El Gerente Departamental del IPSS, don Nelson Iván Puch Chang, contesta la demanda negándola y contradiciéndola principalmente en atención a:

1) Que su representada en ejercicio de sus funciones y atribuciones ha emitido la resolución cuestionada por la que se destituye al demandante debido a los actos de inmoralidad cometidos en agravio de la paciente asegurada doña Liz Barraza Osores, y que de acuerdo al inciso j) del artículo 28° del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Público, configuran faltas de carácter disciplinario susceptibles de ser sancionadas con cese temporal o destitución, previo proceso administrativo y sanción prevista en el artículo 26° de la citada norma;

2) Que el referido proceso se ha seguido conforme a las pautas establecidas en el Decreto Legislativo N° 276 y en los artículos 160° y siguientes del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, habiendo la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios de su Gerencia calificado la denuncia remitida por los órganos de control de la institución y por el mismo despacho gerencial mediante Carta Nº 51-IPSS-GDJ-CPA-95, en la que se pronuncia por la apertura de proceso administrativo disciplinario contra el demandante;

3) Que en dicho proceso notificado al demandante, éste ha formulado su descargo mediante documento del doce de febrero de mil novecientos noventa y seis, y ha terminado mediante el pronunciamiento de la Comisión contenida en la Carta Nº 009-IPSS-CDJU-CPA-96 que se sustenta en la resolución cuestionada;

4) Que la resolución de destitución se ha ejecutado en concordancia con los artículos 40° y 104° del Decreto Supremo N° 02-94-JUS y el demandante ha debido hacer uso de las vías previas para impugnar la resolución que lo destituye y que puede ser recurrida ante la instancia superior que es la Gerencia Central de Desarrollo de Personal;

5) Que la subjetividad con la que el demandante enmarca la resolución de destitución constituye una interpretación antojadiza y disforzada de los hechos.

De fojas noventa a noventa y dos, y con fecha diez de junio de mil novecientos noventa y seis, el Segundo Juzgado Civil de Huancayo expide resolución declarando improcedente la demanda, fundamentalmente, por considerar:

1) Que, la pretensión de dejar sin efecto la resolución administrativa que sanciona con destitución al demandante no corresponde tramitarse en amparo sino por la vía del proceso ordinario establecido en el Sub-Capitulo Sexto, Capítulo Segundo, Título Segundo, Sección Quinta, Libro Primero del Código Procesal Civil vigente;

2) Que además la demanda ha sido planteada sin agotarse las vías previas previstas en el artículo 27° de la Ley Nº 23506.

De fojas ciento veintinueve y con fecha cinco de agosto de mil novecientos noventa y seis, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Junín, confirma la resolución apelada, considerando que el juez ha hecho una apreciación correcta de las pruebas y el derecho aplicable. Contra esta resolución, el demandante interpone Recurso Extraordinario, disponiéndose el envío de los autos al Tribunal Constitucional.

FUNDAMENTOS:

Que, conforme se aprecia en el petitorio contenido en la demanda interpuesta, éste tiene por objeto el que se declare nula la Resolución de Gerencia Departamental N° 083-GDJU-IPSS-96 de fecha dos de mayo de mil novecientos noventa y seis, por la que se destituye de su cargo al demandante, así como que, se proceda reponerlo en su puesto de trabajo con reconocimiento de sus haberes, tras haberse vulnerado sus derechos constitucionales a la libertad de trabajo y el debido proceso.

Que, por consiguiente, y a efectos de acreditar las condiciones de procedibilidad de la presente acción o, en su caso, la legitimidad o no del petitorio formulado, debe empezarse por señalar que, en el presente caso, no cabe invocar la regla del agotamiento de la vía previa, prevista en el artículo 27° de la Ley N° 23506, pues conforme aparece de las instrumentales de fojas once y doce, y se corrobora en los fundamentos segundo y quinto del escrito de contestación de la demanda, la resolución objeto de cuestionamiento fue ejecutada antes de que venciera el término para que quede consentida, por lo que, en tales circunstancias, resulta de aplicación el inciso 1) del artículo 28° de la norma procesal antes citada.

Que, en lo que respecta al asunto de fondo materia de la presente controversia constitucional, este Colegiado considera que las alegaciones del demandante referidas a presuntos actos de venganza y represalia contra su persona por parte de los funcionarios del Instituto Peruano de Seguridad Social carecen de todo sustento fáctico, pues no vienen provistas de ningún elemento probatorio que justifique su veracidad o, cuando menos explique vía indicios la certeza de lo que se afirma, lo que supone que aún dentro de una opción estimativa no puede generarse responsabilidad constitucional alguna en dicho extremo por parte del emplazado.