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Comercio. Marco jurídico (España)

Autor: Editorial McGraw-Hill
Curso:
10/10 (1 opiniýn) |600 alumnos|Fecha publicaciýn: 25/08/2010

Capýtulo 6:

 Protección del consumidor

1.4 Protección y derechos del consumidor

A. Protección del consumidor

El artículo 51, párrafo primero, de la Constitución española establece que: «Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos». La protección del consumidor, no obstante, corresponde a todas las administraciones, y existen dentro de ellas diversos organismos que intentan abarcar todos los aspectos.

En España, las comunidades autónomas tienen competencias en este campo, y se regulan en sus propios estatutos. Por ello, han ido apareciendo y aprobándose leyes y normativas favorables a la defensa de los consumidores y usuarios. También algunas administraciones locales, los principales ayuntamientos, tienen competencia en esta materia y han impulsado y contribuido al desarrollo de normas que velan por la salud y la defensa de los consumidores. No debemos olvidar aquellas asociaciones creadas por los consumidores cuya principal ocupación es vigilar y defender los intereses de los ciudadanos con mayor eficacia.

Un esquema breve de las principales instituciones agrupadas según la administración a la que pertenecen sería:

Perteneciente a la Administración comunitaria

Dirección General xxiv de la Comisión Europea: tiene competencias para fomentar e impulsar la cooperación y la información entre las administraciones de los estados miembros.

Pertenecientes a la Administración central

Subsecretaría de Sanidad y Consumo: coordina, dirige y supervisa las cuestiones relacionadas con el consumo.

Instituto Nacional de Consumo: se encarga de la formación e información, del control sanitario e investigación de los productos, de la supervisión de laboratorios que realizan los controles, así como de la coordinación de asociaciones de consumidores.

Defensor del Pueblo: garantiza las libertades y derechos fundamentales de los consumidores.

Junta Arbitral Nacional de Consumo: soluciona problemas entre empresas y consumidores por medio de arbitrajes.

Consejo de Consumidores y Usuarios: órgano de representación y consulta que integra a representantes de las diferentes asociaciones de consumidores.

Pertenecientes a la Administración autonómica

Consejerías de Consumo: se encarga de la inspección y del control de los productos y servicios, del control de las condiciones de venta y del cumplimiento de la normativa y legislación vigente.

Dirección General de Consumo: hace efectivo todo el sistema de actuaciones de las consejerías.

Pertenecientes a la Administración local

Servicios de Inspección de Consumo: es el órgano de control más cercano al ciudadano. Se encarga de la aplicación real de toda la normativa y de la transmisión de la información y los datos a los organismos inmediatamente superiores para que se tomen las medidas pertinentes o se abran los expedientes que correspondan.

OMIC (Oficinas Municipales de Información al

Consumidor). Las funciones de estas entidades son:

– Atención, defensa y protección de los consumidores.

– Información y ayuda a los consumidores para el ejercicio de sus derechos.

– Recepción y registro de quejas y reclamaciones de consumidores y usuarios.

– Facilitar a los consumidores las direcciones de organismos relacionados con el consumo.

Juntas Arbitrales de Consumo: formadas por tres miembros que representan uno a los consumidores, otro a los empresarios y un tercero que es el presidente del Colegio Arbitral. El arbitraje intenta ser una solución extrajudicial rápida para resolver los posibles problemas y conflictos que puedan surgir entre los consumidores y los comerciantes.

Arbitraje: mediación de una tercera persona o entidad en un conflicto, para evitar que las partes deban acudir a los tribunales para resolverlo.

Asociaciones de consumidores y usuarios

La necesidad que tienen los consumidores de agruparse para conseguir tener una mayor fuerza a la hora de defender sus intereses dio lugar a un movimiento de asociacionismo que se ha concretado en un grupo de organizaciones que abarcan todo el territorio nacional, aunque en determinadas comunidades autónomas han aparecido asociaciones de tipo regional. Son entidades de carácter privado pero declaradas de interés público.

Se autofinancian con las aportaciones propias de sus miembros o socios, y además, están registradas por el Ministerio de Sanidad y Consumo. Las principales asociaciones de consumidores de ámbito nacional son, por orden alfabético:

ASGECO: Asociación General de Consumidores.

CECU: Confederación Estatal de Consumidores y Usuarios.

FEACCU: Federación Española de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios.

FUCI: Federación de Usuarios Consumidores Independientes.

OCU: Organización de Consumidores y Usuarios (es la más importante de todas estas asociaciones).

UCE: Unión de Consumidores de España.

UNAE: Unión Cívica Nacional de Amas de Casa de España.

CASO PRÁCTICO 2

Un ejemplo para aclarar el concepto de consumidor. Suponemos que se produce una compraventa de un vehículo. Claramente pueden darse tres tipos de situaciones:

1) El concesionario de coches vende un modelo de furgoneta a otra empresa. En este caso no podemos catalogar la empresa compradora como consumidor, ya que no existe una relación de consumo.

2) El intercambio del vehículo se produce entre dos particulares. Aquí tampoco se produce una relación de consumo.

3) Un concesionario vende un vehículo a un particular. Aquí sí se produce una relación de intercambio, ya que el particular es un consumidor final del bien.

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