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Capýtulo 27:

 Derecho al debido proceso. Tribunal Constitucional

F. Derecho al debido proceso

16. Una vez determinada la procedencia de la demanda de amparo de autos, corresponde pronunciarse sobre el fondo del asunto materia de cuestionamiento. El recurrente alega que, en el proceso administrativo disciplinario iniciado en su contra, se ha vulnerado su derecho constitucional al debido proceso al haberse excedido, para la resolución del mismo, del plazo de treinta días establecido por ley. Textualmente, plantea su demanda de la siguiente manera:

"Que, habiéndose descrito el marco de lo que debe entenderse como Debido Proceso; es el caso mencionar la violación del Derecho Constitucional del Debido Proceso, en la que ha incurrido el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura y Jefe de la Oficina Distrital de Control de la Magistratura -ODICMA- PIURA, Dr. Jorge Eduardo Díaz Campos, y el Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura -OCMA- Dr. Francisco Artemio Távara Córdova; pues ambos funcionarios públicos han contravenido el Principio del Debido Proceso, pues NO HAN OBSERVADO EL PLAZO DE LEY para la sustentación del Proceso Administrativo Disciplinario en mi contra y la imposición de la Medida Cautelar de ABSTENCION EN EL EJERCICIO DEL CARGO..."

El recurrente alega que se ha producido la dilación indebida del proceso administrativo disciplinario, lo cual constituye una vulneración del derecho constitucional al debido proceso. Ampara su pretensión en el artículo 163º del D.S. N.° 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, que establece lo siguiente:

"El servidor público que incurra en falta de carácter disciplinario, cuya gravedad pudiera ser causal de cese temporal o destitución, será sometido a proceso administrativo disciplinario que no excederá de treinta (30) días hábiles improrrogables. El incumplimiento del plazo señalado configura falta de carácter disciplinario contenida en los incisos a) y d) del Artículo 28 de la Ley."

Invoca la aplicación de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que en su artículo IV del Título Preliminar establece los principios del procedimiento administrativo y estipula que:

"El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (...)

1.9. Principio de celeridad.- Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento."

Asimismo, invoca el artículo 142º de la citada ley, el cual prescribe que:

"No puede exceder de treinta días el plazo que transcurra desde que es iniciado un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta aquel en que sea dictada la resolución respectiva, salvo que la ley establezca trámites cuyo cumplimiento requiera una duración mayor."

Por ello, argumenta que ha sido vulnerado el principio de celeridad y que el plazo de treinta días constituía el plazo máximo de duración del proceso administrativo disciplinario.

17. La parte demandada, por su parte, alega que la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Reglamento de Organización y Funciones de la OCMA, Resolución Administrativa N.º 263-96-SE-TP-CME-PJ, prevalecen sobre el Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, D.S. N.º 005-90-PCM, y, que de acuerdo con el inciso 2) del artículo 207º de la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, los plazos no son de carácter clausus. Dicho artículo establece lo siguiente:

"El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días."

La parte demandada sostiene que la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Reglamento de Organización y Funciones de la OCMA no establecen el plazo previsto en el artículo 163º del D.S. N.º 005-90-PCM. Asimismo, afirma que en el Reglamento de Organización y Funciones de la OCMA los plazos previstos son flexibles o elásticos:

"Ampliación del Proceso Único.- Si durante el proceso disciplinario, el Órgano Contralor investigador, advierte indicios de otras irregularidades atribuibles al mismo investigado u otros Magistrados y/o Auxiliares de Justicia, podrá ampliar de oficio el proceso por los nuevos cargos o contra los nuevos presuntos responsables".

Este tema se debe ver complementado con lo señalado en el artículo 56° del citado Reglamento:

"Acumulación de Procesos Disciplinarios.- A pedido de parte o de Oficio, el Jefe de la OCMA, de la ODICMA o los Jefes de las Unidades Contraloras podrán disponer la acumulación de los procesos disciplinarios, por tratarse de los mismos hechos o por la conexidad de los procesos, siempre y cuando resulte aconsejable por economía procesal y seguridad jurídica, así como para los fines del proceso."

Finalmente, añade que una razón para que el proceso administrativo disciplinario seguido contra el recurrente se haya dilatado fue la paralización, a nivel nacional, de los servicios administrativos del Poder Judicial por motivo de huelga en el mes de noviembre del año 2003.

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