Se encuentran altamente condicionadas por la situación macroeconómica de nuestro país. En primer lugar, el desempeño económico del país ha sido modesto en las dos últimas décadas (Larrea, Carlos y Sánchez, Jeannette. 2002). Las previsiones macro sobre el crecimiento económico para el 2003, fueron más bien modestas ubicándose en el 3%. Si bien para el 2004 a existido un crecimiento económico mucho más acelerado (Mancheno, Diego. 2004), este crecimiento esta anclado sobre todo al petróleo que a llegado a precios récord 50 USD por barril (El Mercurio, Cuenca 28 septiembre 2004), sin embargo no elimina las serias dificultades de las finanzas públicas.

En segundo lugar, la consideración del contexto de dolarización, bajo el modelo de apertura económica, es fundamental para analizar la viabilidad del proceso de descentralización fiscal en el país. Ante la ausencia de la política monetaria y cambiaria, la política fiscal se vuelve el eje de la política económica que debe enfrentar los retos de la estabilización macroeconómica y los choques externos que debilitan la balanza de pagos y restringen la oferta monetaria. La dolarización impone la necesidad de una disciplina fiscal: sin poder controlar la oferta monetaria, se debe controlar el gasto público y robustecer los ingresos fiscales.

el apoyo a la competitividad se vuelve fundamental, dado que las exportaciones se constituyen en una importante fuente de ingresos que nutren la oferta monetaria. El sector exportador es, sin embargo, dependiente de productos tradicionales, la mayoría primarios, expuestos a mercados internacionales variables y/o susceptibles a cualquier cambio en la política internacional, como el petróleo, el banano, los camarones y las flores.

La política fiscal aparece en este contexto como la herramienta fundamental de control macroeconómico. En este sentido, la forma, momento y circunstancias en que se abre paso a la descentralización fiscal cobran una importancia fundamental para el país, desde el punto de vista macroeconómico, más allá de sus potenciales alcances políticos y sociales.

Se debe afirmar también, que pese a las reformas, el régimen fiscal sigue siendo centralizado y básicamente sectorial. Los presupuestos, en los hechos, se siguen construyendo en base de los presupuestos anteriores y menos en función de acciones programáticas que reflejen claramente impactos discriminados territorialmente.  El régimen fiscal carece de una coordinación adecuada entre los mismos sectores del gobierno central y entre las instituciones dependientes y los gobiernos seccionales. Ello genera muchas ineficiencias en el uso de los recursos y es el Ministerio de Economía el que en última instancia decide las prioridades del gasto sin considerar la demanda sino las propuestas sobre la oferta (servicios).