Nuestra sociedad ha nacido y crecido en un estado unitario y centralista. Ha sido modelada por la administración central, de allí que suele aparecer natural y lógico determinados comportamientos centralistas que trascienden los grandes centros de poder urbanos, las capitales de provincia, encontrándose en las unidades territoriales de base. Por ello, el cambiar esa "cultura centralista", forjada a lo largo de siglos de centralismo, por una mentalidad o cultura descentralista o autónoma es, sin duda, una tarea compleja y de mediano o largo plazo, puesto que es parte de nuestra forma de concebir las relaciones con el poder político central e incluso local. De allí que las modificaciones que el legislador logre en los marcos jurídicos, no implica que cambie per se la mentalidad centralista que es parte de nuestra cultura.

El cambio de mentalidad, debe comenzar en la familia, la escuela, el barrio, la fábrica, las organizaciones de representación social, política, económica y cultural, espacios que deberían constituirse en verdaderos centros de formación de ciudadanía, de democracia. Por lo tanto, el éxito cultural de la descentralización se asienta precisamente en las instituciones básicas de la sociedad antes que en la legislación.

La descentralización es algo más que un proceso administrativo, concierne no solamente a las instituciones provinciales, cantonales o parroquiales, sino a todos los ciudadanos. Esto implica una auténtica distribución de poder entre las diferentes entidades territoriales y por lo tanto un auténtico ejercicio de participación, por ello, el proceso de descentralización habrá de ser alentado directamente por dichas instituciones y por los propios ciudadanos.

Es cada vez más clara la necesidad de la acción del sector público para desarrollar el estado de Derecho y para crear instituciones sólidas que expresen y permitan cumplir con las funciones esenciales del Estado.

Si el proceso descentralizador no va al ritmo de las exigencias regionales, cantonales y/o parroquiales, que si se mantiene la apatía y tradición semi-autoritaria del régimen político nacional y local o, el esquema de relaciones premodernas de autoridad (relaciones verticales, caciquismo, clientelismo, intermediarismo), es probable que se desarrolle un esquema de ingobernabilidad en el corto y mediano plazo. En este escenario los gobiernos locales, muy probablemente se encuentran en una situación de subordinación al gobierno central, lo cual ha dado como saldo gobiernos débiles.

La experiencia descentralizadora en la Región muestra que si los gobiernos de turno se convierten en los inductores de arriba-abajo de políticas descentralizadoras, la tradición autoritaria y vertical, tiende a controlar plenamente el proceso. En esta situación es previsible que la fase de desconcentración administrativa sea una fase muy prolongada en el tiempo, dado que se busca un incrementalismo cuidadoso por mantener la capacidad de control. La fase de descentralización gubernamental también se prolonga mucho a lo largo del tiempo, dado que a cada conflicto que surge entre el gobierno central y los regionales y locales, la "corrección" se traduce en una recentralización para recuperar el control del proceso.

La práctica descentralizadora permite además concluir que las estrategias de descentralización titubeantes y excesivamente lentas, suelen ser contraproducentes al proceso, es decir que pueden relegitimar el centralismo, y a los grupos de poder dominantes.