Para Suárez (1998:195) se establece así el proceso para garantizarle a los sujetos procesales, a la víctima y la sociedad misma una cumplida y recta justicia, pues el proceso no es sólo garantía para el imputado, sino también para todos los que estén interesados en sus resultas. El proceso ha de corresponder a un deber-ser que viene señalado desde la Constitución Política, pues de cumplirse con acatamiento de unas formas que respeten los derechos fundamentales y demás garantías.

Por otro lado Edwards (1996:88) sostiene que el debido proceso es un fundamento esencial del derecho procesal penal moderno, pero es igualmente, una exigencia del ordenamiento de los derechos humanos. Esto ocurre porque los principios que informan el debido proceso son garantías, no sólo para el funcionamiento judicial, en sí mismo, sino también porque involucran el cumplimiento de otros derechos fundamentales.

Finalmente Hoyos (1995:54) expone un concepto muy completo del debido proceso, en los siguientes términos: es una institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones injustificadas, oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente predeterminado por ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por la ley contra resoluciones judiciales y conformes a derecho, de tal manera  que las personas puedan defender efectivamente sus derechos.