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Capýtulo 20:

 La posibilidad de reclamar a los administradores de las sociedades mercantiles

Ciñéndonos a la responsabilidad civil en la que pueden incurrir los administradores de una sociedad respecto de sus acreedores por aquellas deudas derivadas de operaciones comerciales, y en lo concerniente a las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, destacar en primer término que el ordenamiento jurídico distingue entre responsabilidad derivada de relaciones contractuales de la responsabilidad de relaciones extra-contractuales. Estas últimas son las que se dan entre la Sociedad y terceros (en este caso, los acreedores). Las acciones derivadas de la responsabilidad extracontractual civil no tienen naturaleza punitiva sino reparadora del daño causado.

Los deberes de los administradores de las Sociedades Anónimas y Limitadas, se contemplan en el art. 127 LSA. Este precepto, define y establece un régimen de deberes, desde el ámbito del conflicto de intereses, y sobre la base del fomento de la transparencia en la gestión de las empresas, con respeto al principio de autorregulación. Se trata de deberes deducidos por la doctrina y jurisprudencia en relación al deber general de desempeñar el cargo con la diligencia de un ordenado empresario y representante leal.

Así, la responsabilidad de los administradores del art. 133 LSA (así como la de su art. 262.5) no se impone simplemente por su condición de administrador, sea socio o no, sino del incumplimiento de las obligaciones que en el ejercicio de su cargo les impone la ley.

La responsabilidad de los administradores puede ser exigida mediante el ejercicio de las acciones contempladas en los arts. 134 y 135 LSA. En consecuencia, se requiere de una resolución judicial que lo declare. El art. 133 LSA resulta insuficiente para identificar mínimamente la acción ejercitada, ya que el mismo sólo da un sentido general. El demandante debe precisar si la acción ejercitada es la social o la individual, respectivamente reguladas en los arts. 134 y 135 y sometidas por tanto a un régimen diferente.

A partir de la reforma de la LSA efectuada por L 26/03, de 17 de julio, deben entenderse incluidos los arts. 127 bis a 127 quáter LSA, aplicables desde el 19-7-2003, y que regulan nuevos deberes de los administradores además del de diligencia, cuales son: lealtad, fidelidad y secreto), de modo que la culpa imputable a aquellos es la culpa profesional y específica, y no la culpa grave o el dolo de la legislación anterior a 1989.

La citada reforma del art. 133 LSA regula ahora la responsabilidad de quien actúe como administrador de hecho de la sociedad, respondiendo personalmente frente a la sociedad, accionistas y acreedores del daño que cause por actos contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes que la LSA (arts. 127 y ss.) impone.       En materia de prueba, rige el principio general del art. 1214 CC (corresponde al actor la carga de probar todos los presupuestos).

En lo relativo a la responsabilidad de los administradores de las sociedades de responsabilidad limitada se rige por lo establecido para las sociedades anónimas. Se prevé un supuesto de responsabilidad objetiva para los casos en los que los administradores incumplan su obligación de convocar Junta para acordar la disolución de la sociedad, o soliciten en su caso la disolución judicial, o si procede, el concurso de acreedores de la sociedad.  

Los supuestos legalmente contemplados, por los que se exige que  los administradores están obligados a convocar Junta para que acuerde la disolución son los siguientes:

- Cuando haya concluido la empresa que constituya su objeto, o exista imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social, o paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento.

- Cuando no haya ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social durante 3 años consecutivos.

- Cuando existan pérdidas que dejen reducido el patrimonio contable a menos de la mitad del capital social, salvo cuando éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente. (Debe constatarse que a partir del 1-9-2004, esta causa opera siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso conforme a lo dispuesto en la nueva Ley Concursal.) **.

- Cuando se reduzca el capital social por debajo del mínimo legal.

- Cuando se dé cualquier otra causa establecida en los estatutos.

          ** Según la nueva Ley Concursal, se halla en estado de insolvencia inminente el deudor que prevea que no podrá cumplir regular y puntualmente con sus obligaciones. La Ley, establece que los administradores del negocio pueden llegar a responder solidariamente con sus propios bienes de las deudas sociales contraídas y no satisfechas a resultas del desequilibrio patrimonial de la sociedad. Legalmente no es posible disolver una sociedad y liquidarla mientras existan deudas pendientes. Ante la insolvencia, la única vía posible es solicitar la declaración de la sociedad en concurso de acreedores en el plazo de dos meses desde que se tuvo conocimiento de la insolvencia o desde el momento en que "debió conocerla" el administrador de la misma (que no puede alegar desconocimiento de la situación contable real de la empresa, como motivo de no haber solicitado el concurso). Uno de los efectos más severos de la Ley Concursal es la posibilidad de acordar el embargo de bienes y derechos de los administradores y liquidadores. El juez puede acordarlo cuando exista fundada posibilidad de que el concurso se califique como culpable y siempre que la masa activa de la sociedad resulte insuficiente para satisfacer todas las deudas.

En definitiva, en el supuesto en el que una sociedad se halle infracapitalizada y desaparecida del tráfico mercantil sin haber cumplido los requisitos legalmente establecidos a tal efecto, los administradores podrán incurrir en responsabilidad frente a los acreedores.

En cuanto al plazo de prescripción de las acciones a interponer contra los administradores de las empresas, la mayoría de la doctrina y jurisprudencia se muestra unánime en considerar que el plazo aplicable es el de 4 años previsto en el art. 949 del CCOM.

El levantamiento del velo

Esta doctrina jurisprudencial basándose en la equidad, permite a los jueces prescindir de la forma externa de la persona jurídica para, penetrando a través de ella, alcanzar a las personas y los bienes que se amparan bajo su cobertura. En España toma lugar con la STS 1ª 28-5-84, permitiendo a los tribunales penetrar en el verdadero substrato material para evitar que bajo dichas formas se perjudiquen intereses y derechos de terceros. A partir de este fallo, que afecta a una materia propia de responsabilidad extracontractual, han sido muchos los campos de aplicación de esta técnica.

El abuso de la personalidad jurídica en fraude de ley o en fraude de acreedores se utiliza de forma que la sociedad se configura como normativa de cobertura para eludir el cumplimiento de obligaciones legales, contractuales e incluso extracontractuales, consiguiendo un resultado contrario al ordenamiento jurídico, injusto o dañoso para terceros.

Precauciones especiales con las sociedades irregulares:

Sociedades irregulares son aquellas que carecen del doble requisito de la escritura pública y de la inscripción registral, ó simplemente éste último. La publicidad registral de las sociedades se impone especialmente a favor de los terceros. En consecuencia, en todos aquellos supuestos en los que el comprador resulte ser una sociedad irregular (como podría ser el caso de una Sociedad Civil particular), y en el marco de aplicación y desarrollo de una política preventiva, es fundamental identificar al responsable o dueño del negocio. Para ello, es recomendable solicitar al cliente una copia de la escritura fundacional o documento privado por el que se constituye la sociedad irregular y el documento del alta fiscal ante la administración tributaria. Con esta medida, se podrán obtener los datos que  permitirán identificar a los dueños o gestores particulares del negocio en cuestión. Ante cualquier incidencia derivada de un impago y dependiendo de la forma societaria, el acreedor podrá ejercitar sus acciones de reclamación contra los gestores o dueños del negocio.

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