guerra de Reforma, o de Tres Años, fue la más Sangrienta e Intransigente de las conflagraciones civiles del siglo XIX mexicano independiente.

La libertad de cultos no se decretó hasta diciembre de 1860, días antes de finalizar la guerra, lo que demuestra la cautela con la que se trataba el asunto de la religión.