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Capítulo 7:

 Normas internacionales y legislación


Normativa internacional.

Es importante señalar que el 17 de enero de 1994 el Perú ratifico el Convenio 169 de la OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, el cual entró en vigencia el 2 de febrero de 1995. Este convenio reconoce diversos derechos a los Pueblos Indígenas bajo el principio de su auto identificación e incorpora una serie de medidas destinadas a garantizar el control de estos pueblos sobre sus propias instituciones, formas de vida y su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones. Al ratificar tal instrumento, el Estado peruano se comprometió a adoptar medidas especiales para garantizar a sus pueblos indígenas el goce efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin restricciones, así como realizar esfuerzos para mejorar las condiciones de vida, participación y desarrollo en el marco del respeto de sus valores culturales y religiosos[1].

En ese sentido, el convenio referido reconoce a las poblaciones indígenas los siguientes derechos:

- Gozar en igualdad los derechos humanos, sociales, económicos y culturales, respetando su identidad.

- No ser discriminados.

- Conservar sus valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales.

- Participar en la adopción de medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos.

- Determinar libremente su proceso de desarrollo, en la medida que este afecte sus vidas, creencias e instituciones.

- Tomar en cuenta sus costumbres o derecho consuetudinario al aplicar la legislación nacional a ellas o sus miembros.

- Reconocimiento a la propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan.

- Protección y utilización de los recursos naturales de sus tierras.

La ratificación del Convenio 169 de la OIT por parte del Estado peruano representó una conquista para los pueblos indígenas reunido en las Comunidades Campesinas y Nativas, al establecer la necesidad de una legislación especial para el tratamiento de la problemática con relación a la tierra.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, establecen que el derecho a la igualdad sin discriminación es uno de los pilares de la protección de los derechos humanos, reconocimiento importante para el desarrollo de la Comunidades Campesinas y Nativas. Este derecho esta consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que establece:

Artículo II:Todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna.

Legislación Comparada.

La Legislación extranjera ha recogido de diversas maneras la regulación correspondiente a las Comunidades Campesinas y Nativas, legislaciones que establecen lo siguiente:

- COLOMBIA.- Se reconocen los territorios indígenas como entidades territoriales en la misma categoría que los Municipios y Distritos, y se destina un capítulo especial en la Constitución a su regulación, de la que surge la autonomía que gozan dentro de su circunscripción, permitiéndoles el gobernarse por autoridades propias, administrar sus recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como participar en las rentas nacionales.

- PARAGUAY.- La Constitución establece un régimen de propiedad de las comunidades que ha recibido un tratamiento especial, en tanto se asegura el derecho de propiedad comunitaria, consagrando la obligación por parte del Estado de proveerlos gratuitamente de esas tierras, las que se declaran inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, exentas de tributos y no susceptibles a garantizar obligaciones contractuales, ni de ser arrendadas.

- BRASIL.- Se les reconoce constitucionalmente el usufructo exclusivo de las riquezas existentes en el suelo, los ríos y los lagos, salvo casos de autorización expresa del Congreso Nacional, en favor de terceros y con participación en los frutos provenientes de la explotación.

- VENEZUELA.- Considera que su protección como comunidad y su incorporación progresiva a la vida de la nación requieren un régimen de excepción, y se dejan libradas a la Ley. Podría señalarse, sin embargo, el amparo irrestricto a cargo de los tribunales de justicia en el goce y ejercicio de los derechos y garantías consagradas por la Constitución.

- COSTA RICA.- La Ley 7316, reconoce la aspiración de los pueblos indígenas a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida, de su desarrollo económico, a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, todo esto dentro del marco de los zonas de territorio en los que viven.

- URUGUAY, MÉXICO Y BOLIVIA.- Reconocen legalmente a las Organizaciones Comunitarias Rurales y Urbanas y les abre la posibilidad de adquirir personería jurídica para que participen activamente en el manejo de los municipios.

- ECUADOR.- Consagra la obligación de establecer defensores públicos para el patrocinio de las comunidades indígenas.

-CENTRO AMÉRICA (EL SALVADOR, GUATEMALA, NICARAGUA, HONDURAS).- Establecen en su Constitución que todos los indígenas son ciudadanos de sus respectivos pa

[1] GRANDEZ CASTRO, Pedro, 20Código Civil Comentado por los 100 mejores Especialistas21, Gaceta Jurídica, Lima, 2003, Pag. 594 11 595.

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