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Capítulo 7:

 El contrato mercantil (1)

El ordenamiento jurídico contempla el contrato como un negocio jurídico patrimonial de carácter bilateral, cuyo efecto consiste en constituir, modificar, o extinguir una relación jurídica patrimonial. El contrato, se configura como el primero y más importante instrumento que sirve para la circulación mercantil de bienes y prestación de servicios, constituyéndose en pilar básico del orden económico, pues a través de él se realiza la función de intercambio de bienes y servicios.

El CCOM proclama una concepción objetiva del Derecho Mercantil señalando que los actos de comercio lo son independientemente de que sean o no comerciantes los que los realicen. (C. de C.:2 y Exposición de Motivos).

No obstante, del articulado del CCOM, se puede extraer un criterio subjetivo en la regulación de la mayoría de los contratos que el propio Código contempla, para los que exige como requisito indispensable para que sean apreciados como mercantiles el hecho de que participe al menos un comerciante.

Por otro lado, algunos autores prefieren hablar del contrato mercantil como acto de empresa, distinguiendo el contrato mercantil del civil por la pertenencia o no del acuerdo, a la actividad económica constitutiva de empresa.

Los contratos mercantiles se rigen por reglas generales del CC en todo lo que no se halla expresamente regulado en el CCOM o en leyes especiales en todo lo referente a: requisitos, modificaciones, excepciones, interpretación, extinción y capacidad de los contratantes (consentimiento).No obstante, el Código de Comercio determina reglas especiales aplicables a los contratos mercantiles relativas a su perfección, forma, prueba, interpretación y régimen de las obligaciones contractuales.

A su vez, el intervencionismo estatal en ocasiones exige requisitos de forma rígidos en aras a la protección de terceros, dando lugar en muchas ocasiones a leyes especiales (por ejemplo, sector seguros, transportes, etc.).

Manifestaciones relativas a la protección de consumidores y usuarios son:

-En general, mediante la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, donde, entre otros aspectos, se regulan las cláusulas abusivas. (L.G.D.C.U.:10 y 10bis)

-En particular, mediante la protección de los contratantes ante los denominados contratos-tipo, es decir, aquellos que contienen condiciones generales, a través de la Ley 7/1998, sobre Condiciones Generales de la Contratación. (L 7/98, contratación:)

-Recientemente, a través de las medidas que se contemplan en la Ley 23/2003, de 10 de julio, de garantías en la venta de bienes de consumo. (L 23/03, garantías bienes consumo:)

Debe tenerse en cuenta que únicamente en determinados casos contemplados por el CCOM, se exige la forma escrita de los contratos como requisito de su validez y existencia. Para que exista contrato deben concurrir los requisitos del consentimiento de los contratantes sobre el objeto cierto que sea materia del contrato y la  causa de la obligación que se establezca. A su vez, en determinados supuestos, se precisa la concurrencia de ciertos requisitos de forma. No obstante, siempre es importante formalizar por escrito aquellos acuerdos que se deriven de operaciones comerciales, a los efectos de acreditar fidedignamente la existencia del contrato, así como cada una de las estipulaciones, obligaciones, condiciones, plazos de pago, importes a abonar por el deudor y las penalizaciones económicas aplicables en caso de incumplimiento del acuerdo. 

El Principio General de la Autonomía de la voluntad de las partes para contratar, contemplado en nuestro ordenamiento mercantil, otorga mucha flexibilidad a la hora de redactar el contenido de los contratos. La Ley dispone que los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público. A tal efecto, hay que considerar que si el contrato reúne los requisitos legalmente exigidos, el deudor quedará obligado a asumir lo pactado, sin posibilidad de dar marcha atrás a los acuerdos asumidos. (Los arts. 57-59 del CCOM, no cabe interpretar los contratos mercantiles de tal forma que conduzca a resultados contrarios a las exigencias y necesidades del propio comercio).

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