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Capýtulo 13:

 La delincuencia de cuello blanco (2/2)

Aún cuando las distinciones entre lo público y lo privado sean netas, las conductas de las partes privadas pueden ser un asunto de corrupción o no. Las discusiones sobre las reglas que rigen las contribuciones políticas y los grupos de presión, en muchos países demuestran lo generalizado de esta cuestión.

Otro de los temas es si la corrupción puede y debe ser vista como una cuestión de grados. Muchas definiciones basadas en la clasificación de las conductas (al menos aquellas que no hacen referencia a la opinión pública) no nos ayudan a resolver esta cuestión, ni se prestan fácilmente a juicios de grados, si decidiésemos que éstos son apropiados. Aún más compleja, tal vez, es la cuestión de qué constituye un “beneficio personal”. Muy pocos restringirían la idea a una cuestión de dinero al contado y a prebendas de las que se benefician sólo los funcionarios públicos.

Pero una vez que ampliamos esta parte de la definición, ¿dónde acaba? Aún cuando las normas sean relativamente estables, existirán áreas grises en cualquier tipo de definición de la corrupción basada en la clasificación de las conductas.

Para los casos de corrupción política, por oposición a la burocrática, debemos formular otras preguntas. ¿De dónde provienen las ideas básicas de que hay unos límites al poder de las autoridades y que existen unas fronteras entre lo público y lo privado? ¿Cómo se delimita en la práctica estas fronteras, y cómo cambian? Se trata de preguntas fundamentales.

Aún cuando lo “público”, lo “privado” y los “abusos” tengan significados consensuales, estos acuerdos son en buena medida un asunto político. Ahí donde estos acuerdos no existan, las nociones aceptadas y legítimas de corrupción requerirán un proceso político abierto y capaz de tolerar las discusiones sobre estos términos y distinciones. Los acuerdos de trabajo aceptados por una multiplicidad de partes no son de ninguna manera un resultado claro de estos problemas, ni tampoco son permanentes una vez alcanzados. Sin embargo, el significado de corrupción y la búsqueda de definiciones, tiene un carácter tanto político como conceptual, y si bien la corrupción puede constituir una amenaza para la vitalidad de la política, un proceso político vital también es importante en la creación de las nociones aceptadas sobre la corrupción.

Lo señalado con anterioridad implica que las definiciones de corrupción aplicables a las sociedades en la realidad (particularmente las menos estables) tal vez tengan que incorporar valores legales y sociales, sistemas de mitos y códigos operativos. Además, una reconciliación perdurable entre estos conjuntos de valores bien podría depender de la misma vitalidad de la política que preocupaba a los pensadores clásicos.

Si las definiciones que clasifican la conducta son demasiado rígidas para aplicarlas en cualquier momento y lugar, y si su adaptación a las sociedades probablemente producirá categorías de contenidos vagos y de límites inciertos, ¿qué debería hacer una definición de corrupción? Tal vez las definiciones deberían establecer un tipo de problema con la política, un problema que resida no en acciones específicas sino más bien en los procesos más amplios a través de los cuales se alcanza el consenso, y por los que se aplicará la influencia y la autoridad.

Este enfoque podría ser tachado de “neoclásico” porque pretende reunir las nociones modernas de la política corrupta con los problemas clásicos de la salud moral del conjunto de la sociedad.

Al introducir definiciones de clasificaciones basadas en la conducta, he postulado que éstas comparten la noción general de abuso de la función o de los recursos públicos para beneficios personales. Un enfoque “neoclásico” diría que, según las normas legales o sociales que constituyen el sistema de orden público de una sociedad, la corrupción es el abuso de una función o un recurso público para beneficio personal. Cuando la brecha entre el pueblo y las elites o el Estado y la sociedad es grande, o cuando el consenso sobre las normas sociales es débil, este tipo de definición dirige nuestra atención a las fuerzas que discuten acerca del significado de conceptos como “abuso”, “función pública” y “beneficio personal”. En todos los contextos, abarca las conductas erróneas y los procesos políticos que contribuyen a definirla como tal y a moldear su significado.

Nos invita a considerar no sólo cómo la ley afecta a la conducta sino también cómo podría adecuarse a las costumbres establecidas. Vincula el estudio de la corrupción a la consideración del escándalo poniendo énfasis en los valores sociales. Y, como lo he señalado anteriormente, reintroduce algunos aspectos de la perspectiva clásica (la idea de que la política podría ser un proceso social, moralmente cargado, que aborda cuestiones morales y de la perspectiva maquiavélica de que los vigorosos debates pueden ser un signo de vitalidad política en su sentido más amplio).

La corrupción, es cualquier actividad motivada por intereses que violan las reglas vinculantes de distribución, cuya aplicación se encuentra entre las competencias de una persona. Las reglas de distribución, se refieren no sólo a la letra de la ley sino también a normas reconocidas como vinculantes por la sociedad y/o a las normas y a los códigos “oficiales” del sistema.

También son “corruptas” aquellas actividades que la sociedad juzga como ilegítimas o que son vistas por las elites del poder como contrarias a la lógica del sistema. La contribución de las autoridades públicas a la corrupción se filtra a través de varias prácticas que de otra manera serían consideradas legítimas, y que incluso pueden constituir obligaciones del cargo. Como resultado, tanto las autoridades como los ciudadanos serán menos susceptibles de reconocer que la autoridad ha obrado mal, o que se ha provocado algún daño.

La corrupción mediatizada incluye los tres principales elementos del concepto general de corrupción: una autoridad obtiene ganancias, un ciudadano privado obtiene un beneficio, y la conexión entre la ganancia y el beneficio es impropia. Sin embargo, la corrupción mediatizada es diferente de la corrupción convencional en relación, a cada uno de estos tres elementos:

• La ganancia que obtiene el político es política y no personal y no es ilegítima en sí misma, como en la corrupción convencional;

• Lo que es impropio es cómo la autoridad proporciona el beneficio, no necesariamente el beneficio en sí, o el hecho de que el ciudadano privado obtenga el beneficio;

• La relación entre la ganancia y el beneficio es impropia porque perjudica al proceso democrático, no porque la autoridad otorgue un beneficio por un motivo corrupto.

En cada uno de estos elementos, el concepto de corrupción mediatizada vincula la conducta de las autoridades individuales a las cualidades del proceso democrático. De esta manera, el concepto proporciona una síntesis parcial de la corrupción convencional (concepto familiar en las ciencias políticas contemporáneas) y la corrupción sistemática (que encontramos en la teoría política tradicional).

La corrupción mediatizada ocurre cuando se lleva a cabo provocando un cortocircuito de un proceso democrático abierto y transparente. Cuando menos, en los casos donde hay un amplio consenso sobre las fronteras y distinciones entre funciones públicas y privadas, el concepto de corrupción mediatizada amplía el concepto moderno de corrupción, recuperando no sólo la perspectiva clásica de la política, sino también la importancia política del problema en la actualidad.

También existe la corrupción en forma de cohecho, cuando tiene lugar un acto injusto relativo, por acción o abstención, al ejercicio de su cargo. En el delito de cohecho se incluyen a los jurados, árbitros, peritos o cualquier otra persona que interviene o desempeña algún puesto en el ámbito de la función pública.

También se castiga, como autor de este delito, a quien corrompe o intenta comprar con dádivas, presentes u ofrecimientos a las autoridades o funcionarios públicos, así como al particular que atiende las solicitudes de las autoridades o funcionarios públicos, aunque en este último supuesto, procede aplicar una pena menor.

Esta modalidad ha sido denominada por la tradición cohecho activo, frente a la variante, donde el funcionario es el que toma la iniciativa, calificada como cohecho pasivo. Sobre esta materia la doctrina mayoritaria ha estimado que incluso los bienes jurídicos protegidos en ambas modalidades son diferentes, pues mientras en el cohecho pasivo se trata de castigar el quebrantamiento del deber y la confianza depositada en el funcionario, en el activo se estaría faltando al respeto debido a la normal y apropiada actividad de los órganos del Estado.

En último extremo, no hace falta la participación conjunta del funcionario y el particular para que se realice el cohecho pues, como ya se indicó, en ambos supuestos basta conque tenga lugar la promesa para que proceda aplicar esta figura. En cuanto a la dádiva o regalo hay que tener en cuenta que debe ser relevante en lo tocante a motivar al funcionario en su conducta, resultando indiferente si la percepción de la misma se hace antes o después de cometido el hecho.

En el intento de luchar contra la corrupción y proteger la integridad y honestidad profesional del funcionario, se castiga también a la autoridad o funcionario público que admite dádiva o regalo que le hayan sido ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto justo que no deba ser retribuido. En este aspecto plantean especial problema los regalos o presentes adecuados a los usos y costumbres sociales que se encuentran admitidos en el plano social, como los obsequios propios de cumpleaños o las invitaciones a almuerzos o banquetes, por ejemplo, a pesar de que se hagan por respeto a la condición del funcionario.

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