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Capýtulo 4:

 Centros de trabajo. Representantes sindicales (2/3)

¿Cuántos representantes corresponden elegir conforme a los Artículos  62.1 y 66.1 del Estatuto de los Trabajadores?

* En función del número de trabajadores y trabajadoras de cada unidad electoral se determina el  número de Delegados y Delegadas de Personal o miembros del Comité de Empresa que corresponde elegir.

* Para cifras superiores, se suman dos representantes por cada 1.000 trabajadores y trabajadoras o fracción, no pudiéndose superar el máximo de 75 representantes.

N. º de trabajadores y trabajadorasN. º de delegados y delegadas de personal
6 a301
31 a 493
Comités de Empresa  (ARTÍCULO 66.1 E.T.) 
N. º de trabajadores y trabajadorasN. º de representantes
50 a 1005
101 a2509
251 a 50013
501 a 75017
751 a 100021
1001 a 200023
2001 a 300025
3001 a 400027
4001 a 500029
5001 a 600031
6001 a 700033
7001 a 800035
8001 a 900037
9001 a 1000039

Fuente: Art. 62.1 y Art. 66.1 Estatuto de los Trabajadores

El Art. 75.1 del Estatuto de los Trabajadores obliga a la dirección de la empresa a facilitar los medios precisos para el normal desarrollo de la votación y de todo el proceso electoral; en consecuencia, debe facilitar el desarrollo de la campaña electoral.

La Ley Orgánica 11/1985 (LOLS)(4)  en su Art. 2.2 d) incluye en el ejercicio de la actividad sindical el derecho de los sindicatos a la presentación de candidaturas, y en su Art.9 dispone que quienes ostenten cargo a electivos en los sindicatos más representativos tendrán derecho a asistir y acceder a los centros de trabajo para participar en las actividades propias del sindicato o del conjunto de las y los trabajadores, previa comunicación a la empresa y sin que el ejercicio de ese derecho pueda interrumpir el desarrollo normal de la actividad.

En relación al nombramiento de la representación sindical con derecho a ser Delegados y Delegadas de Prevención, la Ley 31/1995 de 8 de noviembre que entró en vigor el 10 de febrero de 1996 supone la transposición al Derecho español de la Directiva Marco 89/391/CEE, que contiene el marco jurídico general en el que opera la política de prevención comunitaria, y de las Directivas 92/85/CEE, 94/33/CEE y 91/383/CEE.

Esta Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en su “Exposición de motivos”:

- Señala el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores y trabajadoras frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

- Reconoce el derecho de éstos en el ámbito laboral a la protección de su seguridad e integridad, indicando las obligaciones que, en ese ámbito, garantizarán ese derecho (obligaciones que, fundamentalmente, corresponden a la dirección de las empresas).

Por su parte, en cumplimiento de lo señalado en el Art. 6 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, se aprobó el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en el que, entre otros aspectos, se recogen los procedimientos de evaluación de riesgos  y las modalidades de organización preventiva a adoptar en cada caso.

Pese a la vigencia de la Ley de Prevención desde febrero de 1996, desde un punto de vista práctico, cabe señalar la existencia en la misma de ciertos problemas que han dificultado su aplicación, así como determinadas insuficiencias de contenido, que se han manifestado en la existencia de elevados índices de siniestralidad laboral (tal y como señala la Exposición de motivos de la ley 54/2003, de 12 de diciembre).

El análisis de esos problemas ha demostrado una falta de integración de la prevención en la empresa, que se ha ido evidenciando en el cumplimiento más formal que real de la normativa. Estos motivos han justificado la reforma llevada a cabo mediante la Ley 54/2003, de 12 de diciembre de Reforma del Marco Normativo de la Prevención de Riesgos Laborales. Por otro lado, con objeto de establecer las disposiciones mínimas que las diferentes empresas que coinciden en un mismo centro de trabajo han de poner en práctica, para prevenir los riesgos laborales derivados de la concurrencia de actividades empresariales, se procedió a la aprobación del R.D. 171/2004, de 30 de marzo, por el que se desarrolla el Art. 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.

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