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Argumentación jurídica

Autor: arturo cancela
Curso:
|487 alumnos|Fecha publicaciýn: 20/05/2011
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Capýtulo 8:

 La motivación y el precedente judicial

La motivación, su concepto: Entendida desde su finalidad, es la expresión del argumento que revela y explica al justiciable la actuación de la autoridad.

la motivación.- objetivos: (i) que la motivación sea verificable (en otras palabras, que quede clara la sujeción del fiscal al ordenamiento jurídico) y por tanto puedan ejercerse los controles por parte de la víctima, el ministerio público y los jueces, y (ii) que en el evento de que el caso sea asignado a otro fiscal, este conozca los motivos que tuvo su antecesor para tomar decisiones trascendentales dentro del proceso y a partir de ello pueda resolver lo que resulte necesario y pertinente.

De motivar , sus anotaciones:

1. De detectar los problemas fácticos, jurídicos y probatorios inherentes al caso. Si partimos de la base de que motivar no es otra cosa que presentar una argumentación razonable, es obvio que el primer paso para una motivación adecuada es la ubicación e indicación de los puntos que deben resolverse. Así, retomando lo explicado en el acápite destinado a la motivación en las audiencias preliminares, concretamente lo relacionado con la solicitud de imposición de medida de aseguramiento, no es posible una adecuada motivación si no se analizan los problemas jurídicos básicos y los que surjan en desarrollo de la audiencia:

probabilidad de autoría, necesidad de la medida, tipo de medida a imponer, entre otros.

 “El deber de motivar no se satisface con la simple y llana expresión de lo decidido por el funcionario judicial, pues menester resulta --la indicación clara, expresa e indudable de su argumentación, con soporte en las pruebas y en los preceptos aplicados en cada asunto, pues no de otra manera se garantizan los derechos de los sujetos procesales, a la vez que se hace efectivo el principio de imperio de la ley, esto es, de sometimiento de los jueces al ordenamiento jurídico”.

2. Una adecuada motivación solo es posible si se consideran las diferentes posiciones de las partes frente a un determinado problema jurídico.

“[S]i la sentencia carece absolutamente de motivación sobre un elemento del delito, la responsabilidad de acusado, o en relación con una específica circunstancia de agravación, o la individualización de la pena, o no empece tener motivación, la misma es ambigua o contradictoria o se fundamenta en supuestos fácticos o racionales inexistentes, y en tal medida las consideraciones del juzgador no podrían ser fundamento legal y razonable de la decisión contenida en la parte resolutiva, la nulidad se erige como la única vía plausible de solución”

La real existencia de precedente judicial.-

No todo lo expresado en las sentencias de las altas cortes constituye precedente judicial, por lo que es necesario que el fiscal, cuando vaya a hacer uso de esta herramienta en alguno de los sentidos atrás enunciados (solicitando la aplicación del precedente a un caso determinado u oponiéndose a una decisión de esa naturaleza), debe estar en capacidad de argumentar sobre la real existencia del precedente y sobre el alcance del mismo.

Para ello la jurisprudencia y la doctrina han diferenciado los conceptos de decisión, ratio decidendi (razón de la decisión) y obiter dicta manifestaciones adicionales que no constituyen el fundamento de la decisión).

De otro lado, la argumentación relacionada con la estructura del precedente judicial (problema jurídico, decisión (tesis) y ratio decidendi (razones de la decisión)) puede referirse no a la existencia del precedente sino al alcance de la decisión (cobertura de la ratio decidendi).

La analogía fáctica de precedente judicial.- Como se ha dicho, la creación de reglas por parte de los jueces para resolver aspectos no regulados expresamente en la ley tiene lugar en la solución de casos concretos, esto es, frente a una situación fáctica determinada. se trataba de un desacierto evidente, cuya percepción no requería mayores esfuerzos intelectuales. puede afirmarse que este, cuando pretenda que un determinado precedente no se aplique a un determinado caso, debe cumplir dos importantes cargas: (i) poner de presente cuál es el precedente cuya inaplicación se pretende –principio de transparencia–, y (ii) expresar las razones por las cuales dicho precedente no debe ser acogido.

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